El tribunal de Londres rechaza la apelación del régimen de Cuba en el caso contra el fondo CRF

La jueza Sara Cockerill de la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres rechazó la apelación presentada por el régimen de Cuba al veredicto del caso en contra de La Habana y del Banco Nacional de Cuba (BNC) por una deuda de 72 millones de euros que le reclama el fondo de inversión CRF I.

En abril pasado, el BNC anunció que apelaría el fallo que a inicios de año desestimó a CRF I como acreedor del Estado cubano, pero decidió que la entidad financiera de La Habana tiene que hacerse cargo de la deuda que contrajo el Gobierno en tiempos de Fidel Castro.

El miércoles, CRF I hizo llegar a DIARIO DE CUBA una declaración en la que considera la decisión de la jueza como un "importante avance en su batalla legal en curso", puesto que "afirma la decisión original de la corte a favor de CRF I" y "limita las opciones defensivas del Gobierno de Cuba y mejora significativamente la posición de CRF en el caso".

Asimismo, indica la declaración, "en un movimiento sin precedentes, el Banco Industrial y Comercial de China, a través del ICBC Standard Bank, ha iniciado un proceso judicial contra Cuba por aproximadamente 1.100 millones de euros".

"Esta acción sigue a la presión significativa de CRF para que ICBC proteja sus intereses como custodio de los activos cubanos de CRF. La decisión del ICBC de litigar contra Cuba es un importante paso adelante para CRF y agrega otra dimensión a los crecientes desafíos legales" del régimen de la Isla, apunta.

El fondo que llevó ante los tribunales al Gobierno cubano comenta que ya La Habana "reembolsó a CRF por los costos legales ordenados por el tribunal luego de la victoria inicial de CRF en el Tribunal Superior del Reino Unido".

"Esta compensación reconoce la validez de los reclamos de CRF y es una indicación positiva para CRF y sus inversores", agrega.

Además, el fondo "mantiene su compromiso de proteger sus intereses y los de sus inversores" y "continúa abogando por una resolución justa del problema de la deuda con el Gobierno cubano. Pero un resultado negociado requiere buena voluntad de ambas partes, y hasta ahora la parte cubana se ha negado a negociar", finaliza.

CRF I es considerado el titular privado del mayor volumen de deuda soberana cubana en default e insiste en que su objetivo es recuperar estas deudas en su totalidad.

Después del veredicto del juicio oral de febrero de 2023, que el Gobierno cubano aseguró era una victoria en contra del "fondo buitre", como califica a CRF I, La Habana anunció a través de su ministro de Justicia, Oscar Silvera, que "existen documentos que prueban las intenciones de dañar al país y de afectar los flujos financieros de la economía cubana".

Pese a ello, el veredicto de la jueza Sara Cockerill dice textualmente: "CRF tiene derecho a invocar las disposiciones contractuales (...) en cuanto a la jurisdicción de los tribunales ingleses", reconociéndolo como un deudor legítimo a pesar de la campaña de La Habana para desacreditar sus reclamos.

Las conclusiones de la jueza sobre el juicio no dejaron dudas en torno a que el BNC y, por tanto, el Gobierno cubano, esgrimieron argumentos falsos para defender su posición en el proceso.

Sin embargo, el ministro dijo que La Habana cumplió estrictamente sus obligaciones procesales en la demanda. Ello, luego de que la defensa del régimen esgrimió y defendió que la cesión de la deuda cubana a CRF I fue conseguida a través del soborno de funcionarios bancarios, argumento que fue demolido por los abogados de la parte demandante.

El veredicto de 94 páginas demuestra en cambio que ninguno de los argumentos del régimen cubano en Londres bastaron para probar tales alegaciones. 

"Pretendían una condena contra Cuba y no lo consiguieron", aseguró Silvera, quien agregó que un resultado desfavorable hubiese derivado en posibles retenciones de bienes estatales e incluso en nuevos impedimentos de acceso a los flujos financieros internacionales.

"Son razones por las cuales sostenemos que se trata de una victoria", sostuvo, reiterando la posición oficial del régimen cubano tras el veredicto.

Según el ministro, antes de la audiencia oral del caso, la representación legal cubana presentó más de 2.000 documentos y, subrayó, "no ha pasado un día desde que se estableció la demanda en 2019 en que no se haya hecho algo por ese proceso".

Precisó que las características del sistema judicial inglés exigieron la contratación de una representación legal de ese país, y otra como intermediaria, asumida por el bufete español Uría Menéndez. No dijo que el costo de la defensa de La Habana sobrepasó los 3.000.000 de dólares.

Ante la continuación del litigio, que deberá enfrentar el BNC, Silvera aseguró que el régimen de la Isla "continuará defendiendo la verdad: CRF no es acreedor legítimo de ninguna de sus instituciones".

En abril, tras el anuncio de la apelación, CRF I llamó al Ministerio de Justicia de la Isla a negociar un acuerdo serio. "En lugar de presentar apelaciones sin sentido en la Corte, CRF invita cordialmente al ministro Olivera y al Gobierno cubano a negociar un acuerdo justo en beneficio del pueblo cubano", indicó la entidad a DIARIO DE CUBA.

"Raúl Castro dijo querer convertir a Cuba en una economía de 'tipo vietnamita'. CRF está dispuesto a hacer su parte para ayudar a Cuba a hacer precisamente eso, ya que sería un escenario en el que todos saldrían ganando", concluyó la declaración.

CRF I, integrado por inversores privados y creado a raíz de que Raúl Castro comenzó a renegociar la deuda externa cubana que Fidel Castro había considerado impagable e incobrable en 1986, tiene una cartera de bonos que en 2017 ascendía a 1.200 millones de euros (1.300 millones de dólares al cambio actual), de los que ha empezado a reclamar una parte por la vía judicial.