Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) han coincidido en advertir los riesgos de una deriva autoritaria en El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, quien ha cumplido su primer año en el poder con altos niveles de popularidad.
Bukele ha ignorado los señalamientos de las organizaciones regionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo ha abierto una nueva polémica con cuestionamientos hacia la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), una entidad emblemática por su papel en la defensa de los derechos humanos en los años de la guerra civil (1979-1992).
"El Salvador está siendo gobernado por un presidente que ejerce su poder de manera despótica. [Bukele] ha atacado y desafiado a todas las instituciones democráticas que funcionan como contrapeso a su poder, particularmente a la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema", sostuvo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al ser entrevistado por el diario colombiano El Tiempo.
"Aprovechando su alta popularidad, Bukele ha tratado de deslegitimar durante su primer año de gobierno cualquier disenso, atacando encarnizadamente a aquellos que lo critican. Tiene una relación muy tensa con la prensa, especialmente con el periodismo de investigación independiente, pero también ha criticado públicamente a organizaciones de la sociedad civil", sostuvo por su parte Katya Salazar, directora de DPLF, con sede en Washington.
"Hace un año, el presidente Bukele asumió el compromiso de llevar el país hacia un nuevo y mejor rumbo. Lamentablemente, esa esperanza se desvanece con las acciones de su Administración que ponen en riesgo los derechos humanos", dijo por su Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La coincidencia de posiciones resulta llamativa para analistas y diplomáticos. Al mismo tiempo Bukele mantiene altos niveles de popularidad, dicta sus decisiones a través de Twitter y tiene un apoyo claro de las Fuerzas Armadas.
En su más reciente contrapunto con la UCA, el rector de esta universidad, el jesuita Andreu Oliva, presentó una posición conjunta de la entidad a través de un editorial. "El presidente ha pasado más tiempo criticando y atacando a los partidos de oposición y a los otros poderes del Estado, con especial énfasis en la Asamblea Legislativa, que gobernando e impulsando obras y cambios. Con ello ha cometido importantes atropellos al Estado de derecho que rige nuestro país según la Constitución", señaló Oliva.
A través de Twitter Bukele denunció que las autoridades de la UCA presuntamente habrían ordenado investigar su gestión para interponer una demanda ante la justicia.
"Interesante saber que la UCA solicitó a sus dependencias que hagan investigaciones en todos los ámbitos, para demandar al Gobierno. Hasta les han dicho que no dejen rastro de la orden superior y que lo hagan de forma independiente. Jamás pensé que se prestaran a eso", sostuvo Bukele.
La UCA por su parte, en su editorial, cuestionó dos acciones de Bukele. Una, "el asalto a la Asamblea Legislativa". El 9 de febrero Bukele se presentó con militares para tomar las instalaciones del Legislativo, en un día que no había sesiones, para presionar la aprobación de un presupuesto para enfrentar la delincuencia.
"El 9 de febrero fue el acto más claro de violación al orden constitucional y la señal de hasta dónde es capaz de llegar Bukele en sus ansias de tener el poder total", reza el editorial de la UCA.
Asimismo, la universidad de los jesuitas cuestionó la política de Bukele para la prevención del coronavirus. "La lucha contra la pandemia del Covid-19 se está librando sin un plan definido, improvisando, cometiendo graves errores que han generado más contagio", señaló el rector Oliva.
En este último aspecto, la directora de la DPLF también cuestionó al mandatario salvadoreño. "Una de las acciones más polémicas ha sido la detención ilegal de aquellas personas que no cumplen con la cuarentena, a quienes se les traslada a centros de internamiento o confinamiento obligatorio donde deben quedarse por lo menos por 30 días, sin ninguna medida de protección o distanciamiento social para evitar el contagio", precisa Katya Salazar.
Vivanco también encontró problemática la política de Bukele ante el coronavirus. "Desde el comienzo de la pandemia en el país, desobedeció públicamente varias sentencias de la Corte, entre ellas las que le prohibían confinar personas en centros de contención solo por violar la cuarentena. Además, usurpó las competencias de la Asamblea Legislativa, declarando el estado de emergencia vía decreto ejecutivo", sostuvo el defensor de derechos humanos.
Amnistía Internacional, por su parte, instó a Bukele a rectificar y volver sobre las promesas que hizo en junio de 2019, cuando tomó posesión y recibió a una delegación de esta reconocida organización. AI ve con preocupación que, en lugar de revisar y evaluar los errores y aciertos de las medidas implementadas por administraciones pasadas, el Gobierno insista en privilegiar un enfoque represivo para afrontar los niveles de violencia y frenar el Covid-19.
¡pero como! ¿El ministerio de Colonias y el imperio no dicen nada? Si Bukele fuera de izquierda ya lo hubieran invadido, hipocresia imperial.
Lo que no dice ninguna organización es que Bukele está luchando contra una oposición en el congreso lidereada por los ex-guerrilleros que prácticamente controlan todas las instituciones del país y además el partido ARENA se les ha aliado por corruptos.