Luego de 23 días de bloqueo de carreteras en Bolivia, promovidos por seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), las acciones contestatarias comenzaron a ceder este martes, toda vez que las fuerzas de seguridad han logrado acabar con varios de ellos, no sin enfrentamientos. Morales, por su parte, que animó las revueltas y justificó el "derecho" a la protesta, apela ahora a la comunidad internacional para establecer una mesa de diálogo con el Gobierno de Luis Arce, informó la agencia Europa Press.
El más reciente reporte de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) muestra 14 puntos donde aún prevalecen los cortes de vías, fundamentalmente en el departamento de Cochabamba, incomunicado con el este y sur del país.
En uno de estos puntos, en Mairana, hubo un enfrentamiento este fin de semana entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, quienes llegaron a tomar como rehenes a policías y periodistas. "Mairana acaba de ser liberada por un operativo conjunto de las fuerzas del orden. Las tareas de desbloqueo continúan en nuestro país y no se detendrán hasta desbloquear todo el país", indicó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en su perfil de X.
Morales, quien está desde el viernes en huelga de hambre, exigió que sean liberados sus seguidores que fueron detenidos tras estas acciones e indicó que "es necesario llevar adelante un diálogo trasparente, oportuno y de cara al país" que esté basado en dos ejes, uno "económico" y otro "político-institucional" para "evitar una mayor confrontación". Sin embargo, el Gobierno respondió que está abierto a conversar siempre que los bloqueos de rutas sean levantados, algo que no ha sucedido hasta ahora.
Este lunes, además, Morales respondió mediante una carta a la preocupación expresada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por la "crítica situación" en el país suramericano. En la misiva, el expresidente calificó de "represión" el operativo militar y policial ejecutado para liberar el paso en la carretera que une la región central de Cochabamba con el occidente del país y sostuvo que esa acción demostró "una falta de respeto a los derechos humanos y una vocación represiva" que, a su juicio, "han alarmado a la comunidad internacional".
Además, embajadores, cónsules y vicecónsules de Bolivia en al menos 30 países suscribieron este domingo su "lealtad inquebrantable" al presidente Luis Arce, después de que Morales instara a una renuncia colectiva de altos funcionarios para no ser "cómplices del peor Gobierno de la historia".
"Ante la invitación de abandonar nuestras funciones, queremos ser categóricos en rechazar ese tipo de insinuaciones, antidemocráticas y reaccionarias, que atentan contra la economía y la seguridad de todo el pueblo boliviano, desconociendo el camino de la democracia para una convivencia armónica y pacífica entre todos", señaló el comunicado.
Según las autoridades bolivianas, los bloqueos han dejado hasta el momento pérdidas económicas por 2.109 millones de dólares y cerca de un centenar de policías heridos en los distintos operativos.
El centro de esta crisis es la pugna entre Morales y Arce, antes aliados. El primero acusó a su heredero y sucesor de "armar" un caso judicial para sacarlo de la carrera presidencial de 2025, toda vez que el expresidente enfrenta varias acusaciones por trata de personas, violación y corrupción ante los órganos jurídicos del país.
Por su parte, Arce acusa a Morales de "boicotear" su gestión para agravar la crisis por razones "personales" y anunció que su Gobierno no permitirá la impunidad. La pelea entre ambos líderes fracturó al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que afronta su peor momento, lo que amenaza su hegemonía política en 18 años de Gobierno.
