La dictadura de Nicolás Maduro anunció el lunes 10 de febrero que envió dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa a Estados Unidos para repatriar a algunos de los migrantes de ese país deportados por la Administración de Donald Trump.
Las aeronaves se encontrarían en vuelo de regreso a territorio venezolano, informó el Ministerio de Comunicación e Información en un comunicado, citado por la agencia AP.
Las deportaciones se producen días después de que el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, visitara Caracas y se reuniera con Maduro para analizar la repatriación de venezolanos que ingresaron de manera irregular a ese país. Grenell regresó con seis estadounidenses que habían estado detenidos en Venezuela.
La reunión en Caracas tuvo lugar menos de un mes después de que Maduro prestara juramento para un tercer mandato de seis años, pese a las evidencias creíbles de que perdió las elecciones del año pasado. El Gobierno estadounidense, junto con las naciones occidentales, no reconoce la victoria alegada por Maduro.
El escrito indicó, asimismo, que Caracas fue "notificada por el Gobierno de los Estados Unidos de América de que algunas de las personas que vienen de regreso están presuntamente ligados a actividades delictivas o estarían involucradas en las acciones criminales del denominado Tren de Aragua".
"Como es público y aceptado por todos, nuestras instituciones combatieron y derrotaron a esa banda criminal en territorio venezolano", agregó el comunicado, sin dar otros detalles.
El Tren de Aragua ha sido vinculado a una serie de secuestros, extorsiones y otros delitos en todo el hemisferio occidental, relacionados con el éxodo masivo de migrantes de Venezuela, donde la pandilla fue creada hace más de una década.
Mediante su cuenta en la red social X, la Casa Blanca señaló que "se reanudaron los vuelos de repatriación a Venezuela, con el Embajador @RichardGrenell supervisando los dos primeros vuelos. HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO OTRA VEZ".
El Gobierno de Trump ha tomado una serie de acciones para cumplir con las promesas de combatir la inmigración ilegal y llevar a cabo la mayor iniciativa de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos.
Esas medidas incluyen la revocación reciente de una decisión del Gobierno del expresidente Joe Biden que habría protegido a aproximadamente 600.000 venezolanos de la deportación. Dicha revocación coloca a un número indeterminado de migrantes en riesgo de ser expulsados del país en unos dos meses.
Trump, un día después del encuentro entre Maduro y Grenell, escribió en su red social Truth Social que era "muy importante destacar que Venezuela ha accedido a recibir, de vuelto en su país, a todos los venezolanos extranjeros ilegales que estaban acampados en Estados Unidos, incluyendo miembros de la pandilla Tren de Aragua. Venezuela además accedió a suministrar el transporte de regreso".
Las autoridades venezolanas indicaron que los deportados serán objeto de una minuciosa pesquisa para averiguar la realidad de sus casos.
"Como corresponde, las personas antes señaladas serán sometidas rigurosa investigación", acotó el régimen venezolano, resaltando que existe "una narrativa falsa y malintencionada" alrededor del Tren de Aragua, para "penalizar a todos los migrantes venezolanos y estigmatizar a nuestro país. Muy por el contrario, la mayoría de los migrantes son personas decentes y trabajadoras".
Más de 7,7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2013, cuando la economía se desplomó y Maduro asumió el poder por primera vez. La mayoría se estableció en otros países de América Latina y el Caribe, pero después de la pandemia del Covid-19, cada vez más migrantes pusieron la mirada en Estados Unidos.
El traslado de deportados venezolanos supone una exención a las restricciones de vuelos directos a Venezuela, impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.
Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019, alegando que ese país impulsa planes para desestabilizar al régimen y forzar su derrocamiento.
Washington congeló todos los activos del régimen venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas, para presionar a Maduro a dejar el poder.
