El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró que la próxima semana, en la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz entre ese Gobierno y la guerrilla, Bogotá denunciará al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los diversos crímenes de guerra que ha cometido en el país.
La declaración de Murillo se da en el contexto de los hechos ocurridos en la región de Catatumbo, donde en las últimas horas se han registrado enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha obligado a la evacuación de más de 100 personas que temen por su seguridad.
"Tenemos que ir al Consejo de Seguridad a dar la cara, a informarle lo que está sucediendo, a denunciar las acciones y los crímenes de guerra cometidos por el ELN, y a pedir el apoyo del Consejo de Seguridad para seguir buscando salidas de paz, pero que también se registre una voluntad clara de paz y que se materialice por parte de los grupos armados", aseguró el canciller, citado por el medio colombiano Blu Radio.
A través de su perfil de X, Murillo señaló que el ELN no atendió el llamado de la comunidad internacional para avanzar en el diálogo de paz.
"Desafortunadamente, esta organización armada tampoco escuchó el llamado de la comunidad internacional, en cabeza del Consejo de Seguridad y del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, para avanzar por lograr un cese al fuego perdurable y verificable que garantizara la protección integral de los derechos humanos y la vida de las comunidades y firmantes de paz", afirmó el canciller.
Los cabecillas del ELN permanecieron en Cuba durante años, mientras negociaban con Bogotá el fin del conflicto armado. EEUU puso a La Habana en su lista de países patrocinadores del terrorismo en 2017 precisamente por albergarlos.
En las últimas horas, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en la conflictiva región del Catatumbo, en el norte del país, han dejado ya 60 muertos confirmados en una serie de ataques.
El último balance procede del Puesto de Mando Unificado (PMU) del Ejército colombiano, e incluye 22 fallecidos en el municipio de Teorama; 19 en Tibú; cinco en Convención; cuatro en El Tarra; tres en Ábrego y uno en San Calixto y Sardinata. Además, diversas fuentes apuntan a unos 120 heridos, reportó el medio argentino Infobae.
El gobernador de la región del Norte de Santander, William Villamizar, avisó que la situación en el Catatumbo "es un conflicto que está tomando una dimensión muy amplia" desde finales del año pasado.
"Estamos atendiendo (la situación) de manera urgente a través de mecanismos humanitarios y de verificación de Naciones Unidas", explicó Villamizar, antes de solicitar la visita a la zona del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que el sábado daba por suspendidos una vez más los diálogos de paz con el ELN a raíz de esta violencia, que ha dejado entre los fallecidos a media docena de antiguos guerrilleros que se sumaron al acuerdo de paz de 2016.
En este sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que entre las víctimas se encuentran Jhan Carlos Carvajalino Quintero, Yurgen Martínez Delgado, Albeiro Díaz Franco y Pedro Rodríguez Mejía, quienes habían trabajado en la reincorporación tras el acuerdo firmado con el Gobierno.
Fuentes próximas a las conversaciones aseguran a Caracol Radio que el Gobierno de Petro está estudiando la posibilidad de declarar el "Estado de Conmoción Interior" y decretar un estado de "emergencia social y económica" en la zona en las próximas horas.
El Ejército colombiano, a través del general Giovanni Rodríguez, comandante de la Segunda División, anunció un nuevo despliegue operativo de alrededor de 300 militares para neutralizar los enfrentamientos armados en la zona, que además han dejado cientos de desplazados.
A quién se le ocurre negociar con terroristas, el nombre lo dice todo.
Petro está pagando los pecados de la debilidad de Juan Manuel Santos. Al concederle status beligerante a esos movimientos terroristas y narcotraficantes cuando estaban casi destruidos por el Ejército Colombiano y la policía.