El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se ha enfrentado al Parlamento de su país después que los diputados se negaran a aprobar un préstamo por 109 millones de dólares, clave para financiar su estrategia de seguridad en una de las naciones más violentas del mundo.
La tensión aumentó el domingo, cuando Bukele desafió a los legisladores al irrumpir, arropado por oficiales de la Policía y militares, en la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de la sesión, amparado, dijo, por un derecho divino.
El mandatario llamó a una insurrección popular, mientras la oposición exigió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que han considerado un "autogolpe de Estado". MIentras, la noche del domingo la Presidencia salvadoreña emitió un comunicado con declaraciones del presidente, que llamaba a la calma ante "la demanda de insurrección", reportó EFE.
La crisis comenzó el viernes, cuando el mandatario exigió a la Asamblea Nacional a que sesionara este domingo para aprobar el desembolso de los fondos, un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que serán utilizados para equipar a la Policía y el Ejército dentro del plan de Bukele para enfrentar la violencia.
"El Salvador está dominado por los bandos de la guerra civil, esos dos bandos continúan con la corrupción y negocian con grupos criminales", escribió Bukele en Twitter. "El pueblo ya se cansó y el Presidente está con ellos".
Entre los equipos a adquirir hay helicópteros y un buque valorado en 26 millones de dólares. "Si los diputados no asisten, vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución", escribió el presidente en su cuenta de Twitter, la red social desde la que anuncia sus decisiones y se enfrenta a sus detractores de forma desenfadada y a veces abiertamente petulante.
Aunque a la sesión solo asistieron 28 de los 84 diputados, Bukele se amparó el artículo 167 de la Constitución, pero los diputados dijeron que no había motivos para invocar ese precepto constitucional, que prevé la convocatoria a sesiones extraordinarias del Legislativo en caso de emergencias nacionales.
"Queda constancia que esta Presidencia ha hecho los esfuerzos necesarios para resolver la crisis que se ha generado y para esos efectos se convocó a esta sesión plenaria, la que no fue posible realizar por no existir el quórum requerido", declaró el presidente del Congreso, Mario Ponce, según AFP.
Fue entonces cuando el mandatario llamó a una insurrección popular, apelando al derecho constitucional, y exigió la lealtad del Ejército, que lo apoya. René Merino, ministro de Defensa, emplazó el sábado a los militares a "obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas".
Bukele ordenó a sus simpatizantes a desplazarse hasta la sede del Legislativo y el despliegue de militares y policías, en un intento de presionar a los diputados para que aprueben los fondos. El mandatario gobierna con una Asamblea controlada por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), nacido de la vieja guerrilla salvadoreña y al que perteneció Bukele.
El mandatario, un hombre de 37 años que revolucionó la política de El Salvador al romper con el bipartidismo de Arena y del FMLN, tomó el poder a inicios de junio de 2019 entre las expectativas de los ciudadanos, cansados de la corrupción, la impunidad y la violencia que los agobia.
Bukele triunfó en primera vuelta en las elecciones de febrero de ese año con el 53,1% de los votos, un inmenso apoyo popular que ha usado para impulsar sus reformas. Desde entonces ha desarrollado una línea de gobierno populista y con tintes autoritarios, gobernando a golpes de tuits y enfrentándose a los poderes del Estado y a la prensa independiente salvadoreña.
La decisión de Bukele de invocar el "derecho a la insurrección" fue criticado el domingo por organizaciones de derechos humanos locales y organismos internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el domingo a las partes a dialogar y pidió respeto a las instituciones democráticas y el respeto a las leyes, incluyendo la independencia de los poderes del Estado, informó Reuters.
En la misma línea se pronunció la Delegación de la Unión Europea en San Salvador, que a través de un comunicado pidió que la crisis se resuelva "de forma satisfactoria y pacífica".
Si el Nayib aspira a un gobierno normal, sin subvercion y "protestas sociales", lo primero que ha de hacer es tener un organismo de inteligencia lo suficientemente efectivo, que pare a los segurosos cubanos y venezolanos.
De lo contrario le van a virar la tortilla como en chile y argentina, como tratan de hacer en Brasil y Bolivia. El G2, bajo Lopez Callejas y otros cuatreros es el primer interesado en que continuen funcionando las redes de narcotrafico y siga fluyendo el rio de drogas hacia USA desde venezuela y colombia, que es la fuente de produccion.
Si el Bukele consigue sus objetivos, se les jode a ellos la cadena de trasmision.
El problema que tiene el presidente Bukele no es tanto por la violencia del país,es porque tiene que enfrentar a dos grupos de delincuentes y corruptos como son el Frente Farabundo Martí y Arena que no quieren renunciar a seguir robando a costa de la miseria del pueblo.Seguro que Venezuela,Cuba y Nicaragua ya están armando el show para poner en crisis su presidencia.
Uff... situación muy fea para la democracia...