La Administración Trump cancela el estatus de protección especial que beneficiaba a más de 600.000 venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) comunicó este miércoles la cancelación de la extensión del estatus de protección especial (TPS, en inglés), que protege de deportación y permite residir y trabajar legalmente en el país a más de 600.000 venezolanos, informó The New York Times.

"Antes de irse, [el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro] Mayorkas firmó una orden que dice que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en TPS, lo que significa que iban a quedarse aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y lo detuvimos", dijo la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Fox News.

Además de a miles de migrantes venezolanos, la medida también afecta a más de 234.000 salvadoreños, que creían que no solo estaban protegidos de la deportación, sino que también les conseguirían permisos de trabajo al menos hasta octubre de 2026. Así rezaba el documento firmado por Joe Biden el 17 de enero, que justificó tal medida por "la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Nicolás Maduro".

La Administración anterior dijo que dichas crisis "han contribuido a elevados niveles de delincuencia y violencia, afectando el acceso a alimentos, medicinas, atención sanitaria, agua, electricidad y combustible" en Venezuela. Sin embargo, un funcionario del DHS dijo bajo condición de anonimato a The New York Times que "la prórroga de última hora del Gobierno de Biden era una forma de atarle las manos a los funcionarios de Trump".

El periódico neoyorquino detalló que "quienes recibieron inicialmente el TPS en 2021 mantendrán sus protecciones hasta septiembre, mientras que quienes lo obtuvieron en 2023 las tendrán al menos hasta abril. Noem tiene hasta el sábado para decidir si concede su propia prórroga al grupo de venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023".

En tal sentido, Aaron Reichlin-Melnick, integrante del Consejo Estadounidense de Inmigración dijo que "al tomar esta medida, la secretaria Noem lanza a más de 600.000 personas a un estado de limbo burocrático permanente". Y agregó: "La gente ya no tendrá ninguna certeza sobre si pueden permanecer legalmente en el país hasta finales de año".

El lunes 20 de enero, en su discurso de investidura, el presidente Donald Trump, apuntó: "Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron". En tal sentido, la primera medida del nuevo Gobierno, anunciada después del discurso de Trump fue eliminar CBP One, el sistema de asilo a través del que miles de migrantes han entrado de forma legal al país en los últimos meses.

Además, en una de las decenas de órdenes ejecutivas dictadas por el mandatario poco después de regresar a la Casa Blanca, indicó al DHS "terminar todos los programas y categorías de libertad condicional que sean contrarias a las políticas de EEUU establecidas en mis órdenes ejecutivas, incluyendo el programa conocido como parole (humanitario) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos".