El presidente Abelardo de la Espriella dio por finalizados oficialmente los principales diálogos de la "paz total" del Gobierno de Gustavo Petro, al firmar el sábado 29 de agosto las nueve resoluciones con las que pone fin a los espacios de negociación con las disidencias de grupos guerrilleros de Colombia.
De la Espriella revocó además los nombramientos de representantes del Gobierno y los reconocimientos de delegados de la contraparte en los diálogos, que Petro presentó como una de las iniciativas estrella de su Gobierno y que no tuvieron el resultado esperado.
Tras señalar "que es potestad constitucional del presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo acercamientos y conversaciones de paz", el Gobierno hizo un resumen de lo adelantado en cada uno de los procesos y los incumplimientos que llevan a levantar las conversaciones de paz.
"No obstante haberse instalado la Mesa de Diálogos de Paz, se han presentado diversos acontecimientos que permitieron al Gobierno nacional concluir el incumplimiento de los acuerdos (…) haciendo imposible evidenciar la voluntad real de paz y de reinserción en la vida civil del grupo armado al margen de la ley", señala la resolución 342 de 2026.
El documento confirma la terminación de la Mesa de Diálogos de Paz "entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los del grupo armado organizado al margen de la ley, el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF - FARC EP, por ausencia de voluntad de paz".
En otras resoluciones se toma la misma decisión con la mesa de paz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, uno de los grupos conocidos como Comandos de la Frontera, que estaban concentrados en zonas de ubicación transitoria a la espera de definir la ruta para la entrega de las armas.
De igual manera, se retira el reconocimiento a todos los miembros de dicho grupo que habían sido nombrados voceros y a los que fueron designados por el Gobierno nacional como negociadores.
Las resoluciones terminan también los contactos con grupos como el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.
La decisión supone una ruptura política con la estrategia de Gustavo Petro, aunque parte de los procesos ya atravesaban una profunda crisis antes del cambio de Gobierno. La mesa con las estructuras de 'Calarcá' había arrancado en octubre de 2023 dentro de las conversaciones con el entonces Estado Mayor Central, organización que posteriormente sufrió divisiones internas.
El propio Gobierno de Petro había comenzado a retirar reconocimientos en los últimos días de su mandato. El 5 de agosto, Bogotá informó de la revocación de la condición de representantes de ocho miembros de estas disidencias, al considerar que ya no podía constatarse una voluntad de continuar apoyando el proceso de paz.
De la Espriella convierte ahora ese deterioro en una ruptura definitiva. La Resolución 346 clausura, además, la mesa con la CNEB, una estructura vinculada al proceso iniciado con la Segunda Marquetalia y en la que terminaron integrándose, entre otros, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
El cierre de las mesas coincide con una ofensiva política, judicial y militar con la que el nuevo Gobierno pretende sustituir la negociación por el sometimiento a la justicia.
El desmontaje de la paz total se produce apenas dos días después de que De la Espriella autorizara la extradición a Estados Unidos de cinco personas que habían participado en diferentes procesos de negociación y cuyas deportaciones permanecían suspendidas por su papel como interlocutores.
Entre esas personas figuran Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', y Willington Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', cuyos reconocimientos estaban relacionados con dos de los procesos ahora clausurados.
La Presidencia colombiana explicó el 26 de agosto que las extradiciones habían sido autorizadas previamente, pero permanecían paralizadas como consecuencia de las conversaciones de paz.
El Ejecutivo sostiene que no habrá negociaciones de paz con organizaciones que continúen vinculadas al narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado y plantea como alternativa el sometimiento a la justicia dentro del marco constitucional y legal.
De la Espriella también ha ordenado a las Fuerzas Armadas recuperar la iniciativa frente a estas estructuras y prohibido contactos no autorizados con ellas.
