El pasado 7 de octubre, una jueza ecuatoriana declaró inocentes a 32 pescadores cuyos barcos habían sido interceptados y destruidos por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico: como resultado de la presión total operativa anunciada por el Comando Sur. Los tripulantes fueron acusados de colaborar con organizaciones vinculadas al narcotráfico, pero la Fiscalía no presentó pruebas que demostraran esos vínculos.
Entre finales de agosto y mediados de septiembre, fuerzas de EEUU interceptaron ocho embarcaciones ecuatorianas y detuvieron a más de 140 tripulantes.
La discusión podría plantearse exclusivamente en términos de soberanía. Después de todo, hace apenas unas semanas numerosos presidentes latinoamericanos aprovecharon la Asamblea General de Naciones Unidas para defender la autodeterminación y rechazar las interferencias extranjeras.
Pero el problema es más profundo.
El crimen organizado se internacionalizó hace mucho tiempo. Sus rutas cruzan fronteras, sus redes de lavado operan en varios países y sus organizaciones aprovechan las diferencias entre legislaciones nacionales. Pero, sobre todo, los criminales han aprendido a cooperar mejor y con mayor rapidez que los gobiernos que intentan perseguirlos.
No parecen encontrar las barreras idiomáticas, culturales, ideológicas o burocráticas que suelen paralizar a los estados. Comparten códigos similares, reconocen intereses comunes y establecen alianzas pragmáticas sin necesidad de cumbres, declaraciones conjuntas o ratificaciones parlamentarias.
Esa capacidad de adaptación les otorga una ventaja comparativa frente a gobiernos que siguen respondiendo desde estructuras nacionales, descoordinadas y con frecuencia mutuamente desconfiadas.
Frente a esa arquitectura transnacional, ningún país latinoamericano puede combatir eficazmente al crimen organizado por sí solo. La lucha también necesita internacionalizarse.
La pregunta es cómo.
La mayoría de los candidatos que ganaron recientemente las elecciones en América Latina prometieron respuestas rápidas frente a la inseguridad. Keiko Fujimori en Perú, José Antonio Kast en Chile y Abelardo de la Espriella en Colombia convirtieron la recuperación del orden en uno de los ejes de sus campañas. Millones de ciudadanos los votaron precisamente porque esperaban decisiones firmes donde sus antecesores habían ofrecido excusas, diagnósticos o resultados insuficientes.
Sin embargo, ganar una elección presidencial no equivale a obtener todo el poder necesario para cumplir lo prometido.
El caso peruano es el ejemplo más reciente. El Gobierno de Fujimori solicitó al Congreso facultades para legislar por decreto durante 120 días sobre 66 puntos agrupados en ocho materias. La Cámara de Diputados aprobó apenas 20, limitados a la seguridad ciudadana y la respuesta al fenómeno de El Niño, y redujo el plazo a 90 días. El proyecto todavía debe ser tratado por el Senado, donde Fuerza Popular intentará recuperar algunas de las facultades rechazadas.
En Colombia, De la Espriella ha encontrado una dificultad parecida. Su gobierno presentó un proyecto para modificar por decreto el protocolo de actuación de la fuerza pública durante las protestas. La propuesta permitiría intervenir ante hechos considerados violentos sin agotar previamente las etapas de prevención, diálogo y mediación.
El Gobierno sostiene que busca proteger la movilidad, el trabajo, la seguridad y los servicios esenciales. Sus críticos advierten que deja un margen demasiado amplio para que la propia Policía determine cuándo una protesta deja de serlo y se convierte en una amenaza.
En Chile, la tensión adquirió una dimensión internacional. El Gobierno de Kast incorporó al país al Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Washington para coordinar la lucha contra el crimen organizado. Ante el Senado, el canciller Francisco Pérez Mackenna defendió la decisión argumentando que se trata de una declaración política y no de un tratado que necesite ratificación parlamentaria.
La distinción no es menor. Si el Escudo de las Américas implica compromisos de seguridad, coordinación diplomática o condicionamientos económicos, presentarlo como una simple declaración voluntaria permite al Ejecutivo avanzar sin someter el acuerdo al control del Congreso. Aún cuando ningún otro gobierno, ni el propio EEUU, le dan ese estatus legislativo.
Estos tres casos son diferentes, pero expresan una misma tensión. Los presidentes llegan al poder con grandes promesas y descubren que el mandato electoral no elimina la división de poderes. Frente a parlamentos fragmentados o adversos, aparece entonces la tentación de buscar atajos: facultades delegadas, decretos ejecutivos o acuerdos internacionales presentados como políticamente importantes pero jurídicamente no vinculantes.
Brasil será el próximo gran laboratorio
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre, pero una parte decisiva del resultado ya está definida. El Partido Liberal obtuvo 121 de los 513 diputados y se convirtió en la mayor bancada de la Cámara. También será la primera fuerza del Senado, con 28 de sus 81 miembros.
Si Lula es reelegido, tendrá que gobernar frente a un Congreso considerablemente más conservador. Si gana Bolsonaro, contará con un escenario más favorable, pero tampoco dispondrá por sí solo de las mayorías necesarias para cumplir todas sus promesas. Tendrá que negociar con las fuerzas del centro, que una vez más conservarán la capacidad de habilitar, modificar o bloquear la agenda presidencial.
El Congreso dividido no es una anomalía del sistema, sino parte de él. Pero reconocer la legitimidad de esos límites no significa eximir a los congresos de responsabilidad. Los legisladores también fueron elegidos por ciudadanos que reclaman seguridad y respuestas eficaces frente al crimen organizado. Su función no consiste únicamente en controlar, recortar o bloquear las iniciativas del Ejecutivo, sino también en debatir alternativas, construir acuerdos y aprobar las herramientas legales que la situación exige. La división de poderes protege a la democracia; la parálisis, en cambio, solo favorece a quienes operan fuera de ella.
Una verdadera política regional de seguridad necesita reglas comunes sobre detenciones, preservación de pruebas, uso de la fuerza, control judicial y responsabilidad por los abusos. Necesita congresos que autoricen y supervisen los acuerdos, jueces capaces de revisar las operaciones y gobiernos dispuestos a explicar no solo sus resultados, sino también sus métodos.
Durante años, los gobiernos de izquierda demostraron una considerable capacidad para construir espacios regionales de coordinación política e ideológica frente a sus adversarios. La seguridad y el crimen organizado, sin embargo, raramente ocuparon el centro de esa coordinación.
Hoy varios gobiernos de derecha coinciden en que el crimen transnacional representa una de las principales amenazas para la región. Comparten el diagnóstico, mantienen afinidades políticas y prometieron a sus electores recuperar el control del territorio y restaurar el orden. Es una coincidencia que no existía con esta intensidad desde hace años.
El crimen organizado ya demostró que puede cooperar por encima de las fronteras, las nacionalidades y las diferencias culturales. Ahora queda por saber si gobiernos ideológicamente afines serán capaces de hacer lo mismo frente a ese enemigo común, sin convertir la urgencia en una excusa para pasar por encima de sus congresos, sus jueces y sus constituciones.
