El chavismo huye hacia adelante y convoca nuevas elecciones regionales y parlamentarias

En medio de un periodo de desmovilización ciudadana e incertidumbre entre los venezolanos, al desconocerse las estrategias de la oposición encabezada por María Corina Machado, el chavismo retomó la iniciativa política y de forma exprés convocó elecciones regionales y parlamentarias para el venidero 27 de abril.

Con una tradición electoral que ubica a estos comicios en la última parte del año, será inusual una votación en Venezuela durante los primeros meses de este 2025. En una suerte de huida hacia adelante, el chavismo, según analistas, intentará aprovechar el momento de desesperanza y desconcierto que ha calado entre los venezolanos tras la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero para el periodo 2025-2031.

De acuerdo con la primera lectura de observadores, al unir una estratégica votación de la Asamblea Nacional, con la elección de gobernadores (provinciales) y diputados regionales, el chavismo presionará de esta forma a sus cuadros locales a movilizarse por la consolidación en el poder legislativo y gobernaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La convocatoria de estas elecciones en tan corto tiempo, que en sí fue una sorpresa, coincidió con el medio año de haberse celebrado las votaciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que según las actas de votación recopiladas por la oposición el ganador fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

El mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) que aún no le ha mostrado a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional resultados detallados y verificables de las votaciones del año pasado, anunció estas elecciones.

Con un plazo de apenas tres meses entre el pistoletazo de partida y la fecha fijada para las elecciones, el CNE anunció una nueva convocatoria electoral sin haber puesto en línea, de nuevo, su sitio web que se encuentra caído. La versión oficial aseguró que sufrió un hackeo, pero no se ha brindado información sobre su restitución o sobre la generación de un nuevo sitio.

"Es tan poca seria la convocatoria del CNE a elecciones parlamentarias y regionales que el cronograma del evento se distribuye por grupos de WhatsApp, sin publicarse en la Gaceta Electoral", advierte el periodista especializado en elecciones Eugenio Martínez, al comentar sobre este proceso a DIARIO DE CUBA.

"El CNE eliminó del cronograma de los eventos del 27 de abril la mención a la publicación de resultados en su web site. Tradicionalmente en los cronogramas electorales (hasta 2024) se incluía como una actividad la publicación de resultados en el dominio cne.gov.ve" señala el periodista quien ha recopilado una serie de irregularidades de cara a estas elecciones de 2025.

Si bien persiste la incertidumbre sobre qué estrategia seguirá la oposición encabezada por María Corina Machado, la líder opositora reaccionó con una negativa tajante a participar en unos comicios mientras no se respete la voluntad popular a favor del cambio que se expresó el 28J.

Han comenzado a manifestarse críticas desde diversos frentes contra Machado por su falta de estrategia tras haber transcurrido seis meses desde el fraude electoral del chavismo. Sin embargo, la líder opositora tiene una credibilidad superior al 60%, según un estudio de la firma Mass Behavior Research difundido esta semana.

Las elecciones del próximo 27 de abril, que serían las  dos primeras de un ciclo de nueve elecciones a realizar en 2025, conllevan una serie de restricciones y amenazas desde la institucionalidad plegada al Poder Ejecutivo.

En primer término, se decretó la imposibilidad de que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) participe de esos comicios. Se trata justamente de la tarjeta opositora utilizada en dos elecciones donde se logró vencer al chavismo (parlamentarias de 2015 y presidenciales de 2024).

En segundo lugar, quienes participen como candidatos deben firmar un compromiso de que acatarán los resultados del CNE y no los pondrán en duda públicamente. A esto, además, se suma la amenaza de aplicar la llamada Ley Simón Bolívar, que impone inhabilitaciones por 60 años sobre dirigentes políticos opositores que hablen a favor de las sanciones internacionales o que desconozcan autoridades del chavismo.

Bajo tales restricciones, diversos activistas políticos de oposición advierten sobre el contrasentido de participar en esas elecciones y han recordado además que por más de tres semanas está en situación de detención-desaparición el ex candidato presidencial Enrique Márquez, una figura moderada que capitalizó el voto minoritario de una izquierda crítica con el chavismo. Aunque ilegalizado, el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), respaldo a Márquez el 28 de julio pasado.

Márquez fue llevado a la fuerza por hombres armados y encapuchados, en una misma jornada en la cual se aplicó similar modus operandi contra el defensor de derechos humanos Caros Correa y el yerno de González Urrutia, Rafael Tudares.

Nueve días después fue excarcelado Correa, sin embargo se desconoce dónde están Márquez y Tudares. El excandidato fue vicepresidente de la Asamblea Nacional y ex rector principal del CNE y se había distinguido por tender puentes de diálogo con el chavismo. Desde el 7 de enero su esposa desconoce dónde está y sus abogados no han tenido ningún contacto con él.

Las detenciones de Correa y Márquez, que ocurrieron tres días antes de la toma de posesión del 10 de enero, fueron denunciadas públicamente por el presidente colombiano Gustavo Petro. El mandatario de izquierdas sostuvo que no podía respaldar con su presencia a un régimen que encarcelaba a figuras como Márquez, a quien definió como su amigo, y a Correa, un destacado defensor de derechos humanos. Petro rechazó estar en Caracas el 10 de enero.

Tal como estaba previsto, el 10 de enero de 2025 Nicolás Maduro tomó posesión para el periodo 2025-2031 con un acto deslucido en el que no hubo presencia internacional relevante, al punto de que los únicos mandatarios fueron los dictadores Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua). Asimismo, asistieron Brahim Gali, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, y Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda.