El régimen cubano afirma que durante la primera semana del juicio correspondiente a la demanda interpuesta por CRF I Limited en Londres las declaraciones de "los testigos han puesto al descubierto" elementos en los que basa su defensa.
Según publicó el diario oficial Granma, representantes del fondo de inversiones demandante, interrogados por la abogada inglesa que lidera la defensa en favor del Banco Nacional de Cuba (BNC) y el Gobierno, "admitieron que se consideró la demanda ante tribunales como una opción, desde que iniciaron los pasos para intentar adjudicarse los títulos de deuda que hoy son objeto de debate".
La nota del vocero del régimen Humberto López, quien asiste al juicio, dice que "en el material probatorio presentado resaltan correos electrónicos y numerosos documentos que han permitido describir en detalle la actuación típica del ente demandante, y con ello la identificación del accionar de un 'fondo buitre'".
López fue el encargado de lanzar la campaña de desinformación del Gobierno sobre el juicio en el Noticiero Estelar de la televisión estatal, antes de que arrancara la querella.
Según López, "CRF pretendió adquirir ilegalmente dos títulos de deuda cubana a bajos precios, y condicionar posibles acuerdos con el BNC y la República de Cuba como única opción para evitar la demanda ante la jurisdicción inglesa".
CRF alega que es acreedor legítimo de dos deudas contraídas en la década de 1980. El BNC y el Gobierno cubano dicen, por su parte, que el fondo no ha sido nunca ni es en este momento acreedor de La Habana.
En el juicio, los demandantes mostraron, como elemento probatorio, el documento emitido por un funcionario del BNC, en el que se daba el presunto consentimiento del Banco y, por ende, del Gobierno de Cuba, para que los derechos como acreedor fueran transferidos en favor de CRF.
Según Granma, que no menciona el nombre ni otros detalles de esta persona, "el funcionario cubano, responsable de la confección y firma del documento, admitió en su declaración ante el tribunal, a tiempo real desde La Habana, que era consciente de que cometía un acto ilegal que rebasaba sus atribuciones y competencias, y que, además, no cumplía los requisitos legales para su validez".
Se trata de Raúl Olivera Lozano, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de Operaciones de la institución bancaria, tras lo cual fue procesado y condenado a 13 años de prisión.
La nota de López añade que el testigo reconoció, asimismo, que su actuar fue resultado de una promesa de dádiva hecha por representantes del fondo. De acuerdo con los procedimientos bancarios vigentes, para la formalización de este documento se exige un tipo de papel especial con caracteres de seguridad, la presencia de dos firmas de tipo A, así como su inscripción en el registro oficial de cesiones de deuda.
La defensa del BNC y del Gobierno dijo a la jueza que ninguno de los tres requisitos fue cumplido, lo que invalida su eficacia jurídica y anula las consecuencias que se derivarían de su emisión.
Este ha sido el argumento central de la defensa del régimen cubano desde el inicio del proceso, pese a lo cual la demanda avanzó en la corte. Los abogados de La Habana retiraron en diciembre el argumento del presunto soborno.
CRF alegó que sí fue legal dicha asignación de derechos contractuales sobre la deuda de 72 millones que antes gestionaba el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC, y que las acusaciones contra Olivera y otros colegas condenados a prisión "son un pretexto fabricado" por el Estado cubano "para eludir sus obligaciones".
Según Granma, "en la vista del juicio se argumentó que el BNC, en apego a las normas cubanas, no tiene la facultad de actuar a nombre del Estado cubano, y de expresar su consentimiento para la cesión de una deuda pública".
La presidenta del BNC, Joscelin Río Álvarez, interrogada por el abogado que representa a CFR, se refirió al procedimiento regulado y las atribuciones conferidas al Banco para este tipo de operación.
"La institución financiera, que desde 1997 no cumple el rol de Banco Central del Estado, al recibir la notificación de un acreedor que pretende ceder sus derechos sobre deuda pública está en la obligación de remitirla al Ministerio de Finanzas y Precios, y este, a su vez, al Consejo de Ministros, en su función de máximo órgano del Gobierno de la República de Cuba", dijo.
"Por su parte, el viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, afirmó que en este caso no existió dicha comunicación, lo que refuerza el carácter ilegal y carente de consecuencias jurídicas de la supuesta cesión" que alega el fondo inversor, dice Granma.
Según la nota, "la ausencia de intervención de dicho Ministerio en esta presunta cesión es otro elemento de peso que sostiene la invalidez de los derechos alegados por el fondo".
Para el régimen cubano, "los argumentos escuchados en la sala de la Alta Corte de Inglaterra muestran" que "un ente económico intentó adjudicarse de forma ilegal dos deudas cubanas e, inmediatamente, a falta de acuerdo y aprobación de estos actos por el BNC y (el Gobierno de) Cuba, establece la demanda en Londres".
"Compraron la deuda a bajo costo, y el monto que reclaman significaría, en cualquier caso, una ganancia neta que oscila entre el 1.200% y el 2.000% del valor que pagaron. Esta semana continuarán las sesiones, y se escucharán los alegatos finales de los abogados de cada parte. El BNC y (el Gobierno de) Cuba continuarán representados y sostendrán su postura inicial: el demandante no es acreedor y nunca lo ha sido", concluye Granma.
La semana pasada, el presidente del grupo CRF I, registrado en 2009 en las Islas Caimán, que posee en total 1.200 millones de euros en posiciones de deuda pública del Gobierno de Cuba, afirmó que el grupo no tienen "los recursos ni el tamaño" para ser calificados de "fondo buitre" y mantuvo que no es comparable con el más potente Elliott Management, que en 2016 persiguió a Argentina.
Charters dijo que la opción judicial "no es atractiva, pues es lenta y cuesta tiempo y dinero", y solo se utiliza "cuando no hay alternativa".
Insistió en que CRF I trató infructuosamente desde 2013 de negociar una reestructuración de la deuda con el Gobierno cubano, y eventualmente decidió ir a juicio porque "los inversores estaban perdiendo la paciencia".
Emigrados cubanos han protestado ante la sede de la corte de justicia donde tiene lugar el juicio, el primero al que es sometido el régimen cubano por un reclamo de esta naturaleza, y que ha alcanzado una inédita repercusión mediática.
El proceso contra La Habana en Londres ha conseguido mostrar al mundo no solo la mala reputación de La Habana, que no honra a sus prestamistas, sino también cómo opera el estamento judicial que le sirve de apoyo y soporte incluso en las cortes internacionales.
Los unicos buitres son ellos, piden y despues no pagan...
Los verdaderos buitres, los abogados de la dictadura están haciendo gala de todas las argucias y tecnicismos para crear una cortina de humo y, nueva mente, la dictadura quedará libre de seguir estafando y robando a los idiotas que les invierten dinero.