Un mecanismo para acceder a la información implementado por el Ministerio de Turismo (MINTUR) de Sancti Spíritus motivó un artículo publicado en el medio estatal Escambray, sobre los obstáculos que enfrentan en Cuba las personas cuya misión es informar a la ciudadanía... desde la prensa oficial.
La autora, Dayamis Sotolongo, pone varios ejemplos de situaciones en las que el medio para el que trabaja se vio en la disyuntiva de esperar por la autorización de determinados ministerios u organismos, o publicar las informaciones de manera oportuna, y optó por lo segundo.
La periodista se queja de la tensión que existe entre "quienes dominan la información y se creen los dueños de decidir el cuándo, el cómo y el dónde lo digo" y "los que exigen el reconocido derecho ciudadano de informar y hacer saber a los demás"
Asimismo, recuerda que "si una ley primera tiene el periodismo es la inmediatez" y señala que "prorrogar el acceso a cualquier información viene a ser lo mismo que negarla".
"Ejemplos, por desgracia, sobran. Cansados están los periodistas de padecer tales arbitrariedades y de denunciarlas", afirma Sotolongo.
El más reciente es el mencionado mecanismo, que la periodista tacha de "maquiavélico" y que fue dado a conocer por la dirección provincial de Turismo en conferencia de prensa.
"Tan inconcebible como que para hacer lo mismo una nota informativa del hotel Meliá Trinidad Península que una reseña del Campismo Popular Planta Cantú los periodistas deben hacer una solicitud formal donde expliciten, además de sus datos personales, las fechas en las que se pretenden hacer los trabajos, las instalaciones a visitar, los objetivos, si se tomarán imágenes o se grabarán videos, los medios en los que se publicarán los productos comunicativos para que, luego de ser analizado por la Dirección de Comunicación del Ministerio del Turismo —en un lapso que puede tardar días—, comuniquen a las direcciones provinciales si proceden o no los trabajos", detalla sobre la orientación comunicada a los periodistas.
"Similar experiencia se había padecido con las cadenas CIMEX y Tiendas Caribe y con la Empresa del Gas —a los que hay que llenarles formularios y plantearles intereses hasta para saber la distribución de los puntos de venta— para que, después de sortear tantas trabas, en el mejor de los casos, los trabajos periodísticos se publiquen cuando ya todos se han enterado por otros medios", añade.
El artículo de la Dayamis Sotolongo ha generado críticas positivas, como reflejan los comentarios dejados en la publicación. Los usuarios felicitan tanto a la periodista como a Escambray, por predicar "una prensa con seriedad y sin miedo", dice un lector.
Pese a las acertadas críticas que hace la periodista, es de destacar que no menciona las restricciones al acceso a la información que imponen el Partido Comunista y el Gobierno, que también deciden los enfoques de las noticias.
Usa para defender el derecho a informar de manera oportuna la Ley de Comunicación Social aprobada en mayo pasado, que mantiene en la ilegalidad a los medios independientes cubanos.
Sotolongo alude al Artículo 21, inciso f, que señala, como obligaciones de los máximos directivos de los órganos, organismos y entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales: "responder con oportunidad, transparencia y veracidad ante la solicitud de información que realicen los periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas en el ejercicio de su función social".
Obvia, sin embargo, que la norma consolida la subordinación de los medios estatales a la ideología socialista y el control del régimen sobre los periodistas de la prensa estatal, como analizó DIARIO DE CUBA en abril pasado.
El Artículo 5.1 dispone que "el Sistema de Comunicación Social actúa conforme al Estado socialista de derecho y de justicia social, democrático, independiente y soberano, expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin".
El colectivo +Voces, desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, señaló que con este instrumento jurídico el régimen cubano pretende usar la comunicación "como mecanismo para promover la política oficial".
Esta ley impide que en los medios masivos haya espacio para otras voces que no sea aquellas que expresen el "pensamiento revolucionario del pueblo" y "su acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista, con apego a los postulados refrendados en la Constitución", apuntó el colectivo, citando al Artículo 55.1 del proyecto de ley.
El Artículo 55 de la Constitución cubana "reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad", dice, pero seguidamente acota que "los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".
"El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social", concluye el artículo.
La Ley de Comunicación Social ponderada por Sotolongo establece, en su Artículo 29.1, que los medios no considerados fundamentales pueden ser propiedad de "actores económicos y sociales legalmente reconocidos, los cuales responden por la gestión, producción y distribución de sus contenidos", aunque el punto 4 aclara que "se excluye la creación de estos medios cuando se propone su gestión como la actividad constitutiva del objeto social o proyecto de trabajo de un actor económico no estatal".
La libertad de prensa que defiende Dayamis Sotolongo es para los periodistas que se subordinan a los intereses del régimen cubano y no para aquellos que, por ejercer ese derecho, cumplen prisión, han sido desterrados o han abandonado su trabajo por las amenazas de la Seguridad del Estado.
En 2019, esta periodista fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez por la obra del año. En el propio año, su trabajo "Por Dios, ¿cuándo va a entrar el nitrazepán?" fue seleccionado entre los diez finalistas del premio CUBACRON, auspiciado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). El texto aparecía junto a varios trabajos de periodistas independientes y otros dos publicados en la prensa oficial.
La periodista se mostró disgustada por haber sido incluida como finalista de un premio para el que no se había postulado.
"Yo no vendo mi alma al diablo; que se vayan para…", fue la reacción de Sotolongo, publicada por Escambray, que acusó a IPYS de arremeter "contra todo lo que huela a dignidad: léanse Revolución cubana, bolivariana…".
Hay dos titulos en cuba que tenerlos es por gusto; periodista y abogado. Ni hay periodistas verdaderos en cuba ni tampoco hay abogados. Los dos tienen que regirse por lo que dice el PCC.
Entre autorizos, permisos y licencias, no me extraña que los periodistas oficiales informen al pueblo de Cuba la huida de Diaz Canel S y la Machi una semana después que ocurra el hecho, cuando finalmente ocurra y los mulatos en la plantación se queden con las ganas de arrastrarlos.
El lenguaje así llamado inclusivo, es una pendejada de Nicolás Maduro que es lerdo y nunca a tenido ni la menor idea de lo rica y amplia que es la gramática española.
Ahí tiene esa titulada periodista los resultados de ser trabajadores ideológicos del Castrofascismo.
El que paga encarga la música, se dice en Rusia, en Cuba no se dice del mismo modo, pero se nota.
No importa, ella se auto - calla dentro de poco; deja que se siga poniendo duro el Mambo.
Realmente no sabía que en el feudo castroesclavista habían periodistas y periodistos jjj. Sabrán estos pobres carneros-esclavos infelices qué cosa es hacer periodismo? jajajajaaj
No dudo que entre esos semialfabetos que abundan en la intelectualidad cubana alguno que otro diga periodisto para referirse a un hombre periodista. La Real Academia Española ha aceptado algunos barbarismos debido a su uso reiterado. El sufijo -ista es del género común. El hombre que hace vestidos es un modista, no un modisto, pero debido al reiterado uso de modisto, la RAE sucumbió a la fuerza del uso y aceptó este barbarismo de tomo y lomo. Decir el modisto es tan incorrecto como decir el especialisto, el dentisto, el periodisto... Me parece que la RAE se está vulgarizando y dejando de ser una institución respetable que pone pautas sobre el buen uso del idioma español. Ahora bien, un barbarismo dicho por un intelectual cubano de ahora no sorprende, porque en Cuba hoy no hay intelectuales sino intelectualoides.
Así mismo amigo, el falso "lenguaje inclusivo" es parte de la ofensiva del Foro de Sao Paulo dirigida a destruir la democracia mundial...