El Gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó el viernes una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, en contra del expresidente Evo Morales y del líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por la muerte de pacientes en hospitales debido a la escasez de oxígeno por causa de protestas antigubernamentales de seguidores del exmandatario, reporta la AP.
La querella fue presentada por el procurador general del Estado, José María Cabrera, quien desde Holanda dijo que al menos 40 personas perdieron la vida por la falta de oxígeno medicinal por los cortes de carreteras que instruyó el líder de la COB y que habrían sido alentados por Morales desde su exilio en Buenos Aires para reclamar la realización de elecciones presidenciales.
"No es una demanda política, sino de justicia. El Código Penal de Bolivia no establece el tipo penal de delitos de lesa humanidad por acto inhumano; el Estatuto de Roma sí lo establece, por tanto, la jurisdicción internacional está habilitada para el juzgamiento", dijo Cabrera.
La CPI deberá analizar si la denuncia amerita abrir un proceso.
Las protestas convocadas por la COB y partidarios de Morales duraron tres semanas en agosto y agravaron la crisis sanitaria debido a la pandemia de Covid-19, según las autoridades bolivianas. Fueron convocadas en rechazo a la postergación de los comicios que debían realizarse en septiembre y fueron retrasados para el 18 de octubre.
El Estado boliviano pidió a la corte internacional una investigación para determinar y sancionar a los autores de lo que considera un crimen de lesa humanidad, que "provocó el sufrimiento de poblaciones afectadas y derivó en la muerte de al menos 40 pacientes por la falta de atención médica".
"Este delito se llevó a efecto mediante cercos en las diferentes ciudades del país y bloqueo de carreteras", que "impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias, médicos y paramédicos que resultaban imprescindibles para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus", precisó la Procuraduría boliviana.
No es la primera denuncia internacional contra Morales, quien vive asilado en Argentina desde que renunció en noviembre del año pasado en medio de una violenta convulsión que dejo 36 muertos después de unas elecciones denunciadas como fraudulentas en las que el político buscaba otra reelección tras 14 años en el poder.
Esta semana, el Gobierno interino también presentó una queja ante Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra del Gobierno argentino, por supuesta intromisión, después que el 22 de agosto el subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo Depetri, se reuniera con el expresidente y escribiera en su cuenta de Twitter: "Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos, en la elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático".
Morales, desde Argentina, asumió la jefatura de campaña de su partido rumbo a las elecciones.
"El Gobierno boliviano considera que las declaraciones de autoridades del Gobierno de Argentina reflejan una clara intensión de injerencia en los asuntos de Bolivia", señala el documento presentado ante la ONU y OEA
El exmandatario también tiene otros proceso abiertos en Bolivia, uno por sedición y terrorismo y otro reciente por estupro, todos interpuestos por el Gobierno interino de Áñez.
"No llegarán a nada"
Morales dijo el viernes que las denuncias por delitos de lesa humanidad contra él "no llegarán a nada porque son falsas", reportó EFE.
"Son cortinas de humo en la actual carrera electoral que intentan distraer la atención del pueblo boliviano de la catástrofe económica, sanitaria y humanitaria que vive Bolivia", dijo en su cuenta en Twitter.
Añadió que es el propio "Gobierno de facto de Bolivia" el que está "denunciado por Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONG, observatorios de Harvard y prestigiosos periódicos por masacres y violaciones (de los) derechos humanos".
"Ahora (el Estado) nos demanda a mí y a algunos líderes del pueblo ante la Corte Penal Internacional" por defender la democracia; y sigue su campaña de desprestigio pagada", indicó Morales, sin especificar por quién está financiada esa supuesta campaña.
El gobierno golpista tiene los dias contados jajajajaja
Y que le hagan como a Hatuey, despues junten sus cenizas con las de cagastro y las tiren por una letrina.
Muy bien por Añes ,todos estos descarados ladrones comunistas que apoyan la dictadura castrista deben pagar por todo el daño que le hacen a sus pueblos este idiota de Evo se puso a escuchar los consejos de los Castros y se embarcó , quiso ser eterno en el poder como todos los dictadores que paguen , Bolivia no es Cuba que llevan 61 años jodiendo al pueblo de Cuba