Apenas restan los alegatos finales de la parte acusatoria y la defensa para que quede concluso para sentencia el juicio iniciado la pasada semana contra el régimen de Cuba por una deuda de casi 40 años que le reclama el fondo de inversión CRF I.
Después que tanto una parte como la otra presentaran sus testigos y pruebas ante la jueza Sara Cockerill, de la sala Comercial del Tribunal Superior, el jueves la parte pública del proceso terminará. Pero, ¿qué debemos saber de un juicio que ha supuesto mucha mala prensa para las autoridades cubanas?
La demanda
La demanda contra el Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba lleva por número CL-2020-000092 y fue presentada el 18 de febrero de 2020 por CRF I, un fondo de inversión inscrito en Islas Caimán, que exige el pago de una porción de 72 millones de euros de deuda vencida, de los 1.200 millones de deuda cubana que tiene en su poder.
La deuda deriva de contratos de préstamo suscritos por el Gobierno de Fidel Castro con dos bancos europeos en 1984.
De acuerdo con el Consejo Económico Cuba-EEUU, este juicio "es para determinar jurisdicción. Si el demandante gana, habrá argumentos ante el tribunal en cuanto a los méritos. Si el demandante pierde, lo que significa que la cesión de la deuda a CRF I Limited no fue válida, la deuda en sí no se extingue. El demandante y los demandados probablemente apelarán si el veredicto no ayuda a sus respectivas posiciones".
Si no llegan a un acuerdo, La Habana podría enfrentar otro pleito sobre si finalmente tiene que pagar. Si CRF I tiene éxito, podría llevar a muchos otros acreedores a presentar demandas, con reclamos que ascienden a miles de millones de dólares.
Las alegaciones de las partes
El BNC y el Gobierno cubano rechazan reconocer a CRF como acreedor, al considerarlo un "fondo buitre", cuyo objetivo es litigar para forzar el pago de la deuda. Por ello claman que es inválida la autorización presuntamente concedida el 25 de noviembre de 2019 por el entonces director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado en la Isla tras ser condenado a 13 años, para poner a nombre de CRF unos bonos que hasta entonces custodiaba el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC.
El presidente de CRF I, David Charters, aseguró antes del juicio que el fondo que presiden no tiene "los recursos ni el tamaño" para ser calificados de "fondo buitre" y mantuvo que no es comparable con el más potente Elliott Management, que en 2016 persiguió a Argentina por una deuda millonaria.
Asimismo, dijo que la opción judicial "no es atractiva, pues es lenta y cuesta tiempo y dinero", y solo se utiliza "cuando no hay alternativa". De ahí que CRF hizo la demanda después de tratar infructuosamente desde 2013 de negociar con La Habana una reestructuración de la deuda.
Eventualmente decidió ir a juicio porque "los inversores estaban perdiendo la paciencia".
El costo del juicio
CRF I Limited es representado por el bufete Rosenblatt, con sede en Londres, y sus letrados en el proceso son los abogados Jawdat Khurshid KC y Andrew Pearson.
Por los demandados, el representante es el bufete PCB Byrne LLP, también con sede en Londres, y los abogados Alison Macdonald KC, Anton Dudnikov y Mark Belshaw.
Además, el régimen cubano contrató a Essex Court Chambers y a Uria Menéndez, despacho de abogados de Madrid, donde se ocupa de la mayoría de los pleitos relacionados con Cuba la abogada Lourdes Dávalos, hija de Rodolfo Dávalos, uno de los cerebros del opaco tejido empresarial del Gobierno de la Isla en decenas de países.
CRF I informó a la corte antes de la vista oral gastos judiciales de 2.153.000 libras esterlinas, equivalente a 2.603.827 dólares, mientras que la parte cubana reportó 1.991.000 libras (aproximadamente 2.407.905 dólares), más un estimado de entre 653.073 y 816.341 dólares que supondrán los gastos del juicio. O sea, un total que oscila entre 3.060.978 y 3.224.246 dólares.
Sumadas esas cifras de gastos en los procedimientos legales en el Reino Unido, donde el perdedor del pleito debe asumir el costo total del proceso, la parte afectada tendría que pagar unos 5,8 millones de dólares.
Los testigos del caso
Los testigos de La Habana incluyeron a varios exfuncionarios del Banco Nacional de Cuba que el régimen acusó y sentenció en un proceso secreto en 2021, y a los que culpó por presuntamente recibir sobornos para entregar los documentos que permitieron a CRF I hacerse con los bonos de deuda que ahora reclama.
Esa imputación fue rechazada por CRF I, que alegó que el caso de soborno fue fabricado por La Habana para tratar de eludir su responsabilidad en el asunto. La defensa decidió abandonar ese argumento en diciembre último.
Los testigos fueron María Teresa Compte, exsecretaria del BNC, que fue condenada a cinco años de privación de libertad; Raúl Eugenio Olivera Lozano, acusado por los delitos de cohecho, entre otros, y condenado a 13 años de prisión, y René Lazo Fernández, expresidente del BNC y condenado a un año de cárcel.
Se suman a ellos Joscelín Río Álvarez, ministra presidenta del Banco Central de Cuba; Vladimir Regueiro Ale, viceministro cubano de Finanzas y Precios, y el doctor Juan Mendoza Díaz, testigo experto de la defensa, quien es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la oficialista Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Las deudas de La Habana
En la época en que Cuba dejó de hacer pagos de intereses de su deuda externa, Fidel Castro se refirió a esta como un "cáncer creado por el imperialismo". A fines de 2014, en cambio, Raúl Castro supervisó un acercamiento con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se consideró como la oportunidad de Cuba para normalizar sus relaciones comerciales y obtener nuevos préstamos.
La Habana llegó a un acuerdo en 2015 con algunos miembros del Club de París, en el que acordó pagar 2.600 millones de dólares de los 11.100 millones que adeudaba en capital, un interés acumulado sobre la deuda con otros gobiernos.
Tiempo después, el demandante CRF formó el llamado Club de Acreedores de Londres y buscó llegar a un acuerdo similar. Pero tras siete años de intentos, sus peticiones fueron ignoradas o rechazadas por el Gobierno cubano, señaló CRF en un comunicado en 2020.
El Gobierno cubano ya está en una situación más que delicada después que el Club de París, su principal acreedor de deuda, le otorgara varios periodos de gracia luego de 2020 y renegociara el acuerdo entre ambas partes para los pagos de intereses sobre la deuda remanente ajustada y renegociada por Raúl Castro.
Una economia que no genera casi nada y lo que da es mal empleado,no tiene dinero para pagan nada.
Le deben a Juana y sus diez mil hermanas ...
doctor Juan Mendoza Díaz, testigo experto de la defensa, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la oficialista Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Cuantos méritos! Como diría Trespatines, "a la reja!"
Yo me alegro de todos esos que están presos,para desempeñar cualquiera de esos cargos en Cuba hay que ser tremendo HP más que probado, así que si fué verdad o mentira los cargos de sobornos por los que según dicen están presos,se lo buscaron ellos mismos por estar toda una vida de perros arrastrapanzas al servicio de una mafia a la cual ellos mismos pertenecen.
El asunto estimado El Mirador del Diezmero, es que esos "perros arrastrapanzas" como Ud. correctamente define a estos funcionarios, no son miembros de la mafia gobernante en Cuba, son solo servidores desechables de baja categoria prestos a ser usados como chivos expiatorios. Saludos.