El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua clausuró este miércoles otras 15 ONG en el país, entre ellas Save the Children International, en otra arremetida contra la sociedad civil, luego de que, en agosto de 2024, suprimiera la personalidad jurídica de otras 1.500 de estas organizaciones, en su mayoría católicas y evangélicas, y así les impidiera seguir actuando en dicho territorio.
La medida fue anunciada en medio de una creciente represión contra grupos religiosos y de derechos humanos. Así, el Ministerio del Interior de Nicaragua afirmó que Save the Children International, con sede en el Reino Unido y que opera en más de 100 países, solicitó su propia disolución, algo que levanta suspicacias toda vez que, entre las organizaciones cuyas actividades fueron clausuradas en agosto por el régimen, estaba la rama canadiense de Save the Children.
Entre las entidades clausuradas, varias de ellas fueron señaladas por el Gobierno de Ortega y Murillo por "incumplimientos a las leyes" que regulan a los organismos no gubernamentales y sin fines de lucro, endurecidas recientemente para obligarlos a trabajar en asociación con el Estado. Así, más de 5.600 ONG han debido cesar sus operaciones en Nicaragua por la presión ejercida por el régimen desde las protestas antigubernamentales de 2018, que, según Managua, fueron apoyadas por dichas ONG y la Iglesia Católica, de ahí la presión posterior.
En tal sentido, la International Christian Concern (ICC), una organización evangélica con sede en EEUU, señaló recientemente, en su informe global de 2025, citado por ACI Prensa, que el régimen de Ortega y Murillo considera a la Iglesia Católica en Nicaragua como "enemiga política del Estado".
En el Global Persecution Index 2025, publicado el 3 de enero, la ICC indicó que "en todo el mundo, los regímenes autoritarios crecen en su convicción de que el libre ejercicio de la religión es un enemigo mortal para su control del poder".
Además, "los ataques de Nicaragua contra los familiares de los sacerdotes exiliados, remarcan el crecimiento de una represión trasnacional y son un recordatorio de que la persecución es un tema global", subrayó.
El texto de ICC indicó, asimismo, que "la población nicaragüense es predominantemente cristiana, con un 50% de católicos y un 33% de evangélicos. Pese a eso y a que Ortega profesa la fe católica romana, el Gobierno se ha opuesto firmemente al lugar que ocupan las instituciones cristianas en la sociedad".
ICC destacó, además, que las escuelas cristianas también son atacadas en el país y que, en muchos casos, el Gobierno confisca los bienes de la organización eliminada. En tal sentido, un sacerdote nicaragüense citado por la organización relató que "todos los domingos, patrullas llenas de policías se estacionan frente a las iglesias católicas del país" y “los fieles que asisten a la Eucaristía los domingos son fotografiados [y] las homilías pronunciadas por los sacerdotes que quedan están siendo grabadas".
"El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue dando muestras de su más absoluta intransigencia ante cualquier forma de disenso", editorializó el diario argentino La Nación en agosto, tras el cierre de cientos de ONG en Nicaragua, junto a la expulsión de sacerdotes católicos.
Ortega es un residuo tóxico de lo que una vez fue calificado como la izquierda latinoamericana, cuya presencia en cumbres de presidentes de la región es cada vez más incómoda. En el citado editorial crítico del sistema sandinista, La Nación expuso que "el régimen de Ortega y Rosario Murillo no es una dictadura tradicional, sino un sistema de castas vinculado al entramado de corrupción y nepotismo organizado desde el poder. La autocracia ha secuestrado por completo el país, reprimiendo cualquier atisbo de disidencia".
