López Obrador lanza una propuesta de profunda reforma constitucional a ocho meses de dejar el poder

Lo ha presentado como su legado. Ciertamente, si se aprueban las reformas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, a escasos ocho meses de que concluya su sexenio en el poder, México tendrá un punto de inflexión histórico en materia institucional, cuyas consecuencias podrían comprender el achicamiento del pluralismo y la politización abierta de la Justicia.

Con las elecciones generales previstas para el 2 de junio de este año, y teniendo como favorita a la oficialista Claudia Sheinbaum, para suceder a AMLO (el acrónimo que usa de forma recurrente para referirse al presidente), el jefe de Estado saliente ha escogido un momento inusual para plantear reformas de gran calado. Su gobierno concluirá el 30 de septiembre de este año.

Analistas temen que sea parte de una estrategia para sumergir el debate constitucional en una campaña electoral que le es abiertamente favorable a López Obrador y a la que se prevé sea su sucesora, Sheinbaum, quien fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

En una suerte de batiburrillo, AMLO ha presentado un total de 20 reformas que van desde temas de previsión social, jubilaciones y ayudas del Estado, hasta la reducción del Congreso, la desaparición de institutos autónomos, incluyendo el electoral, así como la elección por voto popular de jueces y magistrados.

"No es un hecho casual. El presidente busca el apoyo popular a temas que nadie podría negarse a respaldar, como dar apoyo del Estado a discapacitados, y lo presenta junto a una reforma a fondo del Estado que posiblemente sea más incomprensible para el mexicano de a pie", explica a DIARIO DE CUBA un observador de una fundación política alemana en Ciudad de México.

Entre las propuestas del presidente figuran reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Además, López Obrador propuso que tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía. En esa dirección, el instituto electoral, de carácter autónomo, así como otras dependencias, dejarían de contar con tal condición.

En el plan presentado este 5 de febrero por AMLO, los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores, serán electos de manera directa por voto popular, lo cual en la práctica implicaría —según analistas— una abierta politización de la carrera judicial.

El portal de periodismo independiente Animal Político cuestionó al presidente, ya que "entre los argumentos que usó para impulsar sus iniciativas hay algunos que no tienen sustento, son contradictorios, o se basan en desinformación".

En lo que ha sido una suerte de leitmotiv de su Gobierno de más de cinco años, López Obrador llamó a volver a redactar "con mayor claridad y contundencia" el artículo constitucional referido a los emolumentos oficiales. Según el mandatario, la reforma debe establecer de forma clara que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe el jefe de Estado.

De acuerdo con el periodista Julián Andrade, AMLO "quiere cambiar la estructura del Estado mexicano y en esencia terminar o debilitar cualquier contrapoder que salvaguarde los derechos de las minorías".

A juicio de Andrade, al ser consultado por DIARIO DE CUBA, al instalar en la agenda pública este listado de reformas constitucionales el presidente López Obrador busca que en caso de que no sean aprobadas por el actual Congreso, esto podría ser distinto si Morena, el partido oficial, y sus aliados obtienen la mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados en las elecciones de junio próximo.

AMLO, quien ya ha manifestado abierta discordancia con la Suprema Corte, a la que ha acusado de ser un "poder conservador" y "corrupto", plantea una reforma significativa: se pretende reducir de 11 a nueve ministros el pleno de la Corte, acortar su periodo de 15 a 12 años y bajar los salarios de sus integrantes.

Voceros de oposición y especialistas advierten de que el cambio abriría la puerta a perfiles de jueces que no están calificados y a la injerencia de grupos de interés o, incluso, del crimen organizado en las decisiones del máximo tribunal de México.

"El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos", señaló López Obrador en su discurso este lunes.

Con un 56,9% de aprobación, según el sondeo mensual de Mitofsky con encuestas aplicadas en diciembre último, López Obrador parece conectado con el ciudadano común, ya que según esta misma firma tres de cada cuatro mexicanos perciben que hay mucha corrupción en el país, pero esto no se le adjudica al jefe de Estado.

Con esta propuesta de reformas variadas a la constitución, AMLO retomó tesis que había planteado en un plan de reforma político-electoral de abril de 2022, con la que buscaba modificar 18 artículos de la Constitución.

Dicha iniciativa de reforma constitucional fue desechada en la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2022. Días después, el presidente presentó el llamado "Plan B", que modificaba leyes secundarias en materia electoral, sin que implicarán una reforma constitucional y siendo aprobadas por el partido oficial, Morena.

Finalmente, esto fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2023, ya que según los magistrados se violó el proceso legislativo.