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Opinión

América Latina, con Dios y con el Diablo

¿Cómo explicar que países de la región compartan inteligencia estratégica con EEUU mientras dejan puertos, telecomunicaciones, datos o cadenas de minerales críticos bajo el control de empresas chinas?

Madrid
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (der), condecora al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (der), condecora al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Presidencia Ecuador/X

Entre el 8 y el 10 de septiembre, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, recorrió Barranquilla, Quito y Lima. La agenda oficial hablaba de narcoterrorismo, seguridad y comercio. La agenda estratégica era menos discreta: contener la penetración china en sectores decisivos del hemisferio.

En Colombia, Abelardo De la Espriella celebró el comienzo de una nueva etapa con Washington. En Ecuador, Daniel Noboa presentó a su país como un aliado decidido de Estados Unidos. En Perú, Keiko Fujimori recibió a Rubio en el Salón Túpac Amaru del Palacio de Gobierno y habló de "200 años de libertad, independencia y soberanía compartidas".

Los tres gobiernos subrayaron la cooperación, la seguridad y la soberanía. Ninguno hizo mención a China públicamente.

La escena resume el momento que vive América Latina: gobiernos que se alinean militar y políticamente con Washington mientras mantienen intacta —y en algunos casos amplían— su dependencia económica con Pekín. Es la versión diplomática de una expresión que cualquier latinoamericano reconoce: quedar bien con Dios y con el Diablo.

El problema es que ni Dios ni el Diablo son ingenuos. Ambos llevan la cuenta.

Tanto el Escudo de las Américas, uno de los ejes de esta gira, como la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, publicada en diciembre de 2025, pretenden mantener a raya las "influencias malignas" procedentes de fuera del hemisferio; léase China.

Ecuador forma parte del Escudo desde su creación en marzo. Colombia se incorporó después de la llegada de De la Espriella al poder, en agosto. Perú anunció su ingreso durante la visita de Rubio.

Para los tres gobiernos, el acercamiento ofrece beneficios concretos. Colombia busca equipos, entrenamiento e inteligencia para combatir a los grupos armados, además de inversiones estadounidenses en minerales críticos. Ecuador ha recibido promesas de nuevos fondos de seguridad, embarcaciones y cooperación contra el narcotráfico y la minería ilegal. Fujimori obtiene respaldo político y operativo para una de las principales promesas de su Gobierno: enfrentar al crimen organizado.

Nada de eso es simbólico. Son recursos, legitimidad y capacidad de acción. Pero el socio que los proporciona tiene también un principal rival estratégico. Y ese rival es, al mismo tiempo, uno de los pilares económicos de los países que ahora buscan protección en Washington.

China recibió en 2025 más del 36% de las exportaciones peruanas. Las Bambas y Toromocho, dos de las mayores operaciones cupríferas del país, están controladas por empresas chinas.

Colombia presenta una dependencia distinta, pero no menos incómoda. China se ha convertido en el principal origen de las importaciones colombianas, por delante de Estados Unidos y durante el Gobierno de Gustavo Petro, Colombia se adhirió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Washington dio después por sentada la salida del país de ese programa. El Gobierno de De la Espriella, sin embargo, todavía no ha explicado públicamente cuándo ni cómo se producirá esa ruptura.

La contradicción ecuatoriana es aún más gráfica. Noboa recibió a Rubio pocas semanas después de visitar China en busca de inversiones y nuevo financiamiento. Ecuador conserva una deuda significativa con bancos chinos, aunque muy inferior a la de hace una década, y su tratado de libre comercio con Pekín ha acelerado el intercambio bilateral.

El problema no es vender cobre o camarones a China. El problema comienza cuando un país comparte inteligencia estratégica con Washington mientras deja puertos, telecomunicaciones, datos o cadenas de minerales críticos bajo el control de empresas vinculadas al Estado chino, y presenta ambas decisiones como ejercicios igualmente inocuos de soberanía.

Es que la presencia china en América Latina no se limita al intercambio de mercancías. Incluye redes de telecomunicaciones, sistemas de vigilancia, infraestructuras portuarias, suministro eléctrico, financiamiento estatal y proyectos con posible uso dual. Huawei no es simplemente un fabricante de teléfonos. Un puerto no es solamente un lugar donde se descargan contenedores. Una red de datos no deja de ser estratégica porque haya sido construida con un préstamo comercial.

Sumarse al Escudo de las Américas no hace desaparecer ninguna de esas dependencias.

Y este doble estándar no es una particularidad de la nueva derecha latinoamericana. La izquierda regional practicó exactamente el mismo juego en dirección contraria. Gustavo Petro convirtió Gaza en uno de los ejes de su política exterior, rompió relaciones diplomáticas con Israel y llamó a Trump cómplice de genocidio ante la Asamblea General de Naciones Unidas.Sin embargo, no dejó sobre Xinjiang ningún pronunciamiento público remotamente comparable con su ofensiva diplomática por Gaza.

El kirchnerismo argentino pasó años denunciando el imperialismo norteamericano mientras concedía a China un enclave estratégico para una estación de espacio lejano en Neuquén. El acuerdo fue finalmente aprobado por el Congreso, pero la construcción había comenzado antes de esa aprobación y el convenio original dejó dudas suficientes sobre el control argentino y el posible uso dual de las instalaciones.

Lula proclama los derechos humanos y el multilateralismo como principios de su política exterior. China, mientras tanto, es el principal socio comercial de Brasil, sin que los abusos del régimen chino generen una fricción proporcional a la indignación que Brasilia reserva para otros gobiernos.

China ha demostrado que está dispuesta a convertir el comercio en un instrumento de presión política. Lo hizo contra Australia a partir de 2020, restringiendo productos que iban del carbón y la cebada al vino y la carne. Lo hizo contra Lituania desde 2021, cuando Vilna permitió la apertura de una oficina de representación taiwanesa.

Eso no significa que toda discrepancia produzca automáticamente una represalia. Significa algo más importante: la dependencia económica pone el instrumento sobre la mesa. Utilizarlo o no será una decisión de Pekín.

Por eso, la pregunta que quedó fuera de las ceremonias de esta gira es: ¿qué ocurrirá si la tensión entre Washington y Pekín obliga finalmente a elegir?

No será necesario escoger entre venderle todo a uno y nada al otro. La verdadera elección ocurrirá sector por sector: qué país controla los puertos, quién suministra las redes de telecomunicaciones, dónde se almacenan los datos, quién financia la energía y a qué potencia se entrega el acceso preferencial a los minerales estratégicos.

Ahí termina la retórica y comienza la soberanía.

La gira de Rubio consolidó alianzas de seguridad reales con gobiernos políticamente cercanos a Washington. Eso no es poca cosa en una región devastada por el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero esa arquitectura de seguridad descansa sobre economías vinculadas profundamente al mismo actor extrarregional cuya influencia Washington quiere contener.

Nuestros gobiernos siguen llamando soberanía a hacer equilibrio entre los dos y esperar represalias de ninguno.

Dios y el Diablo, mientras tanto, llevan la cuenta.

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