Cuando Guillermo Lasso asumió la jefatura de Estado de Ecuador, siendo minoría en el Parlamento pero tejiendo una alianza con indígenas y conservadores para hacerle frente al correísmo, no era previsible que esas tres fuerzas terminarían uniéndose entre sí, pero en su contra, para llevarle a un juicio político que podría acabar con su destitución como presidente.
El conservador Lasso está justamente en la mitad de su periodo de gobierno de cuatro años y este 4 de marzo la Asamblea Nacional de forma arrolladora aprobó el informe que recomienda llevarle a un juicio político. Se necesitaban 70 votos para que se activara el proceso, que puede concluir en la destitución presidencial, y 104 legisladores votaron a favor.
De forma inédita en los últimos años, fuerzas políticas en las antípodas ideológicas, y además enfrentadas cotidianamente en la arena política ecuatoriana, como el correísmo con la Unión por la Esperanza, el movimiento indígena Pachakutik y el Partido Social Cristiano (Conservador), votaron a favor de manera conjunta.
Esta votación reiteró la fragilidad de Lasso en el Parlamento, mientras aumenta el rechazo ciudadano hacia su gestión. Solo 18 legisladores apoyaron al mandatario, tres se abstuvieron y una docena decidió no asistir a la sesión plenaria.
De acuerdo con estudios de opinión pública, previos a la votación parlamentaria del 4 de marzo, el rechazo hacia el Gobierno de Lasso se ubicaba ya cerca del 70%. Además del triunfo del correísmo en las elecciones municipales y regionales de hace un mes, según analistas, debe interpretarse también como un rechazo a la gestión del presidente conservador, un exbanquero que peleó por la Presidencia en las urnas en tres ocasiones, hasta que fue electo en 2021.
Tras varias semanas de investigación, una comisión parlamentaria ad hoc, encabezada por la correísta Viviana Veloz, decidió recomendar ante el pleno del Parlamento que Lasso sea enjuiciado políticamente.
De acuerdo con el informe de esta comisión, existen vínculos del cuñado del presidente, Danilo Carrera y su amigo cercano Rubén Cherres, con el narcotráfico y una red de corrupción que se tejió a través de sobornos por contratos en las empresas públicas —de carácter estratégico— como la petrolera estatal, telecomunicaciones y la de electricidad.
Según los legisladores, Lasso habría estado al tanto de estos hechos y no los denunció ante la Justicia. Además de la investigación parlamentaria, la Fiscalía también inició una investigación judicial.
El escándalo estalló en enero pasado, a raíz de que el portal La Posta revelara una supuesta estructura de corrupción montada por Carrera. Audios difundidos por ese medio involucran supuestamente a Carrera, quien no ha ocupado ningún cargo en el Gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).
El paso siguiente, en el recorrido que se espere lleve eventualmente a la destitución de Lasso, comprende que un diputado con el respaldo de otros 46 presente entregue ante la presidencia del Parlamento una solicitud por escrito de que se abra un juicio político. Luego de verificaciones por parte de otra comisión legislativa, se eleva la solicitud ante la Corte Constitucional.
En el ínterin, en medio de las tensiones institucionales por este proceso, el movimiento indígena que originalmente fue aliado de Lasso, dado su rechazo a la fuerza que respalda al expresidente Rafael Correa (2007-2017), ha anunciado una serie de protestas de calle a partir de 8 de marzo para denunciar "la política neoliberal" del presidente conservador.
A inicios del Gobierno de Lasso este se benefició de la histórica confrontación de los indígenas con Correa. Al expresidente de izquierdas, que tiene cargos en su contra por corrupción según la Justicia ecuatoriana, el movimiento indígena le acusa de llevar adelante una política extractiva en territorios indígenas, sin escuchar los puntos de vista ni respetar las costumbres y cultura ancestrales.
Desde su exilio en Bélgica, Correa se congratuló por el papel de sus adláteres en el Parlamento en Quito en este proceso en contra de Lasso. Hábilmente evitó referirse a la alianza parlamentaria de sus seguidores con sus otrora archirrivales como son el movimiento indígena Pachakutik y el Partido Social Cristiano (Conservador).
Precisamente el legislador socialcristiano Luis Almeida aseguró que sí habrá juicio político al mandatario ecuatoriano y anunció que el Parlamento exigirá la comparecencia del presidente Lasso, para que presente su versión.
