Sheinbaum tendrá desde el primer día a un país dividido y agitado por la reforma judicial de AMLO

Claudia Sheinbaum comenzará a gobernar México el 1 de octubre venidero. Su Gobierno tendrá un desafío mayúsculo puesto que comenzará funciones teniendo como telón de fondo a un país con posiciones enfrentadas y agitado en torno a la reforma judicial, un asunto que parece constituir un punto de honor para el gobernante saliente Andrés Manuel López Obrador.

Apenas asumió el nuevo Congreso, el pasado 1 de septiembre, en el cual los legisladores (diputados y senadores) del partido de López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sus aliados tienen amplia mayoría, el mandatario entendió que las urnas le habían dado un mandato para cerrar su gobierno de seis años con una reforma del sistema judicial, que le había resultado esquiva por la falta de apoyo en el Parlamento mexicano.

Pero el tema no se define solamente en las esferas del Poder Legislativo. Este domingo, por ejemplo, ocurrió una manifestación masiva en contra de la reforma, así como una minoritaria para respaldarla.

Sheinbaum, como reseñó DIARIO DE CUBA, tendrá un gran poder en México, ya que ha reunido el caudal de votos más grande, así como mayoría calificada en diputados, sumando curules de Morena y partidos minoritarios que apoyan a López Obrador, y solo necesitará dos votos más en el Senado para tener similar mayoría, además de una mayoría de gobernadores del partido oficialista.

Analistas estiman que más que con la oposición, Sheinbaum tendrá que lidiar con López Obrador, quien por la Constitución no podía ir a una relección, pero quien después de seis años tiene un respaldo favorable del 56% de encuestados y no ha anunciado que se vaya a retirar de la vida política.

AMLO, como se le conoce al presidente por su acrónimo, decidió avanzar rápidamente en este mes de septiembre con el tema álgido de la reforma judicial, en semanas previas al cambio en la Presidencia, que se supondría sería un tiempo de pausa para un presidente saliente.

Entre los manifestantes de este domingo estuvieron algunos políticos de oposición, además de un contingente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quienes con gritos de "Poder Judicial aguanta, la UNAM se levanta" mostraron su inconformidad por la propuesta.

La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.

El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a nueve los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.

También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros magistrados de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México. Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.

La reforma judicial en México ha levantado advertencias de organismos multilaterales como Naciones Unidas, de organizaciones empresariales como la International Chamber of Commerce, de calificadoras como Fitch, y de entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS. Han hecho también sus advertencias las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar esa reforma riesgos para la inversión privada y los tratados comerciales.

"El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces solo con la participación de la gente, con la democracia (...) solo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar", dijo AMLO en febrero pasado, cuando no tuvo los votos para que su reforma judicial se aprobara en diputados.

Las elecciones de junio último, en las que ganó ampliamente Sheinbaum, le otorgaron al oficialismo el 73% de las curules dentro de la Cámara de Diputados, suficientes para tener una mayoría calificada y poder pasar modificaciones constitucionales sin necesidad de dialogar con la oposición. En el Senado, Morena y sus aliados ostentan 83 representantes, a solo dos de lograr la mayoría calificada y aprobar totalmente cualquier reforma constitucional.

Ante este panorama, y con la reforma judicial como la prioridad máxima para el Gobierno saliente, un amplio sector de la ciudadanía mexicana ha mostrado su inconformidad con esta propuesta.

Sin embargo, la reforma judicial ya fue aprobada por la Cámara Baja el pasado 4 de septiembre, en una sede alterna al Palacio Legislativo de San Lázaro, debido al bloqueo del edificio por parte de trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la norma. Y se encuentra rumbo a ser debatida en la Cámara Alta, donde algunos representantes de Morena afirman que el oficialismo ya tiene los votos necesarios, negociando con partidos no aliados, para pasar la reforma y hacerla realidad.

Sin presencia mayoritaria de los partidos de oposición en el Congreso, la única posibilidad de que la reforma sea detenida podría estar en el propio sistema de justicia, lo cual en caso de suceder acarrearía un choque de poderes, entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nunca visto en México en el último siglo.

El presidente López Obrador advirtió el viernes pasado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que esta cometería una "aberración" si bloquea la reforma judicial que empuja el mandatario saliente.

AMLO, quien no oculta que esta polémica reforma es su proyecto, criticó a la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, quien resolvió consultar a sus colegas para saber si la Corte es competente para frenar la reforma que avanza en el Congreso, como pidieron funcionarios judiciales en huelga mediante un recurso legal.

Para el economista Gerardo Esquivel, de aprobarse la reforma judicial tendrá un impacto económico, pero no estima que sea inmediato. Este experto cree que será un efecto negativo de mediano y largo plazo.

"El principal problema es que aumentarán las dudas sobre el entorno institucional y sobre la independencia del Poder Judicial en el país. Nuestra economía se percibirá como más riesgosa. Esto ahuyentará a algunos inversionistas y podría reducir sensiblemente los potenciales efectos positivos de la relocalización de empresas", sostiene.

Con esto, "la inversión privada, tanto doméstica como extranjera, será menor de lo que pudo haber sido, lo que tendrá efectos en la capacidad de crecimiento del país", apunta Esquivel.

AMLO, por su parte, niega que su proyecto vaya a tener consecuencias económicas, que, en caso de ocurrir, tendrían lugar con el mandato de Sheinbaum.