Un tribunal de casación archivó las acusaciones de fraude contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, al considerar que no existió delito en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su mandato como presidenta (2007-2015), reportó EFE.
Se trata de la primera causa en la que fue procesada la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), hace cinco años, pocos meses después de dejar el poder. Más tarde llegaron las otras imputaciones por presunta corrupción que aún enfrenta.
Además de a ella, la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó al resto de los 15 imputados, entre ellos el exministro de Economía Áxel Kicillof -hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires- y el actual presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce -que era vicepresidente de la entidad en el tiempo investigado-, tras aceptar los recursos presentados por las defensas.
En un extenso fallo, el tribunal consideró que no es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún hecho ocasionado por un "accionar legítimo y conforme a derecho", y señaló que "no se comprende, resultando injustificada y no ajustada a derecho" que se imputara a Fernández y Kicillof, ya que, "por las facultades inherentes a sus cargos, resultan del todo ajenos a las tareas que despliega el BCRA", como las investigadas.
La primera causa
Casualidad o no, hace cinco años, el 13 de abril de 2016, Fernández acudió por primera vez a los tribunales citada a declarar como imputada en la causa "dólar futuro", una ocasión que aprovechó para reaparecer ante sus seguidores por primera vez desde que cuatro meses antes dejó la Presidencia.
"Estoy segura de que si pudieran prohibir la letra K (de Kirchner) del abecedario lo harían", afirmó sobre un escenario colocado junto a los juzgados y bajo una incesante lluvia, momento en que se definió como una "expresidenta perseguida", afirmación que mantiene hasta hoy, acusando a su sucesor en la Presidencia, Mauricio Macri (2015-2019), de influir en los jueces para ir contra ella.
En la causa en la que fue sobreseída este martes, relacionada con un delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública", se investigaron presuntas irregularidades en la emisión, por parte del Banco Central, de contratos de futuros de dólar en la recta final de su mandato, que supuestamente derivaron en pérdidas millonarias para el Estado.
El juez Claudio Bonadio, fallecido por un cáncer en febrero de 2020, señaló que el BCRA pactó vender dólares por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para ese tipo de operaciones, lo que, según el magistrado, habría ocasionado grandes pérdidas a la entidad.
"La suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA aparecía dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad", señaló el fallo, que agrega que esas operaciones se habrían desarrollado "en el marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera", entre otras funciones.
Acusaciones al macrismo
El caso se inició por una denuncia de dos legisladores opositores realizada el 30 de octubre de 2015, cinco días después de la primera vuelta de los comicios presidenciales. Y cinco días antes de la segunda, que ganó Macri frente al oficialista Daniel Scioli, el juez ordenó registrar el Banco Central.
Con un encendido discurso, en una comparecencia virtual ante los jueces de la Cámara el 4 de marzo pasado, la expresidenta acusó al Poder Judicial de intromisión y manipulación de los procesos electorales y de haber contribuido a que Macri ganara las elecciones e "hiciera lo que hizo después", al referirse a la deuda que dejó el anterior Ejecutivo.
Asimismo, reiteró que las operaciones del Central se hicieron dentro de la normativa y no generaron perjuicio, y aseguró que los que tuvieron ganancias por los contratos fueron Macri y su entorno.
"No había ningún amigo del Gobierno saliente entre los que habían comprado dólar futuro. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente, Mauricio Macri, es más, había funcionarios de su Gobierno (...) y no solamente compraron sabiendo que iba a devaluar, sino que además (...) pactaron la tasa de interés que iban a pagar", criticó.
Esa comparecencia y la decisión de este martes se dan en medio de la polémica por la intención del presidente Alberto Fernández de reformar el Poder Judicial al considerar que está politizado, algo que la oposición cree que solo busca favorecer la impunidad de su vicepresidenta.
