El presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó este 15 de octubre un decreto que impone un toque de queda en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, del 1 al 10 de noviembre. Es el cuarto de este tipo en lo que va del año. El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la medida señalando que permitirá ejecutar operaciones especiales sin "daños colaterales"”.
Noboa viene sumando estados de excepción por periodos específicos en territorios delimitados del país sudamericano prácticamente desde enero de 2024, cuando el presidente declaró un "conflicto armado interno" y designó a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas. De acuerdo con el ministro Reimberg, el anterior toque de queda —vigente del 17 al 30 de septiembre en cuatro de esas provincias— arrojó resultados favorables.
El toque de queda de dos semanas en septiembre, según el propio Noboa, hizo que los delitos y homicidios disminuyeron más del 30%, y que las denuncias por extorsión cayeron en torno al 30-35% en Quito y Guayaquil, los principales centros urbanos de Ecuador.
Estas cifras de corto plazo contrastan, sin embargo, con la trayectoria de la violencia criminal que no parece menguar pese a la guerra que le declaró el joven presidente, de origen empresarial y sin experiencia política previa hasta su llegada a la jefatura de Estado.
Según datos del Ministerio del Interior citados por Ecuador Chequea, Ecuador registró 8.247 homicidios intencionales en 2023, bajó a 7.065 en 2024 —primer año de la declaratoria de conflicto armado interno— y volvió a subir a 9.283 en 2025, el año más violento de su historia y el de mayor tasa de América Latina, según el balance regional de InSight Crime.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 5.676 homicidios intencionales. Aunque el ritmo es inferior al del mismo periodo de 2025, el país sigue en camino de cerrar uno de los años más letales de su historia reciente, después de haber sido, hasta hace pocos años, uno de los más seguros de la región.
El portal especializado InSight Crime, en un análisis publicado este 15 de octubre, titulado "Por qué Ecuador está perdiendo la batalla contra el crimen organizado", sostiene que la estrategia militarizada de Noboa no ha logrado una reducción sostenida de la violencia. Las capturas de alto perfil —la de José Adolfo Macías, alias "Fito", líder de Los Choneros, en junio de 2025 y su posterior extradición a EEUU; la de Wilmer Chavarría, alias "Pipo", de Los Lobos, en España; y otras de mandos de Los Tiguerones— han sido presentadas como éxitos. No obstante, según el portal, estas operaciones aceleraron un proceso de fragmentación sin que tal cosa sea sinónimo de reducción o desaparición.
El vacío de liderazgo ha dificultado el control territorial de las grandes organizaciones y ha generado más enfrentamientos locales, alimentando el ciclo de violencia que repercute entre los ciudadanos.
Por otro lado, InSight Crime añade que las condiciones carcelarias siguen siendo un problema estructural: en 2025 se registraron más muertes violentas confirmadas en los centros penitenciarios que en los dos años anteriores juntos, a pesar de que las Fuerzas Armadas asumieron el control interno de las cárceles desde 2024 y de la construcción de la prisión de máxima seguridad El Encuentro.
El medio de verificación Ecuador Chequea, al cumplirse mil días de la declaratoria de conflicto armado interno, este mes de octubre, contabilizó al menos 16 decretos de estado de excepción relacionados con la violencia criminal (incluyendo renovaciones). Ocho se emitieron en el primer periodo de Noboa y otros ocho desde su segundo mandato, iniciado el 24 de mayo de 2025.
Noboa ha alineado su política de seguridad con el paradigma de EEUU bajo la administración de Donald Trump, defendiendo operativos letales y cooperación en el marco de iniciativas como el Escudo de las Américas. Ha priorizado el ataque a las economías criminales, la captura de cabecillas y la militarización.
En julio de 2026 presentó un nuevo plan de seguridad que incorpora, por primera vez de forma más explícita, componentes de reducción de desempleo y deserción escolar como factores que alimentan la criminalidad. InSight Crime lo describe como un "primer paso hacia un enfoque más integral", pero la coerción parece que seguirá siendo el eje central, mientras Quito siga alineado, como está, con la Administración Trump.
Medios locales como Primicias y Vistazo han reportado de manera reiterada los anuncios oficiales de reducciones puntuales durante los periodos de toque de queda y operativos intensivos, al tiempo que documentan la continuidad de la violencia cotidiana. Por ejemplo, las extorsiones se multiplicaron en los últimos años: un estudio del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado citó 16.130 casos en 2025, un aumento del 898% desde 2019.
En Quito, por ejemplo, aunque las cifras oficiales de muertes violentas mostraron cierta reducción en 2026, la Encuesta de Percepción Ciudadana de la iniciativa Quito Cómo Vamos situó la inseguridad como el principal problema para el 83% de los habitantes.
A casi tres años de la declaratoria de conflicto armado interno y con un nuevo ciclo de restricciones a la vista en varias provincias, para observadores el Gobierno de Noboa enfrenta el desafío de demostrar que las medidas excepcionales pueden traducirse en una reducción sostenida.
Hasta ahora, las cifras anuales y el análisis de organismos especializados indican que la contención ha sido parcial y temporal, mientras el país continúa registrando niveles de violencia criminal muy superiores a los de hace una década, sin reducciones sustantivas y además, con una percepción ciudadana muy negativa sobre el impacto de la violencia criminal en sus vidas.
