El 12 de octubre en Colombia se conmemora como Día de la Diversidad Étnica y en este 2026 la jornada cobró relevancia singular. Una decena de antiguos jefes guerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sido imputados por delitos de lesa humanidad. ¿Las víctimas? Pueblos indígenas colombianos atacados a lo largo de una década.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer su veredicto este 12 de octubre. Los antiguos mandos de las FARC deben ser castigados por crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos entre 1996 y 2016 contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. La decisión forma parte del subcaso Amazonía y Orinoquía del Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado.
Entre los diez comparecientes figuran tres integrantes del último Secretariado de la guerrilla: Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido como Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias El Médico; y Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada. Completan la lista Elmer Caviedes (Albeiro Córdoba), Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano (Martín Corena), Darío Lee Díaz (Robledo), Luis Enrique Montes (Euclides Bermúdez), Gustavo Cuéllar Pajoy (Manuel Político) y Liberman Imbachi Chilito (Norbey Ramírez).
La mayoría de estos hombres lideró o formó parte de los estados mayores de los bloques Sur y Oriental, estructuras que operaron en zonas de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta y Arauca. Según la JEP, ninguno de ellos había sido investigado previamente por la Justicia ordinaria por estos hechos específicos.
Los delitos de lesa humanidad incluyen exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución. Los crímenes de guerra abarcan homicidios, desplazamientos forzados, empleo de minas antipersonal y daños al medio ambiente. La investigación documentó 1.134 victimizaciones (598 atribuidas al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental) y agrupó 96 conductas criminales en dos patrones de macrocriminalidad. Los pueblos afectados son los Nükak Baká (Guaviare), Korebajü o Koreguaje (Caquetá), Siona o Zio Bain (Putumayo), Hitnü (Arauca) y Jiw (Guaviare y Meta).
El primer patrón se refiere a crímenes cometidos para ejercer control social y territorial sobre las comunidades. La guerrilla atacó autoridades tradicionales, caciques, sabedores, médicos ancestrales, docentes y líderes que se oponían a sus intereses estratégicos, políticos y militares, o a quienes señalaba de colaborar con el enemigo.
Estas acciones incluyeron homicidios selectivos, masacres, torturas, persecuciones, desapariciones y desplazamientos forzados, con el efecto de debilitar las estructuras de gobierno propio, interrumpir la transmisión de conocimientos ancestrales y amenazar la autonomía cultural de los pueblos.
El segundo patrón agrupa crímenes cometidos en el marco de las hostilidades. Incluye la siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en territorios indígenas, que causaron muertes, lesiones permanentes, confinamientos y restricciones a la movilidad, la caza y la pesca. También documenta ataques que afectaron de forma desproporcionada a la población civil y daños ambientales.
La JEP enfatizó que los daños trascendieron la dimensión individual y afectaron las formas de vida, la espiritualidad y la relación de estos pueblos con el medio ambiente. "La violencia no solo dejó muertos, desaparecidos y desplazados. También desarraigó a los pueblos indígenas de su territorio, 'enfermó' sus lugares sagrados, rompió su equilibrio espiritual y puso en riesgo su supervivencia", señaló la jurisdicción en comunicados y declaraciones recogidas por medios nacionales de prensa.
La magistrada Catalina Díaz, en declaraciones a periodistas, afirmó que la decisión busca hacer justicia "para los pueblos más olvidados de la Colombia segregada... que han visto comprometido su derecho básico a existir".
Los comparecientes tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si reconocen responsabilidad y aportan verdad plena, se podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento ante las víctimas, la jurisdicción indígena y el país, y el caso se remitirá al Tribunal para la Paz para la imposición de sanciones propias. Estas sanciones, distintas de las penas de prisión ordinaria, priorizan proyectos de reparación simbólica y material para las comunidades afectadas. Si no reconocen o controvierten las imputaciones, el caso puede pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para continuar el trámite.
El proceso se enmarca en el sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016 entre el Estado colombiano, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, y las FARC, que buscaba poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado mediante mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El Caso 09 prioriza la investigación de crímenes contra pueblos étnicos, a partir del análisis de informes de víctimas y de la identificación de patrones de macrocriminalidad. La Sala, con ponencia del magistrado Juan José Cantillo, subrayó que las cifras de victimizaciones no reflejan por sí solas la dimensión colectiva de los daños, dado el tamaño reducido de estas poblaciones y su profunda interdependencia con el territorio.
La imputación ilustra cómo el control territorial ejercido por las FARC en regiones remotas de la Amazonía y la Orinoquía no se limitó a enfrentamientos armados, sino que incluyó ataques sistémicos y masivos. Los pueblos Nükak, considerados en riesgo de extinción, y los Siona, Korebajü, Hitnü y Jiw, vieron comprometida no solo su integridad física, sino su capacidad de reproducción cultural y espiritual. La JEP documentó que la guerrilla consideraba contrarios a sus intereses los procesos de reivindicación de derechos colectivos y territoriales de estas comunidades.
En tanto, a una década de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, las disidencias de las FARC continúan generando ataques contra civiles y personas indefensas. Este mismo 12 de octubre, un comando de la estructura Carlos Patiño, que opera bajo las órdenes de Iván Mordisco, detonó un carro bomba en el peaje El Bordo, municipio de La Sierra (Cauca), sobre la Vía Panamericana. El atentado dejó al menos tres civiles heridos y obligó al cierre temporal de la carretera, clave para el transporte de mercancías hacia Ecuador y la movilidad de las comunidades locales.
El hecho se produjo en un contexto de agudización de la violencia en El Cauca, con enfrentamientos entre fuerzas estatales, disidencias de las FARC y el ELN, y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por homicidios selectivos, masacres, artefactos explosivos y afectaciones a la población civil.
El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado y convocó un consejo de seguridad para reforzar las operaciones contra grupos armados ilegales.
