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Argentina

Siguen saliendo a la luz los 'trapos sucios' del kirchnerismo

El caso de Lázaro Báez parece ser solo la punta del iceberg en una trama de corrupción que apunta hacia Cristina Fernández y su difunto esposo.

Buenos Aires
Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner El País

El empresario argentino Lázaro Báez, uno de los contratistas más elogiados por el kirchnerismo en su momento, fue condenado a 12 años de prisión por el lavado de 60 millones de dólares entre 2012 y 2013. Un tribunal de su país le decomisó el dinero lavado y le impuso una multa de 480 millones de dólares, según informó el diario La Nación.

En el período en el que lavó esa cantidad de dinero, Báez era dueño de Austral Construcción, una empresa que sirvió de apoyo al kirchnerismo en la región de Santa Cruz y que luego vio devuelto el favor con grandes contratos estatales. Aunque Báez ya fue declarado culpable, una investigación continúa alrededor de sus cuatro hijos y de la expresidente (y ahora vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner.

Se teme que el caso Báez solo sea la punta del iceberg de lo que se conoce como "los empresarios K", es decir, emprendedores que mantuvieron vínculos políticos con el kirchnerismo y multiplicaron sus fortunas a golpe de beneficiosos contratos de obras públicas. Báez, por ejemplo, abrió cuentas en paraísos fiscales con dinero ganado mediante la corrupción con las obras públicas. Luego, cuando se creía fuera de peligro por ser cuestionado, reingresaba ese dinero a Argentina en forma de bonos del Tesoro del país en las cuentas de su empresa.  

Como "empresario K", Báez logró su fortuna de la mano de Néstor Kirchner primero, y luego de Cristina Fernández. Cuando el difunto expresidente todavía no gobernaba el país y era alcalde de la capital de Santa Cruz, Báez trabajaba de cajero en un banco. A medida que el político ganaba cargos más importantes, el simple cajero obtenía mejores puestos. Kirchner y su esposa obtuvieron la presidencia. Báez, por su parte, logró con ellos hasta 800 millones en contratos públicos firmados con su empresa, además del título de terrateniente, con cerca de 263.000 hectáreas de campo bajo su propiedad.

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