El Salvador vive un nuevo capítulo de conflictividad institucional, por enfrentamientos entre los poderes ejecutivo y legislativo, y ahora además están en debate los crímenes ocurridos durante la guerra civil que asoló a este pequeño país centroamericano entre 1980 y 1992.
El presidente Nayib Bukele, usando su cuenta en Twitter, como suele hacer, anunció que no iba a refrendar la Ley de Reconciliación que aprobó la Asamblea Legislativa de El Salvador este 26 de febrero. Según Bukele esta ley es una "amnistía encubierta a criminales de guerra".
La Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue avalada con 43 votos a favor, 11 en contra, y una abstención, en una sesión en la que no se presentaron los diputados que apoyan a Bukele. La ley ha sido impulsada por el presidente del Parlamento, Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), una agrupación conservadora.
La guerra civil salvadoreña arrojó un saldo de 75.000 fallecidos y al menos 8.000 personas desaparecidas.
"La Asamblea Legislativa de El Salvador no aprobó una ley, aprobó un pacto de impunidad que busca que quienes cometieron graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado no sean llevados ante la justicia, y sancionados por las atrocidades cometidas", reaccionó de forma contundente Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Tal como lo reseñó DIARIO DE CUBA, el pasado domingo 9 de febrero Bukele se presentó con uniformados en una vacía sede legislativa. El presidente prometía una insurrección para presionar a la Asamblea Legislativa y que esta aprobará unos créditos que serían invertidos en seguridad ciudadana.
En relación con la Ley de Reconciliación, la presidencia de El Salvador, a través de un comunicado, confirmó que Bukele vetará la iniciativa al determinar que "no es un proyecto que garantice los principios de verdad, reparación y justicia". Asimismo la catalogó de "excluyente pues no recoge los aportes y planteamientos de las víctimas" y remata asegurando que "no se considera legal, justa, ni orientada a los derechos humanos de los salvadoreños".
La nueva Ley de Reconciliación permite que las penas de prisión para criminales de guerra se reduzcan a una expresión mínima si los acusados confiesan sus crímenes, piden perdón y colaboran con la justicia. Esas penas reducidas podrán además ser conmutadas por los jueces en razón de "salud, edad o similares", esto "independientemente de la pena". La ley también limita los casos que la Fiscalía podrá investigar y el plazo en el que esto pueda ocurrir.
El Faro, el emblemático diario digital salvadoreño, fustigó la decisión legislativa ya que va en contra de tratados internacionales, suscritos por el país, e incluso contradice las exigencias hechas hace tres años por la Sala Constitucional.
En 2016 la Sala Constitucional de El Salvador derogó una ley de amnistía de 1993, que en su momento fue muy polémica. En 1993 los partidos Arena y PCN aprobaron una Ley de Amnistía General en respuesta al Informe de la Comisión de la Verdad, hecho público tres días antes y que responsabilizaba al Ejército, escuadrones de la muerte y cuerpos paramilitares con vinculaciones en el Estado, de la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), resaltó que la normativa aprobada es una burla a la sentencia de la Sala Constitucional y también a las distintas resoluciones "de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, ignora el legítimo reclamo de las víctimas a la justicia".
