La ONU exige un juicio justo para Jeanine Áñez y Evo Morales estalla

Evo Morales acusó el miércoles al relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, de apoyar a los "golpistas" de Bolivia por manifestar que la ex mandataria interina Jeanine Áñez merece un juicio de responsabilidades.

"García-Sayán repite la tergiversación de medios aliados de la derecha golpista. Además de eso, olvida que cualquier ciudadano tiene derecho a opinar sobre cuestiones jurídicas para conseguir justicia. Su apoyo a los golpistas es apoyo a la injusticia y a la impunidad", expresó Morales en una serie de tuits.

No solo el relator especial de la ONU se pronunció sobre el proceso, que concluyó la semana pasada con la imposición de diez años de prisión contra Áñez. También la ONG Human Rights Watch (HRW),a través de su investigador en Bolivia, César Muñoz, apuntó que el fallo evidencia la politización de la justicia en ese país.

"En HRW tenemos tres preocupaciones fundamentales sobre cómo se llevó a cabo este proceso judicial. La primera es que Áñez fue detenida en marzo de 2021 por cargos de terrorismo, sedición y conspiración, pero nosotros no hemos encontrado evidencia sobre ello. La segunda es que a la ex presidenta no se le permitió estar presente físicamente durante el juicio, mientras que fiscales, abogados y otros sí podían asistir", explicó, en entrevista con Deutsche Welle. 

"Nuestra tercera preocupación es que los cargos por los que ha sido condenada son tipos penales que están descritos de una forma muy vaga en la ley boliviana, y también han sido usados en el pasado para casos que tenían toda la apariencia de originarse por motivación política", agregó.

Ante una pregunta según la cual la Administración de Áñez habría actuado de forma similar cuando ella era presidenta para perseguir a Morales, Muñoz indicó: "El problema de la Justicia en Bolivia viene de hace mucho tiempo. El Gobierno de Morales creó un contexto de debilidad estructural y de falta de independencia de la Justicia. Áñez podría haber impulsado una reforma de la Justicia, pero no lo hizo. Al contrario, continuó con las mismas prácticas de forma arbitraria y sin base contra Morales y personas vinculadas a él".

"La falta de independencia de la Justicia en Bolivia es grave. En primer lugar, no hay claridad ni transparencia a la hora de designar jueces y fiscales, y a la hora de removerlos. En la época de Morales, documentamos casos de jueces que habían sido removidos de sus cargos sin una explicación. Esa falta de estabilidad en el puesto significa que cuando ellos tienen que tomar una decisión es posible que estén pensando en su futuro profesional y no en la ley. Así, el estado de derecho y el debido proceso no están garantizados", advirtió.

El experto de HRW señaló su preocupación porque las muertes y casos de "aparente tortura que ocurrieron a finales de 2019 siguen impunes. Según los datos que tenemos, hubo, por lo menos, 37 muertos, incluyendo 20 personas que murieron en dos masacres, en la que toda la evidencia indica que los autores fueron agentes del Estado".

Muñoz advirtió que la defensa de Áñez apelará la sentencia. "La Fiscalía también ha dicho que va a apelar porque quiere una pena mayor. Pero Áñez no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. La cuestión es que cualquier acusación que se refiera a hechos que ocurrieron durante su Presidencia tendría que ser aprobada por dos tercios de la Asamblea, porque así lo determina la Constitución".

El oficialismo exige destituir a los funcionarios del Estado que "hablen mal" de Morales

La bancada de legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) pidió al Ejecutivo boliviano que se pueda destituir a los servidores públicos que "hablen mal" del ex presidente Evo Morales, el partido u otros dirigentes oficialistas.

El diputado oficialista y jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, leyó el lunes las conclusiones de la reunión que entablaron el fin de semana con el Ejecutivo boliviano, entre cuyas conclusiones estuvo pedir la "destitución de los servidores públicos que hablan contra el MAS, el expresidente Evo Morales y dirigentes de otros sectores sociales".

Asimismo, exigió que se destituya a los funcionarios públicos que ingresaron a trabajar en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, citó EFE.

Entre las otras conclusiones está reconocer el "liderazgo de la conducción política" del MAS del ex presidente Morales y reconocen a Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente de Bolivia.

Además se convocará a una reunión trimestral al "líder" Evo Morales con Arce, Choquehuanca, los ministros y miembros del Pacto de Unidad, un bloque de organizaciones indígenas y campesinas afines al Gobierno de Bolivia.

En la reunión también resolvieron pedir al Ministerio de Justicia, de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado procesar a quienes consideran que fueron parte del supuesto "golpe de Estado" en 2019 tras las elecciones fallidas de ese año.

Entre los mencionados están el gobernador de Santa Cruz y líder del partido opositor Creemos, Luis Fernando Camacho; el ex presidente y líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa; al ex presidente Jorge 'Tuto' Quiroga, e incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

También exigieron que se "priorice" los proyectos presentados por los legisladores oficialistas y que se trabaje en la "agenda legislativa hacia el bicentenario" en 2025.

La constante actividad política de Morales ha puesto sobre el debate público una supuesta división dentro del oficialismo, entre el bloque de Morales con el del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.