El Tribunal de Paz de Colombia anunció este miércoles la imputación a seis exmiembros de la cúpula de la ya extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el reclutamiento forzoso de niños y otros crímenes cometidos en su contra a lo largo del conflicto armado, como homicidios, tortura y violencia sexual, informó el periódico local El Espectador.
Según las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del acuerdo que desarmó a la fuerza rebelde en 2017 y la transformó en partido político, entre 1996 y 2006 fueron reclutados 18.677 niños y niñas, la mayoría de ellos indígenas o afrodescendientes.
"Se les robó su inocencia, su infancia, su educación, sus juegos y sus sueños", aseguró en una conferencia de prensa en Bogotá el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli.
Si bien el reclutamiento de niños menores de 15 años estaba prohibido en las FARC, el tribunal constató evidencias de "un fenómeno sistemático, no aislado ni esporádico".
El informe señala que al menos 135 menores fueron víctimas de violencia sexual. En estos casos, la JEP señaló a los ex altos mandos como "responsables por omisión y no por autoría material directa", aseguró el ente judicial en un comunicado. Entre las víctimas mujeres, 23% sufrieron abortos forzados y otro 29% fueron sometidas a métodos anticonceptivos sin su consentimiento.
"También, se hallaron patrones de malos tratos, torturas y homicidios contra niños dentro las filas rebeldes, así como diferentes tipos de violencias y discriminación contra menores de la comunidad LGBTI+", subrayó la magistrada Lily Rueda.
Según la JEP, en un 57% de los casos los menores fueron reclutados bajo amenazas, y, en menor medida, bajo engaños, a través de ofrecimientos de comida, trabajo o estudio. Los menores eran parte de las tropas que se internaban en las selvas o de las milicias que operaban en poblaciones urbanas.
Entre los imputados están el último comandante de las FARC y presidente del partido de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, el congresista Julián Gallo y el exguerrillero Milton de Jesús Toncel, requerido por EEUU en una causa relacionada con el narcotráfico.
En una carta firmada por los seis imputados, estos indicaron: "Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido".
"Como uno de los actores involucrados en el largo conflicto armado, entendemos que cumplir nuestros compromisos ante las víctimas y la jurisdicción es parte del camino hacia la no repetición y la reconciliación que tanto necesita Colombia", agregaron.
No obstante, indicó El Espectador, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos de manera formal, así como su responsabilidad, o bien rechazar los mismos. Luego, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad.
A partir de la declaración de los seis exguerrilleros el curso legal de este caso parece ser el de aceptación de culpabilidad. En dicha audiencia pública, detalló El Espectador, "si los comparecientes niegan su responsabilidad, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación donde, de ser vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel".
Sin embargo, "si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso. Esas sanciones podrían ir entre los cinco y los ocho años, pero no son privativas de la libertad", añadió.
