Este 22 de octubre agentes de la Policía Nacional de Ecuador detuvieron a Luisa González en la provincia de Manabí, donde creció y mantiene residencia. González, de 48 años y alfil político de Rafael Correa, fue candidata presidencial en 2023 y 2025, y este jueves terminó siendo trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil a la espera de la formulación de cargos.
La Fiscalía General del Estado lleva adelante una investigación por lavado de activos en el caso denominado Laberinto, el cual se centra en "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos". Siete personas figuran como investigadas.
Esta no es una detención aislada. Se inserta en una secuencia de procesos que afectan al movimiento Revolución Ciudadana, liderado desde Bélgica por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y que la oposición al Gobierno de Daniel Noboa califica de lawfare, mientras las autoridades sostienen que responden a inconsistencias documentales y a indicios de origen ilícito de fondos.
El momento de la detención, a poco más de un mes de las elecciones seccionales municipales y cantonales del 29 de noviembre, intensifica la lectura política.
Luisa González, gracias a sus dos candidaturas presidenciales (en ambas ocasiones terminó siendo derrotada por Noboa) es tal vez la figura pública en Ecuador de más peso que se presenta como heredera del correísmo. Su ingreso a la función pública coincidió con el ascenso de Rafael Correa. Desde 2008 ocupó cargos administrativos y, a partir de 2010, se integró al núcleo presidencial como coordinadora general de la Agenda Estratégica Presidencial. Posteriormente fue secretaria general del Despacho Presidencial, y entre enero y mayo de 2017, secretaria nacional de la Administración Pública.
Esa cercanía operativa le permitió ganarse la confianza de Correa en un entorno de alta exigencia. Tras la "muerte cruzada" que puso fin de forma anticipada al Gobierno del exbanquero conservador Guillermo Lasso y la disolución de la Asamblea en 2023, fue designada candidata presidencial de Revolución Ciudadana (con Andrés Arauz como binomio).
Repitió la candidatura en 2025 (con Diego Borja) y volvió a ser derrotada. Entre finales de 2023 y enero de 2026 presidió el movimiento, después asumió la secretaría de Asuntos Internacionales. Intentó postularse a la prefectura de Manabí en este 2026 con apoyo de otra organización, pero no logró registrarse tras la suspensión del partido.
En campaña de 2025 afirmó repetidamente que, de ganar ella, Correa sería su "principal asesor". Esa declaración no era retórica: condensaba el rol de González como la figura operativa más confiable del correísmo dentro del país, en un momento en que el líder histórico permanece fuera. Un triunfo de ella en las urnas representaba, con seguridad, un ticket de regreso al país para Correa.
El portal periodístico Primicias condensa el caso Laberinto, que deriva de inconsistencias detectadas en las cuentas de la campaña de 2023. Informes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral señalaron, entre otras observaciones, unos 174.930 dólares en propaganda electoral no declarada y 6.400 dólares en aportes sin la documentación de respaldo requerida.
Esos hallazgos derivaron en una sanción electoral (multa solidaria pagada posteriormente) y en la remisión de copias a la Fiscalía, que abrió la investigación penal por presunto lavado de activos. Estos fondos, según la tesis acusadora, provendrían de donaciones hechas por Nicolás Maduro. En aquel momento, Correa visitó varias veces Venezuela.
La indagación se conecta con el caso Caja Chica, que en enero de 2026 motivó allanamientos, incluida la vivienda de González, bajo la hipótesis de ingreso de efectivo de origen ilícito desde Venezuela para financiar la campaña. Algunos reportes periodísticos mencionan la posible canalización de montos mayores, en torno al medio millón de dólares, a través de empresas vinculadas a terceros, como recuerda el diario El Universo.
González ha negado sistemáticamente la recepción de fondos extranjeros o ilícitos. Tras los allanamientos de enero declaró que "la Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie". El correísmo sostiene que las sanciones electorales ya fueron cumplidas y que la elevación a delito de lavado carece de pruebas sólidas y responde a motivaciones políticas.
Estos procesos actuales tienen como telón de fondo la sentencia firme contra Rafael Correa. El 7 de abril de 2020, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo condenó, junto con Jorge Glas y otros, a ocho años de prisión por cohecho (soborno) en el caso Sobornos 2012-2016. El tribunal estableció que Correa lideró una estructura que recibió aportes indebidos, tanto en efectivo como mediante cruce de facturas, para financiar el movimiento político a cambio de la adjudicación de contratos del Estado.
La pena sobre Correa incluye la inhabilitación política por 25 años. La sentencia fue ratificada en apelación y casación. Ya en ese momento, Correa se encontraba residiendo en Bélgica (su esposa es belga) y terminó siendo condenado en ausencia. En abril de 2022, el Comisariado General de Refugiados y Apátridas de Bélgica le otorgó el estatus de refugiado, reconociendo, según su defensa, elementos de persecución política. Esa decisión bloqueó la extradición solicitada por Ecuador. Para la Justicia ecuatoriana, sin embargo, Correa es un prófugo.
Observadores apuntan que González no es una militante periférica. Es una figura que operó en cargos estratégicos en el núcleo más cercano a Correa, cuando este era presidente y, además, personificó la continuidad electoral del correísmo en las dos últimas elecciones nacionales. Su detención y el avance del caso Laberinto no solo debilitan a la principal voz opositora dentro del país, sino que en verdad reabren el cuestionamiento sobre el origen y la trazabilidad de los recursos del movimiento que Correa dirige desde Bruselas.
Desde la perspectiva del correísmo, se trata de persecución política bajo el Gobierno de Daniel Noboa, aliado de Estados Unidos en la lucha antidrogas. Para las autoridades judiciales, se trata de inconsistencias contables y de origen de recursos que deben esclarecerse, independientemente del peso político de los investigados.
El desenlace de la formulación de cargos y de las medidas cautelares determinará si González permanece privada de libertad o recupera la libertad provisional. En cualquiera de los escenarios, el proceso mantiene abierta una línea investigativa que toca el financiamiento del proyecto político que Correa sigue dirigiendo desde el exilio.
En opinión de analistas, la protección belga le permite a Correa continuar la actividad política a distancia, pero no lo inmuniza frente a la acumulación de expedientes en Ecuador. Cada nuevo proceso contra su principal operadora local aumenta el costo político y judicial de mantener la cohesión del movimiento.
La Fiscalía General de Ecuador con este caso parece haber lanzado una "bomba de tiempo" contra el correísmo.
