El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien no cesa en su apuesta por regresar al poder en Ecuador, sufrió una dura derrota político-institucional al quedarse sin partido para participar en la que se esperan sean unas reñidas elecciones subnacionales, en las que se elegirán autoridades municipales, provinciales y distritales en el país andino, el venidero mes de noviembre.
El pasado 17 de julio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador dispuso la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), el vehículo político que el correísmo había elegido para participar en las elecciones subnacionales. La medida fue adoptada por el juez Juan Patricio Maldonado tras admitir una denuncia del fiscal general Leonardo Alarcón, partiendo de una investigación en curso por presunto lavado de activos contra la organización y sus directivos.
Esta decisión replica el esquema aplicado en marzo de 2026 contra Revolución Ciudadana (RC), el partido principal del expresidente Rafael Correa (2007-2017), también suspendido por nueve meses por idéntica causa. El correísmo, principal fuerza opositora, se queda nuevamente sin plataforma propia de alcance nacional a escasas semanas del plazo para registrar alianzas y candidaturas.
Según fuentes judiciales y electorales consultadas por medios locales en Quito, la suspensión impide que AMIGO participe en el proceso mientras se sustancia la causa penal.
Las elecciones de noviembre renovarán gobiernos provinciales, municipales y distritales. Tras la inhabilitación de RC en marzo —ordenada por el TCE a pedido de la Fiscalía por una investigación de lavado de activos y delincuencia organizada en el denominado Caso Caja Chica—, el correísmo buscó desesperadamente una alternativa.
Hace un mes, el correísmo oficializó un acuerdo con AMIGO, que ya había seleccionado como candidatos a figuras destacadas vinculadas al exmandatario como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz (en busca de reelección), y la ex candidata presidencial Luisa González, quien aspira a la Prefectura de Manabí, uno de los bastiones históricos del correísmo.
AMIGO no era un partido nuevo ni ajeno a polémicas. Surgido en 2020 como una iniciativa de alcance nacional tras intentos fallidos de inscripción, su origen está ligado a Daniel Mendoza, exasambleísta de izquierdas, quien fue detenido en 2020 y condenado a cuatro años y dos meses de prisión por delincuencia organizada vinculada al desvío de fondos en la construcción de un hospital municipal.
Posteriormente, el movimiento sirvió de plataforma a candidatos presidenciales de bajo impacto como Bolívar Armijos (2023) y Pedro Freile (2021). Con estructura reducida, según observadores, su sede en una vivienda en Esmeraldas y contaba con escasa presencia territorial, con lo cual terminó convertido en un "movimiento de papel" útil para candidatos sin base propia.
Aunque el correísmo denuncia un ataque que viola derechos políticos, la suspensión de AMIGO en realidad sigue el procedimiento previsto en el Código de la Democracia. El fiscal general puede solicitar la suspensión temporal de una organización política cuando existe una investigación por lavado de activos que involucre directamente a sus directivos.
La investigación contra AMIGO se suma a la Causa Caja Chica, que involucra presuntos ingresos de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de Luisa González en 2023, en alianza con el régimen de Nicolás Maduro. En esa indagación figuran Rafael Correa, González y otros dirigentes de RC como investigados por delincuencia organizada y lavado de activos.
No se trata de una decisión aislada ni de una medida definitiva de cancelación, sino de una suspensión provisional mientras avanza la causa penal.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la igualmente suspendida RC, reaccionó con ironía: "En este país no paran las novedades". Aseguró que el movimiento se había preparado "para todos los escenarios" y que cuenta con "un registro de alianzas" con otros partidos.
Rafael Correa, desde su cuenta en X, calificó la suspensión como un "atentado contra la democracia" y un "escandaloso asalto". Vinculó la medida a otras decisiones judiciales y electorales que, a su juicio, buscan proscribir al correísmo. Correa está residenciado en Bélgica, y la Justicia ecuatoriana lo ha catalogado de prófugo, ya que ha sido sentenciado de manera definitivamente firme por casos de corrupción durante su gobierno.
La estrategia de recurrir sistemáticamente a partidos de escasa trayectoria y con antecedentes cuestionables plantea interrogantes sobre el respeto institucional, por parte del correísmo, a ojos de analistas. En lugar de someterse al debido proceso penal o demostrar transparencia financiera, el correísmo opta por maniobras de elusión.
La opacidad inicial sobre el "refugio" AMIGO y la prisa por anunciar alianzas de último momento refuerzan la percepción de un uso instrumental de las instituciones más que un compromiso genuino con ellas, según la percepción de observadores.
El correísmo, que durante su periodo de gobierno impulsó una fuerte concentración de poder y enfrentó numerosas acusaciones de corrupción y control institucional, enfrenta ahora las consecuencias de un sistema judicial que el propio Correa impuso, el cual actúa sobre la base de denuncias de la Fiscalía.
De acuerdo con el análisis editorial del diario La Hora, el correísmo atraviesa un proceso de debilitamiento estructural que no se explica únicamente por las decisiones judiciales recientes, sino por problemas internos que se han acumulado en el tiempo. Para este diario, los principales problemas son la fragmentación interna y la crisis de liderazgo territorial.
Este medio de prensa destaca como existen conflictos públicos en bastiones históricos de los seguidores de Correa, como Manabí, donde hay tensiones entre la dirigencia nacional y las bases provinciales. Analistas citados en La Hora describen un proceso de "deterioro" y "fragmentación" que se evidencia públicamente en varias provincias.
Asimismo, aunque el correísmo mantiene una base leal importante, esta se sustenta en gran medida en la nostalgia por el periodo 2007-2017 y en la polarización emocional que generó la salida de Correa del poder. No ha logrado generar nuevos liderazgos sólidos que reemplacen al expresidente.
Junto a esta crisis interna, con las inscripciones de candidaturas a punto de comenzar, el correísmo dependerá de la solidez real de sus alianzas territoriales. Mientras tanto, las investigaciones penales continúan su curso, y cualquier avance en el Caso Caja Chica o en la causa contra AMIGO podría tener efectos directos sobre la viabilidad de los candidatos vinculados.
Para analistas, lo que ocurra en las urnas de noviembre ofrecerá un termómetro claro de hasta qué punto el correísmo sin RC ni AMIGO convence a los electores o, por el contrario, confirma las críticas sobre una fuerza política que parece rehuir el escrutinio judicial y financiero que plantean las instituciones en Ecuador.
