Después de tres semanas de que el movimiento indígena de Ecuador lanzó un paro nacional (en principio para protestar con el aumento del precio del diésel) la situación ha derivado en un pulso político ante el cual el presidente Daniel Noboa no dió su brazo a torcer y no parece dispuesto a ceder a las demandas de que revise su política fiscal.
Lo que comenzó como un rechazo frontal a la eliminación del subsidio al diésel (una medida decretada por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares) ha escalado en un pulso político que expone las grietas de un país asediado por la crisis fiscal, la violencia criminal desbocada y un movimiento indígena que, aunque debilitado, busca recuperar su rol disruptivo.
Y tras bambalinas, según observadores, acecha el correísmo que se niega a aceptar la derrota que le propinó el hoy jefe de Estado a su candidata, Luisa González, delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017), prófugo de la Justicia y asilado en Bélgica.
El 22 de septiembre, en la provincia de Imbabura (en la sierra ecuatoriana) y en menor medida en la provincia neurálgica de Pichincha, donde se ubica la capital, Quito, se inició un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la otrora poderosa organización que representa a 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas.
La paralización de este 2025 ha demostrado, según los analistas, una fuerza menguante comparada con los levantamientos de 2019 y 2022, cuando la CONAIE paralizó al país entero durante semanas, obligando a presidentes como Lenín Moreno y Guillermo Lasso a retroceder en reformas fiscales similares.
La decisión de Noboa de suprimir el subsidio al diésel no fue caprichosa. Ecuador arrastra un déficit fiscal que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzará los 2.489 millones de dólares en 2025, agravado por una deuda externa que exige amortizaciones por 5.402 millones adicionales.
Además, el subsidio al diésel, que consumía el 1,5% del PIB, ha beneficiado según el Gobierno a actividades ilícitas como el contrabando de combustible y la minería ilegal.
"Esta medida es esencial para estabilizar las finanzas públicas y priorizar recursos contra la inseguridad", defendió Noboa en un discurso el 18 de septiembre, antes de que la CONAIE anunciara el paro "inmediato e indefinido".
Una semana después de iniciarse el paro, inicialmente centrado en el combustible, la CONAIE subió la apuesta, ya que también pasó a pedir la paralización de proyectos extractivos como la mina Loma Larga en Azuay, aprobada con licencia ambiental pese a su ubicación en la reserva hídrica indígena, y la reducción del IVA del 15% al 12%, elevado en abril de 2024 para financiar la guerra contra el crimen organizado.
Pese a la retórica de la CONAIE y a medidas represivas de Noboa que en el pasado habrían enardecido y aumentado los niveles de protesta, este paro ha sido "focalizado y de baja intensidad", según analistas. La Costa al Pacífico y la Amazonía han operado con normalidad relativa, y sectores urbanos como Guayaquil y Quito han mostrado escaso respaldo, temerosos de repetir el costo económico de paros pasados.
"Es un paro a medias, sin impacto nacional real", coinciden corresponsales extranjeros en el país andino, cuyas amplias costas hacia el Pacífico, sin presencia urbana significativa, junto a la vecindad con Colombia, justamente le ha convertido en una cabeza de playa para bandas criminales trasnacionales dedicadas al narcotráfico.
La respuesta de Noboa ha sido decretar estados de excepción en hasta diez de las 24 provincias de Ecuador. El 5 de octubre, la Corte Constitucional anuló parcialmente uno de estos decretos por "falta de proporcionalidad", pero Noboa lo reformuló inmediatamente, demostrando una tenacidad que ha evitado el colapso total, en este pulso ante la paralización indígena.
Noboa, quien tuvo un breve lapso de menos de dos años en el poder para completar el mandato de Lasso (obligado a renunciar en 2023 tras maniobras en el Parlamento del movimiento indígena, el correísmo y un partido conservador), ganó limpiamente las elecciones de este año para gobernar hasta 2029. Recibió el 55,63% de los votos.
Ecuador enfrenta una violencia criminal que ha convertido sus calles en un campo de batalla: en el primer cuatrimestre de 2025, se registraron 3.087 homicidios, un 58% más que en 2024, con un promedio de un asesinato por hora en los peores meses. Según el Gobierno, las bandas con conexiones en otros países de la región controlan economías ilícitas que lavan miles de millones a través de narcotráfico, extorsión y minería ilegal.
Con un PIB contraído y uno de los peores crecimientos regionales proyectados para 2025 según el Banco Mundial, Noboa depende de un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.000 millones de dólares, de los cuales ha recibido 1.500 millones. Con el alza del IVA y la eliminación de subsidios, busca Noboa recaudar 1.000 millones anuales.
En este contexto complejo, las protestas de la CONAIE no solo distraen recursos (se estiman pérdidas de más de 300 millones de dólares en estas tres semanas), sino que arriesgan desviar la atención de la prioridad nacional: la seguridad.
Aquí emerge la sombra del correísmo, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que ha intentado colarse en el descontento para reposicionarse tras su derrota electoral de este año de su candidata Luisa González. Aunque la CONAIE ha negado alianzas, el Gobierno de Noboa acusa al correísmo de "instrumentalizar" las movilizaciones para sabotear la consulta popular de Noboa sobre seguridad y Asamblea Constituyente.
Analistas ven oportunismo. El correísmo, que gobernó con subsidios clientelistas que endeudaron al país en 17.000 millones, ahora critica medidas que él mismo evitó por miedo a protestas. "Es hipocresía: Correa dejó una bomba fiscal que explota hoy", sentenció un editorial del diario ABC de Madrid.
Alberto Feijoó, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), argumenta que "la CONAIE repite tácticas obsoletas sin cohesión social, y el correísmo explota el vacío para desestabilizar, pero sin respaldo real". Feijoó critica la falta de planificación a largo plazo: "Noboa debe explicar medidas, no imponerlas; de lo contrario, los ciclos de violencia se perpetuarán".
Por otro lado, Diego Carrión, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, enfatiza la complejidad del momento que vive Ecuador, donde existen matices en todos los temas que están en debate hoy.
"El alza del diésel costará 100 dólares mensuales extra a familias pobres, pero el subsidio alimentaba mafias. La CONAIE ignora que sin ajuste fiscal no hay fondos para seguridad. Noboa resiste bien, pero necesita alianzas para evitar que el paro, aunque débil, fracture la gobernabilidad", sostiene este académico desde Quito.
El 7 de octubre, una emboscada fallida contra Noboa, con cinco detenidos tras una ataque contra el vehículo presidencial, subrayó cómo el crimen y las protestas se entrelazan, de forma peligrosa con actores como el correísmo alimentando tras la bambalinas un clima de ingobernabilidad.
El medio europeo France 24 ha resumido claramente el pulso político actual en Ecuador: "Lo que empezó por diésel se transforma en rechazo al modelo Noboa, pero sin fuerza para derrocarlo”.
Detrás de ese movimiento están los comunistas cubanos. Ellos respiran por la herida porque ya nadie se acuerda de Rafael Correa.