Con De la Espriella finaliza 'la paz total' de Petro y se anuncia mano dura contra los grupos armados

Colombia vive un cambio de época. Que el abogado Abelardo de la Espriella haya sacado de Bogotá la ceremonia de investidura como presidente del país sudamericano y que sus primeras palabras hayan sido ante efectivos militares en Cali, simbolizan sin ambages los nuevos tiempos y el giro radical y rápido tras los cuatro años de gobierno de izquierdista Gustavo Petro.

Desde Cali, en su primer discurso, ante las tropas en el Batallón Pichincha, De la Espriella dibujó con claridad el cambio de era en la que se sumerge Colombia: "La opción del diálogo está completamente agotada". Con esas palabras sepultó la política de "paz total" de Gustavo Petro y anunció el inicio de lo que él mismo denomina "la Era del Tigre": una estrategia de confrontación frontal contra grupos armados, disidencias de las antiguas FARC, el ELN y estructuras narcotraficantes como el Clan del Golfo.

No han sido solo discursos. Entre sus primeras decisiones, De la Espriella convocó un consejo de seguridad de emergencia. El mensaje del abogado, un outsider de la política tradicional, ha sido enfático: se acabó la negociación política con quienes el Estado ahora clasificará como narcoterroristas.

El país que recibe De la Espriella es el resultado de cuatro años en los que la apuesta de Petro por dialogar simultáneamente con casi todas las organizaciones ilegales no solo fracasó en desmovilizarlas, sino que las fortaleció, según la percepción de observadores.

De acuerdo con datos de la Fuerza Pública recopilados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, con lo cual prácticamente se duplicaron los hombres armados al margen de la ley en los años en los que Petro, un declarado admirador del régimen castrista en Cuba, estuvo en el poder en Colombia.

Según la FIP, el Clan del Golfo —una organización netamente criminal— se expandió de 4.061 a 10.268 hombres. Del mismo modo que ocurrió con las otrora guerrillas colombianas, hoy devenidas en estructuras criminales según los reportes del portal especializado Insight Crime.

El ELN pasó de 5.851 a 7.123. Las disidencias de las FARC se fragmentaron y, lejos de debilitarse, sumaron más combatientes. El Estado Mayor Central de Iván Mordisco y las facciones de Calarcá, junto con la Segunda Marquetalia y sus escisiones, consolidaron control territorial en zonas clave de la Amazonía, el Catatumbo, el Chocó, Arauca y el sur de Bolívar. Este crecimiento no fue abstracto. Durante el Gobierno Petro se registraron 1.110 ataques contra la Fuerza Pública, 1.697 combates y 272 militares muertos, según el balance de las Fuerzas Militares hasta julio de 2026.

Petro llegó al poder, en agosto de 2022, prometiendo que en tres meses acabaría con el ELN y que su gobierno sería "el de la vida". En la práctica, las mesas de negociación (nueve procesos formales con alrededor de 14 estructuras) se diluyeron en crisis recurrentes, ceses al fuego unilaterales que los grupos aprovecharon para rearmarse y una ausencia de líneas rojas claras. Estudios académicos y de think tanks coinciden en que los ceses facilitaron la gobernanza criminal: aumento de extorsión, amenazas y control territorial, aunque los homicidios no siempre se dispararon de forma lineal.

"Ha habido un cúmulo de errores y el balance es totalmente negativo. Todos los grupos armados no estatales han crecido en número de hombres, en presencia territorial, en control de rentas ilegales, y el balance es cero. No hubo un solo grupo, ni siquiera Comuneros del Sur, que haya firmado un acuerdo de paz", señaló a medios de prensa el académico Eduardo Pizarro Leongómez, uno de los analistas académicos más reconocidos del conflicto armado colombiano, al valorar la "paz total" de Petro.

De la Espriella asume un país con al menos 14 escenarios de confrontación simultánea, presencia criminal en más de 420.000 kilómetros cuadrados y una Fuerza Pública que, aunque modernizada en doctrina, enfrenta limitaciones en su control territorial. La "mano dura" no es una opción retórica, es la respuesta a un vacío de autoridad que se afianzó en los últimos cuatro años y por eso la sociedad se inclinó hacia el cambio radical que encarnaba De la Espriella como candidato.

Con apenas horas en el poder, el nuevo Gobierno ha apostado por transmitir una idea de fuerza y decisión. El Consejo de Seguridad reunido en Cali hasta la madrugada del 8 de agosto definió una estrategia de articulación intersectorial contra las economías ilícitas y el refuerzo prioritario de la Fuerza Pública. El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, presentó la hoja de ruta 2026-2030 centrada en recuperar control territorial, proteger infraestructura crítica y combatir el microtráfico y la extorsión urbana.

En paralelo, De la Espriella reiteró el ultimátum de un mes a los grupos para someterse al Estado de derecho, sin "ofertas generosas ni concesiones inaceptables". Anunció la expedición de un listado oficial de organizaciones narcoterroristas que dotará a la Fuerza Pública de herramientas jurídicas más contundentes. Ordenó el traslado de más de 100 presos de alta peligrosidad y anunció que construirá megacárceles al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Con apoyo tecnológico de EEUU e Israel, el nuevo Gobierno realizará bombardeos (una práctica suspendida por años) en zonas de cultivo y procesamiento de drogas. Asimismo, Colombia se sumará al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Washington contra el crimen organizado, y cuya sede principal está prevista que opere en Medellín.

Para analistas, De la Espriella comienza con mano dura, pero tendrá ante sí un riesgo evidente. Una confrontación total puede intensificar la violencia en el corto plazo, especialmente en zonas rurales donde la población civil queda atrapada entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley.

Colombia no enfrenta hoy una guerrilla clásica con reivindicaciones políticas claras, sino un complejo de estructuras híbridas que viven del delito y ejercen poder territorial. Es la herencia que recibe De la Espriella.

La decisión de cerrar la puerta a nuevas negociaciones políticas con estos grupos marca un cambio de paradigma. Si la "paz total" apostó por la inclusión a cualquier costo, la nueva política apuesta por la recuperación del monopolio de la fuerza como condición previa de cualquier convivencia.