Guillermo Lasso sigue siendo el presidente de Ecuador y tal vez esto sea ya una victoria personal para el mandatario, que sobrevivió a casi tres semanas de protestas y bloqueos de vías, a una votación legislativa que buscaba destituirle y a un fuego cruzado opositor del movimiento indígena, así como del "correísmo", todo esto a 14 meses de haber asumido el poder para mandato que culmina en 2025.
Lasso debió hacer varias concesiones, desde destituir a varios de sus más cercanos colaboradores, tras la ola de protestas y represión de estas, así como aumentar el subsidio al combustible un asunto al que se había negado, y como telón de fondo tiene ahora —también— una posición debilitada en el seno de la Asamblea Legislativa.
Hace un año, como lo reseñó DIARIO DE CUBA, diversos analistas saludaron la estrategia seguida por Lasso de aliarse en el Legislativo con la representación política del movimiento indígena Pachakutik, con lo cual evitó que los delfines políticos del ex presidente Rafael Correa se hicieran de la presidencia del congreso unicameral. Correa es prófugo de la Justicia ecuatoriana y recibió asilo en Bélgica.
Teniendo su partido CREO apenas una docena de diputados, de un total de 137 legisladores, Lasso aprovechó la grieta que sigue separando a los indígenas del llamado correísmo, una brecha que se abrió por el extractivismo que siguió Correa durante sus periodos presidenciales (2007-2017), lo cual le valió duras críticas de los pueblos originarios, de cuyas tierras precisamente se extrajeron recursos naturales y se desarrolló explotación minera sin su consentimiento previo.
En mayo último, la destitución de la indígena Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea electa en 2021, puso punto final a una suerte de tregua entre Lasso y los movimientos indígenas, que socialmente confluyen en la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE) y cuyo brazo político institucional es el movimiento Pachakutik.
El 30 de junio el Gobierno ecuatoriano y la CONAIE firmaron un acuerdo, que significó levantar las protestas y bloqueo de vías por parte de los indígenas, y del lado del Gobierno se concedieron varias solicitudes hechas por los pueblos originarios de Ecuador. Tras largos días de represión, crispación y falta de entendimiento, el acuerdo se logró por la mediación de los obispos católicos.
Entre los puntos acordados por ambas partes, el más complicado fue el relacionado con el precio del combustible, un asunto en el cual Lasso se negaba de forma tajante, antes de que comenzaran las protestas el pasado 13 de junio. Finalmente, el Gobierno cedió, primero dijo que rebajaría diez centavos de dólar y luego 15 centavos de por galón para los combustibles subsidiados. Los grupos indígenas demandaban originalmente una reducción de 40 centavos.
En el acuerdo también se incluyó el compromiso del Gobierno ecuatoriano de derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía y frenar las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios ancestrales de pueblos indígenas.
Simbólicamente, según analistas, Lasso quedó como rehén de las presiones hechas por las movilizaciones indígenas, además de tener una respuesta inicial muy cuestionada como fue ordenar la detención del presidente de la CONAIE, Leónidas Iza Salazar, un hecho que avivó el malestar social. Luego el presidente debió revertir esta acción policial y reconocer a Iza como interlocutor. La conjunción de estos factores terminó mostrando desatinado y débil a Lasso.
Tan atrapado está Lasso por las demandas y amenazas del movimiento indígena, que el propio Iza terminó dándole un lapso de 90 días al Gobierno, y en caso de que no se cumplan sus demandas volverán a movilizarse. Las protestas en Ecuador de este mes de junio dejaron un saldo de al menos seis muertos y alrededor de 500 heridos entre manifestantes y agentes de policía.
El Gobierno denunció que el correísmo aprovechó la protesta legítima de indígenas para generar caos y acciones violentas especialmente en Quito, la capital. Indígenas y seguidores de Correa siguen sin tener una estrategia común, pero ambos coinciden ahora en cuestionar a Lasso y si unen sus votos en el Parlamento pueden boicotear o ralentizar las iniciativas legislativas del oficialismo.
Unión por la Esperanza, de los delfines políticos de Correa, tiene 48 de los 137 legisladores, mientras que el movimiento Pachakutik cuenta con 27, siendo las dos primeras bancadas legislativas. En la votación que tuvo lugar el 28 de junio, con el fin de destituir al jefe de Estado no se lograron los 92 votos necesarios, ya que partidos minoritarios de centro, izquierda y el propio CREO de Lasso lo impidieron. Sin embargo, el mandatario está en minoría parlamentaria y aún tiene por delante tres años de gestión.
Al analizar el contexto post-pandemia de Ecuador, el Banco Mundial sostiene que la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 generó "una profunda recesión que provocó un repunte de la pobreza" y este recrudecimiento de la crisis económica "amplificó los desequilibrios macroeconómicos que el país estaba intentando subsanar".
Como quedó en evidencia con la ola de protestas de junio pasado, el Gobierno de Lasso deberá compaginar una apuesta por poner en orden la economía y al mismo tiempo dar respuesta a los más necesitados.
Para el Banco Mundial, "Ecuador requiere mejorar la eficiencia de sus políticas públicas para proteger a la población más vulnerable y brindarles acceso a mayores oportunidades".
Con 17 millones de habitantes, alrededor del 8% de la población ecuatoriana es indígena. La pobreza en las zonas rurales, donde se asientan los pueblos originarios, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador (INEC), es elevada. Un 43% está en pobreza y el 18% en pobreza extrema.
