El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, compareció ante la Asamblea Nacional para entregar su primer Informe a la Nación del periodo 2025-2029. Con un discurso estructurado en videos y cifras optimistas, el mandatario definió tres objetivos centrales para el año: Quito, Guayaquil y la Salud Pública, en un acto que tuvo lugar este 24 de mayo.
Anunció megaobras en las dos ciudades más pobladas del país y una compra masiva de medicamentos a la India para paliar el desabastecimiento crónico en los hospitales públicos. Habló de reducción del riesgo país, atracción de inversión extranjera, disminución de la pobreza y empleo adecuado. Fue un balance positivo. Sin embargo, como destacan diversos medios informativos locales de Ecuador, el discurso dejó un vacío notorio: qué hará el Gobierno ante un crimen organizado que parece reinventarse y expandirse bajo otros modelos.
Los ecuatorianos, que viven día a día bajo la sombra del crimen organizado, esperaban anuncios concretos sobre lo que hará el Gobierno en los tres años restantes de gestión en el problema neurálgico del país andino: la violencia de las bandas narcotraficantes. No llegaron. Noboa mencionó de pasada la "lucha contra las mafias" y la determinación de "no pactar" con ellas, pero sin detalles operativos, sin nuevas estrategias ni metas cuantificables para los próximos tres años.
El informe se centró en obras visibles y salud, mientras la inseguridad —el tema que más angustia a la población— quedó relegado a un párrafo genérico. Esa omisión para diversos medios de prensa y portales especializados no fue casual: refleja la brecha entre el relato oficial y la realidad que documentan organismos independientes.
Según datos de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional recogidos por InSight Crime, Ecuador registró un crecimiento explosivo de la extorsión entre 2019 y 2024 teniendo un aumento del 1.300%. La Policía reportó una caída más bien modesta en 2025, 30% menos que el año anterior.
Pero InSight Crime advierte que "la realidad es más compleja". La disminución es parcial, limitada a grandes empresas en las principales ciudades, mientras que pequeños negocios, mototaxistas, pescadores, profesores y dueños de buses escolares siguen pagando "vacunas" diarias o semanales a las bandas criminales en el interior del país andino.
La fragmentación de las bandas es la clave. El despliegue militar ordenado por Noboa desde 2024, cuando llegó al poder por breve tiempo para completar el período presidencial del banquero conservador Guillermo Lasso, extendió la presencia de soldados en calles y cárceles y logró capturar a algunos líderes de las principales bandas. Sin embargo, en lugar de desmantelar las estructuras, las rompió en facciones más pequeñas y oportunistas. Estas remanentes compiten por territorio y usan la extorsión como principal fuente de ingresos para pagar a sus miembros de bajo rango, tal como documentó Insight Crime.
En Ecuador, lejos de retroceder, la criminalidad se ha vuelto más difusa y resiliente. Las bandas, antes concentradas en narcotráfico y minería ilegal, se han diversificado hacia la extorsión sistemática. Controlan aún sectores de las cárceles, gracias una corrupción endémica que permite el ingreso de celulares. Desde prisiones en Guayaquil, Manabí y Cotopaxi se siguen coordinando cobros y operaciones criminales.
La extorsión ya no es solo un problema de "narcos grandes"; es una economía criminal cotidiana que afecta a toda la cadena productiva y de servicios. Este panorama contrasta con el optimismo del Informe a la Nación. Noboa heredó una crisis que se gestó en años anteriores —el boom de las masacres carcelarias entre 2021 y 2023, la infiltración de carteles mexicanos y la debilidad institucional— pero su estrategia de "mano dura" con militares en las calles y cárceles no ha logrado revertir la tendencia estructural.
El informe sí presentó avances tangibles en otras áreas. En economía, Noboa destacó la baja del riesgo país y la llegada de inversión extranjera, elementos que el Ejecutivo vincula a la estabilidad fiscal post-pandemia y a la herencia de una crisis que él mismo calificó como "debilitada". En infraestructura, el año 2025 fue declarado "año de las obras" con financiamiento en algunas de ellas de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Para analistas locales, el énfasis del joven presidente ecuatoriano en obras para Quito y Guayaquil busca incidir políticamente, ya los proyectos buscan visibilizar gestión gubernamental en las dos urbes que concentran casi el 30% del padrón electoral y que hoy están en manos de alcaldes del correísmo, con el que el Gobierno mantiene tensiones abiertas. Una gestión local exitosa en Quito, la capital, o en Guayaquil, la más importante en términos económicos, podría proyectar a alguno de los adláteres del expresidente Rafael Correa (2007-2017) en pos de la Presidencia.
Sin embargo, en un país donde el crimen organizado se ha convertido en la principal amenaza a la gobernabilidad, la ausencia de un capítulo robusto sobre seguridad en el Informe presidencial de su primer año, genera escepticismo.
En el otrora pacífico país andino de apenas diez millones de habitantes, la tasa de homicidios alcanzó 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, siendo un máximo histórico. Un salto significativo ya que en 2024 fue de 38,8. En 2019, antes de que Ecuador entrara en la espiral de la violencia que se desató bajo el Gobierno de Lasso, era de seis homicidios por cada 100.000 habitantes. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) confirmó que las muertes violentas tuvieron un hito en 2025.
Panelistas convocados por el canal Teleamazonas que analizaron el discurso presidencial en vivo, coincidieron en que el tono fue sólido y conectado a resultados visibles, pero criticaron la falta de cercanía con la realidad diaria de los ciudadanos. "No se siente la mano firme en los barrios donde la extorsión sigue vigente", resumió uno de ellos. El presidente insistió en que "no habrá pactos ni retrocesos" y prometió capturar y extraditar a los cabecillas, pero sin calendario ni indicadores de medición para los próximos tres años.
Esta ausencia podría tener consecuencias políticas. Con las elecciones provinciales ya en marcha, aunque serán en noviembre de 2027, Noboa busca posicionarse como el gestor de obras visibles en Quito y Guayaquil. Pero si el crimen organizado sigue fragmentado y activo, la percepción ciudadana de inseguridad podría erosionar el capital político acumulado.
La población, según el portal Primicias, espera resultados concretos: menos extorsiones, menos sicarios en las calles y cárceles que dejen de ser centros de mando criminal.
En síntesis, este primer año de Daniel Noboa deja un balance desigual. Avances en infraestructura y salud pública contrastan con la persistencia de una crisis criminal que, según InSight Crime, no ha retrocedido de forma estructural. La extorsión mutó, se volvió más local y resiliente, y sigue golpeando a los sectores más vulnerables.
Existía expectativas entre los ecuatorianos de que Noboa usara su mensaje a la nación para trazar una hoja de ruta de cara a los tres años que restan de gestión, pero tal cosa no ocurrió, ni el presidente (como lo hizo en su campaña electoral) centró su discurso en el tema de seguridad, un giro calculado, pero no bien recibido entre los ecuatorianos, según las primeras lecturas de la prensa local.
En cómo se logre reducir con éxito la criminalidad que se ha ramificado afectando directamente a la población, Noboa no solo se jugará su relección, sino la posibilidad real de que Ecuador recupere la paz que alguna vez lo distinguió en la región andina.
