Este fin de semana quedaron en evidencia crudamente en Colombia dos realidades que acompañan al naciente Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en su política de seguridad. Quedó claro que ahora Bogotá mantiene una guerra abierta en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y junto a eso la denuncia de que esa guerrilla, devenida grupo criminal como la Segunda Marquetalia (disidencias de las FARC), sigue operando desde Venezuela.
En la noche del viernes 4 de septiembre, el Frente Camilo Torres del ELN lanzó aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos contra las instalaciones militares de Ocaña. El reporte inicial del presidente De la Espriella confirmó la muerte de un oficial y un soldado profesional, cinco heridos y el impacto de esquirlas en una aeronave de la Fuerza Aérea. Comunicados posteriores elevaron el balance de uniformados muertos.
La Segunda División del Ejército calificó la acción como una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. El alcalde de Ocaña impuso toque de queda y la Gobernación de Norte de Santander ofreció recompensa por información. El escenario resulta sumamente revelador: Ocaña y el Catatumbo son la puerta colombiana de una frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela, el mismo corredor por el que el ELN mueve combatientes, armas, cocaína y establece retenes para la extorsión de los productores agropecuarios y comerciantes.
La respuesta presidencial fue inequívoca. "Por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado", escribió De la Espriella en su cuenta en la red social X. El mensaje encaja con el tono que el mandatario adoptó desde que asumió el 7 de agosto: ultimátum a los grupos armados, fin de las concesiones de la "paz total" de Gustavo Petro y ofensiva sin tregua. El 3 de septiembre, dos resoluciones presidenciales cerraron los últimos frentes de negociación que quedaban abiertos —Comuneros del Sur y las bandas de Medellín—, sumados a las tres mesas que ya habían sido extinguidas en agosto.
Como recuerda Crisis Group, la ofensiva no empezó el fin de semana. El 10 de agosto, en zonas rurales de Tibú y San Calixto, las Fuerzas Militares ejecutaron la Operación Beta, el primer bombardeo del nuevo Gobierno contra el ELN. El objetivo prioritario de esa campaña es Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, una de las mujeres más buscadas del país, con más de dos décadas en la organización y acusada de homicidios, secuestros, desplazamientos y ataques a la Fuerza Pública.
El mismo 4 de septiembre, en Ocaña, la Policía capturó a Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, francotirador del Frente Camilo Torres, acusado de planear un atentado contra De la Espriella por designación del Estado Mayor del Frente Nororiental del ELN y de haber participado en el asesinato de tres policías. Investigadores policiales han sugerido que esa captura pudo servir de detonante de la retaliación con drones.
El tema escaló en medio de ataques durante el fin de semana. En entrevista conjunta con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el director de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera, el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, afirmó que "todo el liderazgo principal" del ELN se encuentra en Venezuela.
Rodríguez mencionó Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, máximo jefe de la organización; a Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; a Aníbal Giraldo, alias Pablito; y a la propia Silvana Guerrero. Agregó que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, permanece en territorio venezolano. Rodríguez advirtió que se está "ante una amenaza no solo para Colombia y los venezolanos, sino también para la región".
De la Espriella tiene ante sí un gran desafío como es el crecimiento de las bandas criminales en los años de Gobierno del presidente de izquierdas Gustavo Petro y su plan de una "paz total". Según las autoridades colombianas, el número total de combatientes de grupos armados en Colombia pasó de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026; el ELN, en particular, creció de 5.851 a 7.123 integrantes.
El portal especializado InSight Crime ha documentado, durante años, cómo Venezuela dejó de ser un simple santuario de paso para convertirse en retaguardia estratégica y en socio de facto. Con Hugo Chávez, a partir de 1999, la relación pasó de la tolerancia a la afinidad ideológica. Con Nicolás Maduro, desde 2013, el equilibrio se inclinó de manera decisiva a favor de esa guerrilla: mejor trato, más espacio territorial y acceso a rentas ilícitas que el Estado venezolano, golpeado por el colapso económico, las sanciones y la necesidad de lealtades militares, no estaba en condiciones de rechazar.
A partir de 2022, según este sitio especializado, Caracas hizo simbiosis con el ELN. Ese año, el ELN y las fuerzas militares venezolanas expulsaron del estado Apure al Frente Décimo de las disidencias de las FARC mediante ataques simultáneos. En enero de 2025, Venezuela sirvió de base logística para la ofensiva del ELN contra el Frente 33 en el Catatumbo. En agosto de 2025, el ELN emboscó y mató a José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, comandante de la Segunda Marquetalia, en la frontera entre Apure y Amazonas.
La excepción ha sido el tratamiento dado por Caracas a Iván Márquez, quien según la revista Semana tuvo un largo reposo y recuperación en la capital venezolana, en instalaciones militares, mientras Maduro era el gobernante de Venezuela.
El mapa político de Caracas cambió el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar de Estados Unidos capturó a Maduro. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. InSight Crime advierte que el "Estado híbrido", de un Gobierno como el de Maduro aliado con bandas criminales, no se ha desmontado del todo y, según este portal, el ELN le sigue siendo funcional a la administración Rodríguez.
En ese interregno ocurrió un hecho inédito. El 24 de abril de 2026, Gustavo Petro —aún presidente de Colombia— viajó a Caracas y se convirtió en el primer jefe de Estado en reunirse con Rodríguez. Al término de la cita, ambos gobiernos se comprometieron a combatir el crimen organizado en la frontera común: narcotráfico, contrabando de combustible, cocaína, oro ilícito, trata de personas. Anunciaron planes militares e intercambio de inteligencia, como reseñó en su momento DIARIO DE CUBA.
El columnista J. Gerson Revanales escribió en El Nacional que el punto de mayor fricción bilateral entre De la Espriella y Rodríguez no sería el comercio ni el Golfo de Venezuela (sobre delimitación fronteriza), sino "la gestión del conflicto armado en la frontera". La nueva doctrina colombiana, dijo, "abandona el esquema de diálogo para retomar la tesis de la mano dura". Para el ELN y las disidencias de las FARC, "que históricamente han utilizado el territorio venezolano como retaguardia logística y centro de repliegue", eso significa el fin del estatus de interlocutores políticos.
Eso nos lleva, finalmente a la pieza que falta. Si la cúpula del ELN está en Venezuela, como afirma el general Rodríguez, ninguna ofensiva confinada al Catatumbo agota el problema. Si Delcy Rodríguez heredó, aunque sea de forma más discreta, la arquitectura de complicidad que InSight Crime atribuye a Maduro, el acuerdo de abril con Petro debería ser la nueva lógica de Caracas, según analistas.
La guerra que el Gobierno colombiano declara contra el ELN no se decide solo en las poblaciones colombianas de la frontera, se decide, también, en si Venezuela deja de ser el territorio donde, según Bogotá, se esconden todos los cabecillas. El Gobierno interino venezolano ha obviado el tema en los últimos meses.
Que bueno que les esten entrando piedras a los zapatos de Venezuela ...