Agentes de la Policía de Bolivia y funcionarios de la Fiscalía allanaron el miércoles 18 de diciembre una vivienda en busca del exministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, quien está siendo investigado por los bloqueos de rutas llevados a cabo por simpatizantes del líder cocalero entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre últimos.
El coronel Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, informó a los medios locales que el procedimiento responde a un caso abierto contra Quintana por los delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir, y que darán cumplimiento a las instrucciones que emanen de la Justicia, citó el medio argentino Infobae.
El operativo se realizó en el barrio residencial de Sopocachi, en La Paz, donde el exministro tendría dos inmuebles. También se hicieron allanamientos en un domicilio en Cochabamba y otro en Santa Cruz.
Hace un mes, desde la clandestinidad, el ex hombre fuerte del Gobierno de Morales (2006-2019) advirtió a través de un video que "no será presa fácil" para las autoridades.
"Invoco a nuestros compañeros a que sigamos luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades y empeñados en recuperar la democracia (…) no le tengamos miedo al terrorismo de Estado ni le tengamos terror a la impostura del poder arcista", manifestó Quintana en la grabación, y luego dijo que "el pueblo es más fuerte que todas las fuerzas ilegales, arbitrarias y antidemocráticas del abuso del poder".
Quintana es una de las figuras públicas más polémicas de los últimos años en Bolivia por la dureza con que enfrentó a sus oponentes y a los movimientos que consideraba insurgentes y separatistas. Fue ministro de la Presidencia de Morales en tres ocasiones, durante casi diez años, embajador de Bolivia en Cuba y actualmente es uno de sus colaboradores más cercanos.
El exmilitar y sociólogo ejerció como embajador de Bolivia en Cuba entre 2017 y 2019.
Durante la primera semana de los bloqueos, Quintana generó controversia al decir que las movilizaciones necesitaban "sangre" para alimentarse.
En el entorno de Morales han calificado estas acciones y la aprehensión de los dirigentes sindicales Ramiro Cucho y Humberto Claros como una persecución política para neutralizar las protestas contra el Gobierno, en medio de la crisis económica que enfrenta el país.
"Existe un plan de escarmiento a la lucha social al estilo de las dictaduras militares, donde a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica", escribió Morales en X.
Además de Quintana, también está acusado por los mismos delitos el dirigente campesino Ponciano Santos, que coordinó la denominada Marcha para Salvar Bolivia y el bloqueo de caminos. Ambos tienen alerta migratoria y se encuentran en la clandestinidad.
Los bloqueos de 23 días generaron una pérdida económica de 2.200 millones de dólares al sector empresarial, según información de la Federación de Empresarios Privados de La Paz; agudizaron la escasez de combustible, al dejar varados camiones cisterna en medio del camino y graves perjuicios para las personas que quedaron atrapadas entre los piquetes.
La protesta estaba motivada inicialmente en respaldo a Evo Morales, que enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de estupro y trata de personas, en la investigación que lo acusa de haber embarazado a una joven de 15 años cuando era presidente.
Con el paso de los días se fueron sumando otras demandas de carácter económico, como la provisión de dólares y combustible; y de orden político, como la habilitación de Morales para las elecciones de 2025 y la validación de un Congreso que lo ratificaba como líder del partido.
La justicia terminó dirimiendo la disputa política, al emitir una sentencia que inhabilita a Morales y otra que otorga el control del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) a un aliado de Luis Arce, limitando las aspiraciones políticas del líder cocalero al menos en el corto plazo.
Evo Morales denuncia ser víctima de una "brutal guerra jurídica" en su contra
Evo Morales sostuvo que es "víctima" de una "brutal guerra jurídica" por parte del Gobierno de Luis Arce luego de que la Fiscalía presentase una acusación formal en su contra en un caso por presunta trata de personas.
"Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce, que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU", aseguró Morales en una publicación en su perfil de X el martes 17 de diciembre.
A su juicio, como ocurre con otros "presidentes izquierdistas de América Latina", las autoridades "se inventan delitos" en su contra y "no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso".
"Me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado", afirmó Morales.
El político aseguró que su único "delito" es haber logrado durante su Gobierno una "economía justa" y el no haber permitido la "intromisión y abuso del imperio norteamericano".
"Sufro desde hace tiempo un constante bombardeo de difamación e insultos. El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme", agregó.
La fiscal departamental de la región sureña de Tarija, Sandra Gutiérrez, presentó la pasada semana una "imputación formal" contra Morales y la madre de la presunta víctima de un caso de trata de personas cuya investigación se hizo pública en septiembre.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo y que presuntamente pertenecía a un grupo político juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia.
Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se "lucraron" con ella al entregarla al expresidente a cambio de "favores".
