Entre la militarización y la chivatería: Cuba dos semanas después del 11J

El régimen mantiene la militarización de una veintena de territorios habaneros y en varias provincias dos semanas después de las protestas ciudadanas que sacudieron Cuba. Aunque las autoridades niegan la represión policial, esta continúa marcando el día a día en el país y arrecia cuando faltan horas para el 26 de Julio, una fecha simbólica para el castrismo.

Elementos de Tropas Especiales, conocidas como Boinas Negras, patrullan constantemente zonas como El Canal, Cayo Hueso, La Güinera, Luyanó y Lawton, que se encuentran entre las comunidades habaneras donde se produjeron eventos violentos de las Fuerzas Armadas, orden interior y turbas paramilitares contra las manifestaciones ciudadanas de hace 15 días.

Aunque el despliegue de uniformados de las Fuerzas Armadas (FAR) en vehículos artillados es menos visible en comparación con los días que siguieron al 11J, se mantiene el control y la represión en las calles a cargo de elementos de la Seguridad del Estado (SE) y los departamentos de investigación (DTI) de la Policía Nacional (PNR), quienes vestidos de civil continúan la cacería contra aquellos ciudadanos que participaron de las protestas o que subieron imágenes a sus redes sociales.

Operativos similares también ocurren en localidades de otras provincias, como Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo y Camagüey, con la situación agravada que implica cortes intermitentes del servicio de datos móviles y, por ende, el acceso a internet.

"Todos los parques de la ciudad permanecen acordonados con cintas y el repliegue policial es notable, integrado por caravanas de Policía motorizada, patrullas de la PNR, camiones de las FAR, ómnibus con las brigadas de respuesta rápida" aseguró desde Santiago de Cuba el periodista de DIARIO DE CUBA Jorge Amado Robert Vera, quien fue citado por la policía política, pues las protestas en esta provincia se originaron en su barriada.

En Matanzas, provincia que desde antes de las protestas atraviesa una situación caótica a consecuencia de un rebrote de Covid-19 que ha colapsado el depauperado sistema de Salud Pública, también permanece bajo el control de los elementos de la Seguridad del Estado y los departamentos del orden interior.

Las delaciones, los puestos de control y el patrullaje de tropas especiales son "cotidianos" en casi todas las barriadas de Cárdenas y la cabecera provincial, dijo Javier Nápoles, un joven de apenas 23 años de edad que participó en las protestas el domingo 11 de julio.  

"El problema de la militarización es que no solo puede verse a través de las tropas uniformadas, sino también en los operativos conjuntos de la Seguridad y la red de chivatería de la cual se ha nutrido siempre el Gobierno. Sin esa red de chivatos, hubieran sido menos los arrestos y desapariciones que ocurrieron después del 11J", opinó este joven.

Desde San Antonio de los Baños, localidad de Artemisa en la que se iniciaron las manifestaciones, un vecino que pidió mantenerse en el anonimato dijo que "los parques están llenos de policías todos los días".

"No confiamos en nadie. Todos los días vemos caras nuevas, raras, que se fijan en todo lo que haces", añadió. Señaló que los residentes creen que se trata de agentes de la policía política vestidos de civil. "Es una injusticia lo que están haciendo y lo que sale en la televisión es todo mentira".

Esta semana, el régimen creó un nuevo "Destacamento de Vigilancia Popular Revolucionaria (DVPR)". Habaneros consultados lo consideraron un dispositivo para fortalecer las turbas parapoliciales en caso de nuevas manifestaciones y presionar para que aumente la delación.

Anunciado por el exespía Gerardo Hernández Nordelo —actual coordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)— en la barriada La Güinera, donde se registró la muerte de un manifestante a manos de un policía durante las protestas, el DVPR forma parte del aparato de represión y terror autorizado por el propio Miguel Díaz-Canel, quien el 11J convocó a que los "revolucionarios" y los "comunistas" salieran a las calles a enfrentar las manifestaciones pacíficas.

En Quivicán, municipio de la provincia Mayabeque, la militarización y la vigilancia es conjunta entre las FAR y las turbas parapoliciales escoltadas y protegidas por la PNR.

"Los videos de las protestas aquí, en Quivicán, demuestran que nadie lanzó una sola piedra ni vandalizó ninguna propiedad, privada o estatal. Sin embargo, estamos viviendo una represión y vigilancia para criminalizar a los manifestantes", contó Miguel Hernández, quién aseguró que al menos nueve de los manifestantes se encuentran desde los días 12 y 13 de julio bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por cargos de desorden público e instigación para delinquir.

"La represión y la vigilancia no terminan, están ocurriendo ahora mismo. Están convocando reuniones en los centros de trabajo, exigiendo la expulsión o la sanción de quienes participaron en la protesta y de quienes subieron videos y fotos a las redes sociales", añadió.

En un recorrido por La Habana fue posible comprobar que llamados "puntos estratégicos o de interés", que normalmente suelen ser custodiados por los elementos de la PNR, están bajo vigilancia de los Boinas Negras, de conjunto con operativos de la Seguridad del Estado, que restringen el acceso a periodistas independientes, opositores y activistas de derechos humanos.