'Quieren condenar a José Daniel Ferrer García a como dé lugar'

Desde el pasado 1 de octubre la detención y encarcelamiento del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, ha suscitado la condena de varios organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos. La prestigiosa organización Amnistía Internacional solicitó al régimen cubano acceso al juicio (aún por celebrar) para verificar en el terreno si el opositor contará con la garantía de un juicio justo y equitativo.

Desde la entrada en prisión del líder de la UNPACU, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo se ha encargado de asesorar a los familiares del opositor. Ahora, el jurista comparte con DIARIO DE CUBA sus opiniones sobre la actuación de las autoridades judiciales contra José Daniel Ferrer.  

"Desde el inicio del proceso contra el líder opositor cubano se pueden apreciar varias ilegalidades e irregularidades. Primeramente, el Departamento Provincial de Operaciones e Investigaciones Criminales de Santiago de Cuba, un organismo que se ocupa de delitos de mayor envergadura, interviene en la detención de Ferrer, lo cual no concuerda con la figura penal por la cual supuestamente el individuo Sergio García González acusa al líder de la UNPACU, el delito de 'lesiones'", explica el jurista.

"Posteriormente, para justificar la prisión provisional de Ferrer tras la solicitud de su esposa Nelva Ismaray Ortega ante el Tribunal de Santiago de Cuba de un Habeas corpus, la Fiscalía dicta un auto de prisión provisional con fecha 7 de octubre, que impide la tramitación del Habeas corpus según la ley. De esa manera, las autoridades legalizan el encarcelamiento e impiden que Ferrer sea llevado rápidamente a juicio", prosigue en su exposición.

El abogado Julio Ferrer también recuerda que "la esposa del líder de la UNPACU interpuso contra ese auto de prisión provisional un recurso de apelación que, tras ser 'analizado' el cual debe elevarse hasta el Tribunal Supremo fue devuelto al Tribunal de Santiago de Cuba y a la Fiscalía, para que le imputaran a Ferrer un delito de mayor gravedad como el de haber privado de libertad contra Sergio García González".

En su opinión, con estos procedimientos el régimen viola el debido proceso, la equidad entre las partes y "un principio jurídico romano muy antiguo llamado no reformatio in pegus, que establece que los recursos invocados por los acusados no pueden serle perjudiciales".

En su recuento, Ferrer Tamayo también recuerda que en diciembre de 2019 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de apelación contra el auto de prisión provisional aplicado a Ferrer, porque además del delito de "lesiones" el opositor había sido acusado por privar de libertad a otra persona.

A esto, se suma que "en las conclusiones acusatorias el fiscal reconoce que las lesiones hechas contra la víctima [Sergio García González] no son tan graves como inicialmente habían dicho. Ni siquiera llevaron gastos de curación. Precisamente por esa razón las autoridades fuerzan el supuesto delito de 'privación de libertad' para solicitar al Tribunal una sanción mayor".

En ese punto "la fiscal hace una narración sacada de una película de Indiana Jones. Supuestamente García González se encontraba amarrado en casa de Ferrer pero luego de zafarse, en menos de 15 minutos, se va por su voluntad sin barrera física alguna. Si es así, ¿dónde está la privación de libertad que Ferrer  supuestamente le impuso a Sergio García?", cuestiona el abogado.

El jurista refuta además los argumentos fiscales de "reincidencia y multi-reincidencia para aumentar la condena al líder de la UNPACU, la cual es de nueve años".

Sin embargo, "el Código Penal establece claramente que para los delitos con un marco sancionador de tres meses a un año ―como es el caso del cargo por lesiones imputado a Ferrer― la reincidencia alegada no es aplicable, por lo tanto no es legal utilizar ese supuesto para aumentar la condena". 

"En su argumentación ―explica Ferrer Tamayo―, la autoridad judicial acude a sanciones cometidas hace más de diez años, como una supuesta condena ocurrida en 1993 y una más reciente que le impusieron en 2003, cuando fue juzgado en el proceso conocido como Primavera Negra".

"Si en la sentencia de 2003 consta claramente que Ferrer García no posee antecedentes penales, ¿cómo es posible que 17 años después las autoridades digan que esta persona sí los posee, por hechos ocurridos hace más de 20 años? Ahí se corrobora la clara disposición de las autoridades de condenar a como dé lugar a José Daniel Ferrer García", concluye el abogado.