La semana pasada el expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su alianza con el partido político Frente para la Victoria (FPV) y se postulará como "candidato único" en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto. Pero, qué dice este movimiento sobre la desesperación de Morales por regresar el poder, toda vez que se une a un partido que fue su enemigo durante la Presidencia y que es más bien, según detalló el medio digital Infobae, un "clan familiar cuyo negocio es la personería jurídica".
Después de perder el histórico liderazgo de casi 30 años del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Morales se unió a una organización política de tendencia indigenista y de centro izquierda, que prácticamente no tiene militancia y nació como organización política en 2009, luego de presentar algo más de 62.000 firmas válidas.
El Frente para la Victoria está vinculado a la familia Rodríguez Calle, un clan cuyos miembros casi todos se han candidateado a diferentes cargos políticos en Bolivia, aunque sin éxito hasta ahora. La organización, que ha participado en las dos últimas elecciones nacionales, se ha visto envuelta en diferentes denuncias, tanto por cobrar a los postulantes para mantener sus candidaturas como por presuntamente plagiar el plan de Gobierno de un político peruano.
En las elecciones de 2019, el candidato de la formación fue Israel Rodríguez Calle, uno de los hijos del líder del partido, quien, en entrevistas de campaña, se presentó como un joven "liberal y conservador", y se declaró admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, además de criticar a Morales. En ese momento dijo, además, que si la elección iba a segunda vuelta, apoyaría a cualquier candidato que le hiciera frente al entonces jefe del MAS.
Un año más tarde, en las elecciones de 2020, ganadas por el actual presidente y antes aliado de Morales, Luis Arce, los Rodríguez Calle postularon a Chi Hyung Chung como candidato del FPV, un empresario y pastor evangélico de origen coreano que el año anterior se había presentado a las elecciones con otro partido y salió tercero, presentándose como outsider con un discurso ultraconservador.
Además, de los problemas legales que son escollos significativos que hacen muy difícil que Morales sea finalmente candidato, el expresidente tendría que enfrentar desacuerdos y contrapesos con el jefe de su nuevo partido, toda vez que, según los estatutos del FPV, quien toma las decisiones es Rodríguez, no el candidato de turno, en este caso Morales.
En tal sentido, los límites internos no tardaron en aparecer. Al día siguiente del anuncio, uno de los hijos de patriarca del FPV y subjefe nacional de la formación, aclaró que el acuerdo con Morales no implica entregarle el partido, que es solo un "invitado" y que las candidaturas a la vicepresidencia y al Órgano Legislativo serán tomadas de "manera consensuada".
No es la primera vez que los Rodríguez "reciclan" a alguien de las filas del MAS. En comicios anteriores, el ex vocero gubernamental de Morales, Álex Contreras, fue candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el FPV, del cual terminó siendo expulsado por presuntamente haber hecho comentarios negativos contra la cúpula del partido. En declaraciones previas al anuncio de la alianza con el expresidente, Contreras manifestó que no sería de extrañar que Morales firmara con el FPV a cambio de dinero. "No es préstamo, es alquilar la sigla por una buena cantidad de dólares americanos", dijo.
Así, el nuevo movimiento de Morales evidencia, fundamentalmente, una obsesión con regresar al poder en Bolivia, algo que parece muy difícil de lograr, pues el expresidente tiene tres órdenes de aprehensión en su contra y enfrenta graves acusaciones por un caso de trata de personas agravada. La Fiscalía sostiene que en 2015 habría mantenido una relación con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija al año siguiente, y que sus padres habrían aceptado el vínculo a cambio de beneficios económicos, lo que encuadra en el delito de trata, según la ley boliviana.
Morales rechaza las acusaciones y las atribuye a una maniobra política de Luis Arce, quien según el líder indígena estaría al frente de una campaña de lawfare en su contra con el objetivo de excluirlo de la competencia por la candidatura de la izquierda en las elecciones de agosto.
