Aunque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya había mostrado su interés en el regreso militares extranjeros al país andino como parte de la lucha antidrogas, su apuesta subió al vincular este tema con la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución en 2026.
Ambas decisiones quedarán finalmente en manos de la ciudadanía, que será convocada a una consulta popular, según sendos decretos firmados por el presidente el pasado 18 de septiembre y que han desatado en Ecuador un intenso debate. Se trata de la jugada más arriesgada de Noboa. En caso de contar con el aval popular, le permitirá al joven presidente reconfigurar institucionalmente, y especialmente en materia de seguridad, a esta nación sudamericana con amplias costas sobre el océano Pacífico.
Las propuestas de Noboa se enmarcan en un escenario de escalada de violencia en Ecuador, que en 2024 fue catalogado como el país más peligroso de América Latina, según el portal especializado Insight Crime. Entre enero y junio de 2025, el Ministerio del Interior reportó 4.621 homicidios, una cifra alarmante que refleja la creciente influencia de las redes de narcotráfico y el crimen organizado en el país. Estas estadísticas, combinadas con la percepción de impunidad y la falta de control estatal, han llevado al presidente a plantear medidas drásticas, en las que se juega también su capital político.
La consulta popular, que está en medio de una disputa entre Noboa y la Corte Constitucional, se realizaría antes de que concluya este año, según lo anunciado por el presidente, quien proviene de la familia más rica de Ecuador y estaba desligado de la política hasta que apareció como un candidato outsider en los comicios de 2023, celebrados para completar el período presidencial del exbanquero conservador Guillermo Lasso.
Reelecto este año con amplio respaldo popular, y venciendo de nuevo en las urnas (como lo hizo en 2023) a la delfín del correísmo, Luisa González, Noboa ha pisado el acelerador con reformas que prometió en la campaña para reconfigurar a un país que está asolado por la violencia criminal asociada al narcotráfico.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que la Constitución vigente le da facultades para consultar al pueblo en asuntos relevantes, y ha planteado dos preguntas: La primera busca eliminar el Artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y la cesión de bases nacionales a fuerzas extranjeras. La segunda pregunta propone la creación de una asamblea constituyente con 80 miembros electos, para redactar una nueva Constitución que debería ser aprobada en un referéndum posterior.
Noboa argumenta que la actual Constitución, vigente desde 2008 bajo el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana, carece de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de seguridad actuales. El presidente señaló que "la sociedad exige un giro de 180 grados en la visión y estructura del Estado" para combatir la delincuencia normalizada en el país. Esta iniciativa se suma a medidas previas de Noboa, como el despliegue de militares en las calles y la declaración de estados de excepción, en un intento por frenar la violencia asociada al narcotráfico.
La propuesta de reinstalar bases militares extranjeras remite directamente a la experiencia de la base de Manta, operada por Estados Unidos entre 1999 y 2009. Esta base, ubicada en la ciudad costera de Manta, fue establecida bajo un acuerdo firmado durante el Gobierno del presidente Jamil Mahuad, como parte de la cooperación antidrogas en el marco del Plan Colombia.
Estados Unidos utilizó la base para operaciones de vigilancia aérea y marítima en el Pacífico, enfocadas en interceptar rutas de narcotráfico. Durante su operación, la base albergó hasta 400 militares estadounidenses y fue un punto estratégico para la recolección de inteligencia. Sin embargo, su presencia generó críticas por parte de sectores que la consideraban una violación de la soberanía nacional.
En 2008, la nueva Constitución impulsada por Rafael Correa incluyó el Artículo 5, que declara a Ecuador "territorio de paz" y prohíbe explícitamente la instalación de bases militares extranjeras. Como resultado, el acuerdo con Estados Unidos no fue renovado y la base de Manta cerró en septiembre de 2009. La salida de las fuerzas estadounidenses fue celebrada por el correísmo como una reafirmación de la soberanía, pero en el contexto actual, Noboa argumenta que la prohibición constitucional limita la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico transnacional.
El aumento de la violencia en Ecuador está intrínsecamente ligado a la expansión del narcotráfico. Bandas criminales, muchas de ellas vinculadas a carteles internacionales, han intensificado sus operaciones en el país, utilizando puertos como Guayaquil para el tráfico de cocaína hacia mercados globales.
Entre 2022 y 2024 Ecuador tuvo la tasa de homicidios más alta de la región. Aunque las cifras del primer semestre de 2025 indican una ligera disminución en comparación con años anteriores, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, alimentada por asesinatos selectivos, enfrentamientos entre bandas y la incapacidad del sistema penitenciario para contener la violencia. Este lunes, por ejemplo, un motín carcelario dejó un saldo de 14 personas asesinadas, incluyendo un guardia.
Noboa ha vinculado la propuesta de bases militares extranjeras con la necesidad de cooperación internacional para combatir estas redes criminales. La presencia de bases, según el Gobierno, facilitaría el intercambio de inteligencia, el uso de tecnología avanzada como satélites y drones, y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas ecuatorianas
El exministro de Defensa y analista de seguridad Oswaldo Jarrín defiende la propuesta de Noboa, argumentando que la cooperación con fuerzas militares extranjeras, especialmente de Estados Unidos, podría ser crucial para recuperar el control del territorio. Según Jarrín, "Ecuador no cuenta con los recursos tecnológicos ni la capacidad operativa para enfrentar solo al narcotráfico transnacional, que opera con redes globales y tecnología de punta".
Por otro lado, la analista en geopolítica Carla Álvarez advierte sobre los riesgos de reinstalar bases militares extranjeras. Según Álvarez, "la base de Manta no eliminó el narcotráfico en su momento; solo desplazó las rutas. La solución pasa por fortalecer las instituciones nacionales, reformar el sistema penitenciario y atacar la corrupción, no por depender de actores externos".
La consulta popular no solo aborda la seguridad, sino que tiene un fuerte componente político. Analistas señalan que Noboa busca consolidar su liderazgo, proyectándose como un presidente firme frente al crimen.
El correísmo, en tanto, se prepara para defender el legado de Correa, que tiene en la Constitución de 2008 un referente central de la concepción estatista de aquella etapa. Asilado en Bélgica, Correa es una suerte de agitador de las redes sociales y cuenta con espacios en medios partidistas como Russia Today.
A nivel internacional, la reinstalación de bases podría fortalecer la presencia de Estados Unidos en América Latina, especialmente en un momento de creciente influencia de potencias como China en la región. En una reciente visita a Quito el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que EEUU evaluaría una invitación oficial para tener presencia militar nuevamente en Ecuador.
