El proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso, en Ecuador, entró en su fase decisiva. Aunque el mandatario conservador está en el banquillo de los acusados, no se ve con claridad el desenlace que tendrá cuando llegue la votación definitiva en la Asamblea Nacional.
Semanas atrás parecía inevitable la destitución de Lasso, en medio de expresiones de soberbia del mandatario y una notable desconexión con actores sociales y otros referentes políticos, pero en este tiempo crucial para el futuro del Gobierno se ha destacado como articulador y en el manejo de la crisis el ministro jefe de Gabinete Henry Cucalón Camacho, comenta a DIARIO DE CUBA el periodista César Ricaurte.
A diferencia de los 104 legisladores que votaron a favor de dirigirse a la Corte Constitucional, el pasado 4 de marzo, cuando se activó el proceso, este 9 de mayo solamente 88 votos se manifestaron a favor de convocar la sesión en la que se decidirá si se destituye a Lasso. El presidente tiene la potestad de presentarse en la sesión y dirigirse a los integrantes del Parlamento.
La tesis del enjuiciamiento ha perdido fuelle, según observa Ricaurte, veterano periodista de la fuente política y director de la reconocida ONG Fundamedios. Para destituir al presidente se necesitan 92 votos y además, públicamente, resultó contradictorio que los legisladores —principalmente del correísmo y de sectores extremistas del movimiento indígena— se saltaran la aprobación previa del informe de la Comisión de Fiscalización.
Esta Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que analizó las más de 100 pruebas que se entregaron en el proceso de juicio político al presidente ecuatoriano por el delito de peculado, no alcanzó los votos para aprobar el documento que recomienda que no se dé el enjuiciamiento del mandatario.
"No existen elementos para establecer responsabilidad política alguna por el delito de peculado", fue una de las conclusiones en la sesión de la Comisión el pasado 6 de mayo, que concluyó sin acuerdo y con la ausencia de tres de las cuatro proponentes del juicio político. En este momento, para Ricaurte, el proceso "no tiene mucho asidero".
Tras descartarse otras acusaciones, la bancada parlamentaria afín al expresidente Rafael Correa, puso sobre el tapete el contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, FLOPEC, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool.
"Se trata de transporte de petróleo que incluso data de la época de Correa (2007-2017), luego con el Gobierno de Lenín Moreno fue renovado, y básicamente Lasso lo que hizo fue mantener ese contrato", explica el periodista para patentizar la falta de una causa de peso que justifique la destitución del presidente.
"El desenlace no está cantado. En este momento la oposición no tendría los 92 votos necesarios", precisa el director de Fundamedios.
Este proceso ha dejado al descubierto la alianza entre los diputados del correísmo y de un sector radicalizado del movimiento indígena, ligados a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que estarían propiciando un escenario de desestabilización política.
Ricaurte enfatiza también el rol presidencial estrecho y conservador que ha tenido Lasso, quien fue electo en 2021 para un periodo de cuatro años.
"Lasso ha cometido muchos errores, ha gobernado con mucha arrogancia y siendo sordo y ciego ante las demandas sociales. El presidente ha cerrado cualquier posibilidad de diálogo con la sociedad civil", precisa.
Ante un rol cerrado del jefe de Estado, sumando detractores y enemigos políticos, resalta el periodista el papel que ha venido a jugar en este crisis el ministro Cucalón, haciendo un esfuerzo por reconectarse con la diversidad de fuerzas políticas, desde que se sumó al Gobierno a fines de febrero.
"Cucalón ha sido realmente formidable. Se daba por hecho el enjuiciamiento, ahora las cosas no están tan claras", acota Ricaurte.
El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, deberá convocar una sesión especial de la Asamblea Nacional, donde también va a comparecer el jefe de Estado. Este 10 de mayo el movimiento que respalda a Correa, quien está exiliado en Bélgica prófugo de la Justicia ecuatoriana, dijo que apoyará a Saquicela para que este encabece el Parlamento en el bienio 2023-2025.
Finalmente, el presidente Lasso tiene también la opción de decretar la muerte cruzada, una figura que está en la Constitución ecuatoriana que le da el poder de disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas. El mandatario ha dado mensajes contradictorios sobre si usará o no este recurso constitucional, aunque en una reciente entrevista con Financial Times dejó entrever que sí lo usaría en caso de ser inminente su destitución.
