Poco más de dos meses han pasado desde que el presidente izquierdista Gustavo Petro dejó la jefatura de Estado, y Colombia asiste ahora a una ofensiva total contra las disidencias de las FARC y el ELN por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella, una estrategia de confrontación abierta contra los alzados en armas dedicados al crimen.
Mientras Petro impulsó la "Paz Total", un intento amplio de negociar simultáneamente con múltiples grupos armados y criminales, De la Espriella ha optado por una estrategia ofensiva que tiene por finalidad una recuperación del monopolio de la fuerza del Estado. El 19 de octubre, en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, ese giro quedó condensado en un mensaje contundente del mandatario liberal.
"He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC. Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la Era del Tigre, cómo es que la voluntad política se materializa en hechos concretos de decisión para defender la seguridad de los colombianos", dijo De La Espriella desde Arauca.
"Vamos por ustedes. Cuando menos lo piensen, una bomba caerá sobre el campamento", advirtió el mandatario quien sin ambages defiende el uso de la fuerza letal por parte de los militares colombianos para hacer frente a estructuras que otrora tuvieron banderas ideológicas y que, en la práctica, como constata InSight Crime, han devenido en entidades de crimen organizado.
Desde su posesión, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha cerrado la puerta al diálogo como vía principal y ha priorizado la acción militar y policial, señalando que los irregulares aprovecharon los cuatro años de Petro en el poder y sus mesas de diálogo para fortalecerse en armas, número de hombres reclutados y expansión territorial.
Además del combate en terreno, las medidas del Gobierno colombiano incluyen refuerzo de la presencia de fuerza pública, inteligencia, control terrestre y fluvial de la frontera, y presión sobre las finanzas de los grupos (testaferros y fuentes de financiación). Se han creado o fortalecido esquemas como bloques de seguridad urbana y se ha anunciado la construcción de megacárceles inspiradas en el modelo salvadoreño.
Asimismo, la cooperación con EEUU —extradiciones, inteligencia y operaciones conjuntas— ha sido explícita, alineada con la iniciativa Escudo de las Américas impulsada por la Administración Trump.
Este despliegue coincide con un cambio, discreto pero real, en el vecindario limítrofe. Colombia y Venezuela comparten una extensa y porosa frontera de 2.200 kilómetros que vio crecer el despliegue de los grupos criminales colombianos cruzando hacia territorio venezolano con la anuencia de Caracas. Esto, según testimonios desde los poblados fronterizos, parece estar cambiando de forma significativa.
Tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026 y la asunción interina de Delcy Rodríguez, el territorio venezolano ha dejado de funcionar como el santuario relativamente seguro que fue durante años para el ELN y las disidencias de las FARC.
Informes periodísticos de la revista Semana, en días pasados, han descrito la movilización de cabecillas tanto del ELN como FARC moviéndose entre el Catatumbo y sectores fronterizos venezolanos, bajo presión de operaciones colombianas apoyadas por agencias estadounidenses.
Asimismo, hubo reportes de enfrentamientos en municipios venezolanos del estado (provincia) de Táchira entre grupos armados y unidades de la Guardia Nacional venezolana, lo cual simboliza un cambio de época. Colombia, por su parte, ha reforzado el control fronterizo y anunciado despliegues significativos de tropa.
El International Crisis Group ha analizado este viraje que se vive en el poder en Bogotá. Señala este think tank que la política de "Paz Total" de Petro no logró contener el crecimiento de los grupos armados —cuyos integrantes aumentaron de forma significativa, según datos de la Fundación Ideas para la Paz— y que De la Espriella llega con una propuesta de "mano de hierro": capturas de alto nivel, reinicio de la erradicación de coca, intensificación de bombardeos, mayor cooperación estadounidense y megacárceles.
El informe advierte, sin embargo, de los riesgos de una estrategia centrada exclusivamente en la fuerza. Las campañas armadas pueden acabar con los cabecillas, pero al mismo tiempo presentan el riesgo de fragmentar a los grupos y desencadenar batallas por el control territorial.
Por otro lado, los bombardeos en zonas donde los grupos se mezclan con población civil aumentan el riesgo de bajas civiles y de que las comunidades cuestionen al Estado.
En tanto, el portal InSight Crime adelanta que el cambio de escenario en Venezuela añade una variable nueva: al reducirse el espacio de retaguardia, la presión colombiana puede resultar más efectiva en el corto plazo, pero también puede concentrar la violencia en el lado colombiano de la frontera o generar desplazamientos y enfrentamientos locales.
Críticos y analistas advierten que algo más de dos meses es un plazo demasiado corto para medir una transformación estructural, a partir de la llegada del nuevo Gobierno con un nuevo enfoque ante la violencia y criminalidad que llevan décadas en Colombia, teniendo varios procesos de paz en estos años.
El mensaje presidencial desde Arauca de este 19 de octubre marca, en cualquier caso, la consolidación de un enfoque que prioriza el cerco militar, el control fronterizo y la negación del diálogo mientras persistan las acciones armadas. El desenlace dependerá de si esa presión logra debilitar de manera duradera las estructuras del ELN y las disidencias de las FARC, o si genera nuevas dinámicas de fragmentación y violencia en un territorio donde el Estado ha sido históricamente débil e inconstante
Como debe ser. No puede haber contemplaciones de ningún tipo con esa plaga de narcomunistas terroristas, es preciso exterminarlos a todos, borrarlos de la faz de la tierra.