Bajo la acusación de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones son usadas para canalizar fondos ilícitos con el fin de desestabilizar al país, el presidente de Ecuador Daniel Noboa anunció este lunes su plan de regular a la sociedad civil que será presentado a la Asamblea Nacional como "un proyecto urgente".
La propuesta de Noboa parece seguir el camino ya implementado este año por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien logró en tiempo récord la aprobación sin discusión de una ley para controlar las actividades de las ONG en el país centroamericano con impacto directo sobre el periodismo independiente. Pero a diferencia de su colega salvadoreño, que tiene un control parlamentario casi absoluto a través de su partido Nuevas Ideas, en el caso de Ecuador Noboa no cuenta con una mayoría propia y deberá negociar con otras fuerzas.
Con 67 diputados en la Asamblea Nacional desde que asumió para un periodo de cuatro años el pasado 24 de mayo, el joven empresario que irrumpió como outsider político y derrotó dos veces en las urnas a la candidata del correísmo, Luisa González, ha hecho alianzas especialmente con el Partido Social Cristiano y otras agrupaciones pequeñas, pero aun así no alcanza la mitad más uno de los votos en el legislativo que son 77.
Analistas aseveran que Noboa ha logrado captar respaldo, sin hacer alharaca pública de esto, de diputados del movimiento indígena Pachakutik y de diputados disconformes del correísmo. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano prófugo de la Justicia en Bélgica tras sentencias en firme por corrupción y abuso de poder durante su presidencia (2007-2017), tiene un número similar de escaños que la Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa.
Según anunció el presidente ecuatoriano, la Ley de Fundaciones busca imponer un control más estricto sobre el financiamiento y las operaciones de ONG y fundaciones, las cuales, señaló, son utilizadas como canales para actividades ilícitas.
En una entrevista con Radio Sucre, el presidente afirmó que "en Ecuador, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, incluidas las ONG internacionales, son usadas para ingresar dinero y desestabilizar al país sin ningún control de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) ni controles financieros o tributarios".
De acuerdo con el mandatario, su propuesta, anunciada oficialmente este lunes 28 de julio, apunta a actividades delictivas como el lavado de dinero y la minería ilegal, y no a la sociedad civil con actividades legítimas.
"No estoy atacando a las ONG. Aquellas que realizan un trabajo honorable y pueden rendir cuentas de sus fondos no tendrán problemas", sostuvo Noboa en un discurso que pareció similar a lo dicho meses atrás por Bukele, según observadores.
En mayo de este año, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las ONG, generando críticas de Human Rights Watch (HRW) por su similitud con leyes represivas en Rusia y Nicaragua.
HRW describió como una herramienta para "estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de prensa independientes" las leyes que se vienen implementado con el argumento de controlar el financiamiento de las entidades no gubernamentales.
El proyecto se presenta como una medida económica urgente, lo que obliga a la Asamblea Nacional a actuar en un plazo de 30 días. Este procedimiento acelerado, utilizado para las tres leyes anteriores de Noboa —sobre solidaridad nacional, integridad pública y áreas protegidas— ha demostrado ser efectivo, ya que todas fueron aprobadas a pesar de que su partido, Acción Democrática Nacional (ADN), no cuenta con mayoría legislativa.
En Ecuador un caso notable, aunque no reciente, fue el cierre en 2013 de la ONG ambiental Fundación Pachamama durante el Gobierno de Rafael Correa. El grupo, que abogaba por los derechos indígenas y ambientales, fue acusado de interferir en políticas públicas y desestabilizar al Estado, cargos que negó.
Aunque este incidente ocurrió antes del mandato de Noboa, refleja un patrón histórico de sospecha gubernamental hacia las ONG, especialmente aquellas con financiamiento extranjero. Más recientemente, en 2024 durante el primer mandato de Noboa, el Gobierno emitió el Decreto 346, que endureció los requisitos de reportes para las ONG, generando preocupaciones de grupos como Grupo Faro sobre un control estatal excesivo.
Ecuador cuenta con más de 75.000 ONG y fundaciones registradas, según el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales (SUIOS) del Ministerio de Gobierno. Esta cifra refleja un sector de la sociedad civil amplio y diverso en el país andino, con organizaciones que abordan desde el bienestar infantil y la educación hasta la conservación ambiental y los derechos humanos.
La Ley de Fundaciones ha generado reacciones polarizadas. Los partidarios, incluidas voces progubernamentales en la red social X, argumentan la necesidad de la ley para actuar contra ONG "descontroladas" y fundaciones extranjeras que, según afirman, han financiado actividades desestabilizadoras durante años.
Para César Ricaurte, periodista y director de la fundación Fundamedios, esta ley anunciada por Noboa es parte de una tendencia más amplia de concentración de poder bajo la presidencia del otrora empresario. "No se trata solo de supervisión financiera, se trata de controlar narrativas y limitar la disidencia", sostiene Ricaurte al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
El director de Fundamedios, una entidad dedicada a promover el periodismo independiente y la defensa de la libertad de expresión en Ecuador que estuvo bajo asedio durante el Gobierno de Correa, enfatiza que los estándares internacionales, como los de la ONU, abogan por una mínima interferencia estatal en la sociedad civil.
Para observadores, los objetivos declarados por Noboa —combatir el lavado de dinero, la minería ilegal y la desestabilización— son preocupaciones legítimas, pero la falta de evidencia específica que vincule a las ONG con estos delitos sugiere que la ley podría ser demasiado amplia y ser usada de forma discrecional desde el Estado.
Finalmente, el contexto regional complica aún más la narrativa de Noboa. El cierre masivo de ONG en Nicaragua a partir de 2024 y el elevado impuesto a donaciones extranjeras en El Salvador demuestran cómo tales leyes pueden usarse para suprimir la disidencia y las posiciones críticas de voces independientes, incluido el periodismo.
