El saldo de más de 60 personas muertas y centenares de desplazados por la violencia es la capa más visible del conflicto que protagonizan los grupos armados, ELN y una fracción de las antiguas FARC en el Catatumbo, fronterizo entre Venezuela y Colombia. Estos hechos tendrán sin embargo resonancia política en los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, según observadores.
Como adelantó DIARIO DE CUBA, hasta este domingo se contabilizaban algo más de 60 personas asesinadas. Activistas de derechos humanos del lado venezolano como Marino Alvarado de PROVEA, advertían sobre la necesidad de protección por parte de Venezuela a centenares de colombianos que se desplazaron huyendo de la violencia en esa zona fronteriza. Esta nueva y en cierta medida inesperada crisis humanitaria será denunciada por el Gobierno de Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Petro, cuya promesa central al asumir la Presidencia en agosto de 2022 fue llevar a Colombia a una paz total, está asistiendo al naufragio de su principal proyecto político para su periodo, que debe culminar en agosto de 2026. El ELN, en sus orígenes de inspiración guevarista, apoyados por el régimen castrista de La Habana y devenidos en organización criminal según los reportes especializados de Insight Crime, históricamente ha boicoteado los acuerdos de paz en los que distintos gobiernos promovieron.
Con el propio Petro, una reconocida figura de izquierdas en Colombia, el ELN ha mantenido diversas divergencias y ha hecho pausar el diálogo. La tajante respuesta de Petro, tras conocerse este capítulo de una violencia sin cuartel entre dos organizaciones con poder de fuego, hace prever que el proceso de paz con el ELN quede encallado definitivamente en el corto y mediano plazo.
El control del territorio en la zona del Catatumbo, en una zona fronteriza donde no parece existir control de ningún Estado, es el telón de fondo de lo que se ha venido registrando desde el 15 de enero. Según la prensa colombiana, el ELN trasladó hombres de la región del Arauca, donde tradicionalmente ha tenido presencia, hacia el Catatumbo, para hacer frente a una facción de las antiguas FARC. Detrás de esto está el control territorial en zonas por donde circulan grandes cantidades de droga.
Las históricas FARC, que firmaron el acuerdo de paz en Cuba con el Gobierno de Juan Manuel Santos, se dividieron tras aquel 2016. Una parte se metió de lleno en la política colombiana con el partido Comunes, mientras que varias facciones decidieron no acogerse a la vida civil y seguir actuando con las armas, pero más que con banderas de reivindicación política, controlando territorio para el cultivo y tráfico de drogas, así como dedicados también a la extorsión, especialmente de ganaderos y comerciantes a lo largo de la amplia frontera colombovenezolana.
En nombre de Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko mientras formó parte de las FARC, denunció este domingo que proseguían ataques en el Catatumbo por parte del ELN contra firmantes de la paz de 2016, civiles y sus familiares. Según Londoño, no se ha manifestado una voluntad firme de parte del Gobierno de Petro en poner fin a esta espiral de violencia con la que se inició 2025 en Colombia.
Para analistas en seguridad, el conflicto también pone sobre el tapete de discusión el rol que ha tenido Venezuela bajo la égida de Nicolás Maduro como una suerte de santuario para los grupos armados irregulares de Colombia.
Petro no ha denunciado públicamente este tema, pero su antecesor, el conservador Iván Duque, sí denunció en diversas ocasiones que las acciones militares legítimas de Colombia para establecer control del Estado sobre el territorio se topaban con la realidad de que muchos hombres del ELN o de las antiguas FARC, al ser perseguidos, sencillamente cruzaban la frontera en Venezuela.
En recientes informes la entidad internacional de derechos humanos Human Rights Watch documentó casos de colaboración entre el ELN y efectivos militares venezolanos en la frontera común a estos dos países.
Pero no es solo con el ELN, también el régimen de Maduro suele tener lazos y dar soporte a las disidencias de la FARC, como lo demostró el caso de Iván Márquez, quien según la revista Semana contó con una larga convalecencia en el hospital militar de Caracas, tras haber sido gravemente herido en un ataque en 2022, en hechos que no se aclararon del todo si fueron responsabilidad del ELN o de otra facción rival de las antiguas FARC.
En los últimos tres años, desde que Petro llegó al poder, las escaramuzas o enfrentamientos con armas de fuego no suelen ser tanto entre los grupos irregulares, antiguas entidades guerrilleras, y las Fuerzas Armadas colombianas, sino que se registran más enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley en aras de tener control sobre las actividades ilícitas.
De acuerdo con un reporte de Insight Crime de mediados de 2024, desde los últimos años está profundamente involucrado en el narcotráfico a nivel internacional, y hoy en día, el ELN está conformado por más de 6.000 integrantes, incluyendo redes de milicianos infiltradas en la población civil. El año pasado, el comandante Antonio García, protegido de Cuba por largas décadas, fue ratificado como comandante general del ELN.
Por su parte, el llamado Estado Mayor Central (EMC) es el liderazgo de los frentes disidentes FARC que decidieron no acogerse al proceso de paz en 2016 con Colombia. Mientras que existe la llamada Segunda Marquetalia, con Iván Márquez a la cabeza, siendo tras 2016 uno de los grupos más grandes de disidentes de las FARC, pero venido a menos en medio de este clima de conflictividad y enfrentamientos.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre los años 2022 y 2023 las facciones de las antiguas FARC tuvieron actividades ilícitas en 20 de los 32 departamentos (estados o provincias) del país sudamericano.
Finalmente, al hacer un balance de la gestión de paz del Gobierno de Petro, la Fundación Ideas para la Paz sostiene que se pasó de una promesa "de la paz total a la paz fragmentada". "Hoy, por la ausencia de método y estrategia, la paz total es más la suma de procesos desarticulados que una estrategia global de negociación. No es claro el punto de llegada que se busca con las negociaciones (que debería ser el desarme), más allá de apaciguar la violencia", sostiene Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de esta fundación sin fines de lucro especializada en estudiar los procesos de paz en Colombia.
