El expresidente de Bolivia, Evo Morales, vuelve a ser el centro de un escándalo judicial, que aviva las tensiones internas en el país andino y pudiera representar un escollo en sus intenciones de presentarse a las elecciones presidenciales de 2025. Morales es investigado por la supuesta violación de una menor y un caso de trata de personas que habría ocurrido hace ocho años, cuando estaba al frente del Ejecutivo boliviano, informó el medio digital Infobae.
Este jueves, el Ministerio de Justicia de Bolivia anunció su adhesión a la investigación contra Morales, quien supuestamente tuvo un hijo en 2015 con la referida menor, como parte un caso que las autoridades investigan como delito de estupro. En este sentido, la fiscal departamental de la región boliviana de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que la cabeza del Ministerio Público la echó de su cargo y ordenó frenar una orden de captura contra Morales, emitida a raíz del caso.
"Producto de esa violación, la madre engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento es el señor Evo Morales", el ministro de Justicia, César Siles, durante una rueda de prensa en La Paz. El funcionario informó, además, que solicitará al Tribunal Constitucional la revocatoria de la sentencia que favoreció a Morales, así como la apertura de una investigación contra los jueces que habrían actuado en su beneficio.
"Pediremos que se revise esta decisión para que la justicia se aplique de manera imparcial", dijo Siles a la Agencia Boliviana de Información. Por su parte, el presidente del Estado plurinacional, Luis Arce, con quien Morales mantienes una encarnizada batalla por el poder, declaró que solicitará que la investigación se maneje de manera confidencial, "para evitar la politización del caso y proteger a la víctima".
"Nuestro Gobierno se identifica mucho con los niños. No estamos de acuerdo con este tipo de situaciones y no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentre la culpabilidad correspondiente, sea quien sea", dijo el mandatario.
Sobre la investigación, Morales escribió en su perfil de X: "No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo. No me callarán".
Asimismo, Morales insistió en su narrativa de acusar de "traición" al Gobierno de Arce, de quien antes fue aliado, y afirmó que "destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia".
El líder indígena, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, se encuentra refugiado en la región cocalera de Chapare, en el centro del país, donde es protegido por campesinos y sus seguidores más cercanos. Según su exministro de Gobierno, Carlos Romero, se han movilizado "vigilantes y guardaespaldas" para evitar cualquier intento de aprehensión.
"Desde el sábado han llegado a la zona efectivos militares y policiales para la captura de Morales, lo que motivó que sus seguidores decidan protegerlo", afirmó Romero y agregó que Morales enfrenta al menos cinco procesos judiciales "activados por el Gobierno" en las últimas dos semanas.
En medio de estas tensiones, el Grupo de Puebla expresó su "profunda preocupación" por lo que considera una campaña de lawfare contra Morales. En tal sentido, el foro de la izquierda latinoamericana, que agrupa a una parte de lo más rancio del sector, pidió a Arce no permitir que su Gobierno "participe en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano", y advirtió sobre una posible politización de la justicia "en un momento en que algunas encuestas electorales favorecen al expresidente".
