La Suprema Corte de Justicia, el nuevo campo de batalla de López Obrador en un año electoral

Cada día el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofrece una "mañanera", que dista de ser una conferencia de prensa tradicional. Transmitida por la radio y la televisión de México, y seguida por la prensa nacional e internacional, en este espacio el mandatario traza simbólicamente un ring de boxeo y mete allí a sus adversarios. Ahora le tocó el turno a la Suprema Corte de Justicia.

Con unas elecciones en apenas cuatro meses, si bien no es candidato AMLO (el acrónimo con el cual también se le llama usualmente) se juega la continuidad de su gestión y se mueve en el terreno donde tiene fortalezas: generar discusión pública, encontrar adversarios y victimizarse ante la sociedad. Es una receta que parece haberle dado resultados, ya que tras cinco años en el poder tiene un nivel de aprobación del 56%, de acuerdo con sondeo del diario El Financiero.

López Obrador promueve la candidatura presidencial de la ex jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, y asegura que ella le dará continuidad a las transformaciones que inició en 2018. Sheinbaum, de acuerdo con un reciente sondeo de Berumen, tiene prácticamente un endoso de la popularidad de AMLO, ya que el 55% dice que votaría por ella, sacando más de 20 puntos a la candidata opositora Xóchitl Gálvez.

Mientras transcurre la campaña, que llevará a México a un periodo inédito, ya que pasará a estar gobernado por una mujer, López Obrador sostiene que aún hay varias transformaciones pendientes del Estado mexicano y ha puesto el foco en la Suprema Corte de Justicia.

Por un lado, mostró recibos de pago para denunciar los altos salarios que a su modo de ver reciben los magistrados y magistradas del máximo tribunal mexicano. López Obrador señaló que tienen un sueldo de casi 800.000 pesos mensuales (unos 46.000 dólares), y sostuvo que pese a que "los ciudadanos son quienes les pagan su salario, son los verdugos del pueblo".

En un paquete de reformas legales que enviará al Congreso el venidero 5 de febrero, López Obrador anunció incluirá una destinada a evitar que los ministros (magistrados) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganen más que el presidente de turno. En este momento, según el mandatario, los magistrados perciben sueldos cuatro veces superiores a él.

Junto a eso, el presidente ha cuestionado públicamente las decisiones del máximo tribunal. A su juicio la reciente liberación de ocho militares involucrados en el Caso Ayotzinapa, fue para hacerlo "quedar mal" ante el pueblo mexicano.

El 23 de enero, AMLO lo dedicó a cuestionar la decisión que benefició a ocho militares investigados en relación a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, desde 2014. Se trata de un caso que mantiene en vilo a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

"Es lamentable que el Poder Judicial no se ocupe de garantizar la justicia, lo que sucedió es algo que no puede pasar", aseveró el presidente de México, quien incluso reconoció haber enviado una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, para evitar que se produjera esta decisión.

"La postura más fácil, pero no correcta, es señalar y acusar al juzgador cuando las resoluciones son contrarias a las pretensiones del Ministerio Público. Muy poco se trata y se cuestiona la preparación y capacidad de litigio de las oficinas jurídicas del Gobierno y de los fiscales, quienes tienen grandes oportunidades de mejora para blindar sus casos y ganar en tribunales", coloca en perspectiva el investigador Ernesto Villanueva, al ser consultado por DIARIO DE CUBA.

Villanueva, investigador en el área jurídica de la Universidad Autónoma de México, cree que se debe evitar "este intercambio incesante de desencuentros" del presidente con el Poder Judicial, y por el bien de la Justicia y en aras de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos deberían actuar de manera conjunta para identificar las debilidades y dar respuesta a las mismas.

Por otro lado, ha subido de tono el debate en torno a la Suprema Corte a medida que se acerca lo que se espera sea una decisión en contra del Gobierno. Tras un conjunto de "acciones de inconstitucionalidad" presentadas ante el máximo tribunal mexicano, se espera terminen siendo anuladas un conjunto de 11 reformas aprobadas en pasado 28 de abril del 2023.

De acuerdo con el medio EmeEquis, figuran aquellas que permiten al Ejército tomar el control simultáneo de aeropuertos y una línea aérea, la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar y cambios a la Ley de Minería, entre otras.

Las reformas fueron aprobadas por la mayoría legislativa del partido oficialista Morena, completamente alineado con el Gobierno de AMLO, en una sesión que los legisladores opositores calificaron de "Viernes Negro".

En esa sesión del 28 de abril de 2023, es lo que se prevé termine dictaminando la Suprema Corte de Justicia, se produjeron "violaciones graves" en el procedimiento legislativo y, por tanto, no tendrían validez sus decisiones.