La Dirección Nacional de Interpol en Bolivia anunció la activación de una alerta migratoria en su sistema en contra del expresidente Evo Morales, quien se mantiene refugiado en una zona de Cochabamba bajo la protección de sus seguidores, quienes lo mantendrían bajo fuertes medidas de seguridad para evitar su arresto.
La Interpol indicó que la restricción migratoria contra el exmandatario se toma en el marco del proceso judicial que lo involucra en un supuesto caso de trata de personas agravada, por el que está imputado y se le solicita para que brinde declaración.
"Ya se cuenta con la alerta migratoria contra Evo Morales, la cual ya tiene conocimiento nuestra unidad policial de control migratorio en los nueve departamentos del país, y se está haciendo el control respectivo, tal como se hace con el resto de las personas", informó Juan Carlos Bazualto, director nacional de Interpol, citado por el medio boliviano El Diario.
La alerta migratoria ahora lanzada impide la salida del país de Morales, en torno a quien avanza una investigación por su presunta relación con una menor, con quien habría tenido un hijo, durante sus años como presidente del país.
La audiencia del caso contra Evo Morales está programada para el próximo 14 de enero. En ella se evaluarán las medidas cautelares solicitadas en su contra y un juez decidirá si debe enfrentar el proceso en libertad o en prisión preventiva.
En caso de que el imputado no se presente, el procedimiento establece que el expresidente se declare en rebeldía. Esto implica que se emita una orden de aprehensión, un mandamiento de arraigo y otras medidas previstas por la normativa procesal penal.
El exmandatario ha reiterado su rechazo a las acusaciones y se ha defendido afirmando ser víctima de una "guerra judicial" orquestada por el presidente Luis Arce, su rival político y al que se ha enfrentado por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
La semana pasada, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que la decisión de Morales de permanecer bajo protección armada de sus seguidores mientras la Justicia de Bolivia lo busca "confirma" que "se siente culpable y que no se va a presentar a declarar; va a irrespetar la ley nuevamente, y así todavía quiere ser candidato".
En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que Morales "está atrincherado. Si ustedes se dan cuenta, está cumpliendo un arresto en su propio territorio (…) Está guardando esa 'detención preventiva' que llaman aquí, en su lugar".
Pese a lo anterior, el viceministro anunció que la Policía hará un operativo que no ponga en riesgo la vida de personas inocentes, considerando que los cocaleros del Chapare que protegen a Morales están fuertemente armados y dispuestos a abrir fuego en defensa de su jefe político.
"Se va a cumplir la orden de aprehensión, pero sin poner en riesgo la vida de los inocentes. Nadie quiere que la vida de inocentes entre en riesgo por agarrar a alguien. O sea, ¿quién está dispuesto a eso?", comentó.
Sobre el exmandatario pesa una orden de detención emitida por el Ministerio Público, que lo imputó formalmente, además de a la madre de la presunta víctima, por trata y tráfico de personas agravado.
Ante la renuencia de Morales a responder por las imputaciones, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, dijo días atrás que se cumplirá con las disposiciones del Ministerio Público respecto a la orden de aprehensión, aunque precisó que es necesario proteger la integridad de los efectivos policiales, dadas las amenazas de uso de la fuerza de los seguidores del dirigente cocalero.
El Trópico de Cochabamba, específicamente la localidad de Lauca Ñ, es el bastión político de Morales, donde asegura que recibe protección y respaldo de sus bases políticas.
La orden de aprehensión contra el político, emitida el 16 de octubre por la Fiscalía de Tarija, aún no ha sido ejecutada y la Policía aguarda la notificación para poder hacerlo, explicó Del Castillo.
Días atrás, el dirigente cocalero Dieter Mendoza declaró a medios locales que "se está reforzando el tema de la seguridad sindical" de Morales, decisión que se tomó ante la posibilidad de que "atenten contra la vida" del exjefe de Estado y que se ejecute una detención por los procesos penales en su contra que, según el sindicalista, son para "desprestigiar" el liderazgo de Morales.
El diputado del gubernamental MAS, Renán Cabezas, que pertenece al ala oficialista afín a Morales, declaró que los campesinos de la región de Cochabamba "están atentos para movilizarse en cualquier momento" en caso de que se consume la detención del líder político.
