El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se activó oficialmente este 3 de abril, en el seno del Parlamento unicameral dominado por fuerzas de oposición, cuatro días después de que la Corte Constitucional admitiera el procedimiento por el presunto delito de peculado.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, el mismo órgano que ya se dirigió a la Corte Constitucional para notificarle sobre las presuntas irregularidades administrativas, tiene un plazo de diez días en el que recomendará el juicio al pleno del Legislativo. Se da por descontado que Lasso será sometido a juicio político, con lo cual eventualmente podría ser destituido.
En un mensaje a la nación, este domingo, horas antes de que se activara el proceso en el seno del Legislativo, Lasso dijo que haría frente al proceso y descartó que vaya a utilizar el mecanismo legal para disolver a la Asamblea Nacional y a su propio Gobierno, con un adelanto de elecciones generales, porque esto le cubriría de sospechas. Según él, su gestión ha sido decente y transparente.
"No quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicte una 'muerte cruzada' para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea", señaló Lasso, con lo cual se descarta la estrategia de disolver poderes y de esa forma abortar el juicio político.
El 30 de marzo la Corte Constitucional concluyó que sí había pruebas para activar el proceso que puede conducir a la destitución presidencial. Originalmente la Asamblea Legislativa le había acusado de dos delitos, pero la mayoría de los jueces decidió no admitir la acusación del presunto delito de concusión y dar paso solo al de peculado.
Al no admitir la concusión, la Corte Constitucional descartó que con los hechos de los que se le acusa, de malversación de fondos públicos, Lasso se haya enriquecido directamente.
Aunque parecía inviable cuando ocurrieron las últimas elecciones generales, hace dos años, durante su breve gobierno Lasso logró que se amalgamaran en su contra fuerzas políticas en las antípodas ideológicas, y además enfrentadas cotidianamente en la arena política ecuatoriana, como el correísmo con la Unión por la Esperanza, el movimiento indígena Pachakutik y el Partido Social Cristiano (Conservador).
La suerte del presidente quedó sellada el pasado 4 de marzo, cuando una plenaria legislativa aprobó de forma arrolladora el informe de la Comisión y decidió dirigirse a la Corte Constitucional para activar el juicio.
En esa oportunidad, se requerían de 70 votos para activar el proceso, y en total 104 legisladores la aprobaron. Para la destitución se necesitarán 92 votos, con lo cual la posibilidad de que Lasso no concluya su mandato cobra fuerza entre analistas y observadores políticos de este país andino.
De acuerdo con el informe de la Comisión Legislativa, encabezada por la diputada del correísmo Viviana Veloz, existen vínculos del cuñado del presidente, Danilo Carrera y su amigo cercano Rubén Cherres, con el narcotráfico y una red de corrupción que se tejió a través de sobornos por contratos en las empresas públicas —de carácter estratégico— como la petrolera estatal, telecomunicaciones y la de electricidad.
Según los legisladores, Lasso habría estado al tanto de estos hechos y no los denunció ante la Justicia. Además de la investigación parlamentaria, la Fiscalía también inició una investigación judicial.
El caso ha retumbado en la opinión pública tras conocerse que Cherres fue asesinado precisamente este 31 de marzo, un día después de que la Corte Constitucional admitiera el proceso contra Lasso.
Tanto el cuerpo de Cherres, de 63 años, como el de las otras tres personas, entre ellas dos hombres y una mujer, se encontraban maniatados y con impactos de bala, según informó la Fiscalía ecuatoriana. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que los cuatro presentaban signos de tortura. Sobre este empresario, cercano al Gobierno, pesaba una orden de detención emitida el 21 de enero.
El escándalo estalló en enero pasado, a raíz de que el portal La Posta revelara una supuesta estructura de corrupción montada por Carrera. Audios difundidos por ese medio involucran supuestamente a Carrera, quien no ha ocupado ningún cargo en el Gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).
La voz atribuida a Cherres se escuchaba en varios de los audios que difundió La Posta cuando develó la trama de corrupción. Poco después, el nombre de este empresario asesinado estuvo nuevamente en la palestra, ya que un informe de la Policía Antidrogas lo vinculaba a una posible red de narcotráfico.
De acuerdo con una encuesta difundida hace dos semanas, de la firma Click Research, cuatro de cada diez ecuatorianos prefería que Lasso completara su periodo presidencial de cuatro años, pero la mayoría se inclinaba entre su destitución y la llamada "muerte cruzada", que implicaría un adelanto de elecciones generales.
Casi el 82% de los consultados calificaron de mala su situación económica personal, en ese estudio.
"Ecuador es uno de los pocos países sudamericanos (junto con Venezuela y Surinam) que, hasta 2022, no habían recuperado los ritmos de crecimiento económico anteriores a la pandemia", explica el sociólogo Franklin Ramírez Gallegos, como una de las causas del descontento entre los ecuatorianos con la gestión de Lasso.
El exiliado expresidente Rafael Correa (2007-2017) aseveró este 3 de abril que "en cualquier momento se va a caer este Gobierno (de Lasso), porque es un desastre total". Correa es prófugo de la Justicia ecuatoriana, tras haber sido condenado por casos de corrupción y reside en Bélgica.
Parece que los gobernantes izquierdistas sí están autorizados a cometer peculado.
Correa es prófugo de la Justicia ecuatoriana, tras haber sido condenado por casos de corrupción y reside en Bélgica.