A seis semanas de su primer año en el poder, el presidente salvadoreño Nayib Bukele encabeza otra lucha institucional. Tal como se enfrentó hace dos meses contra el Parlamento, ahora el jefe de Estado está plantado en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país.
Haciendo uso del Twitter, como es habitual en sus anuncios oficiales, Bukele dejó claro que no acatará la decisión unánime de la Sala, en la que se cuestionan las medidas de fuerza que ha tomado el Gobierno contra aquellas personas que no respeten el confinamiento preventivo ante el coronavirus.
El pasado 15 de abril Bukele anunció que desconocía la resolución del máximo tribunal. Esta resolución ordena al presidente, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil abstenerse de vulnerar derechos humanos y le prohíbe, entre otros, "privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria".
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió que tras el anuncio de Bukele, el tercero en los últimos días en contra de decisiones de la Sala de lo Constitucional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería exhortar a Bukele a respetar el Estado de derecho y considerar si este patrón de desprecio hacia la Corte Suprema habilita al organismo a invocar la Carta Democrática.
Agentes de las fuerzas de seguridad encargados de hacer cumplir la cuarentena han detenido a cientos de personas en centros de contención, donde existe un mayor riesgo de propagar el contagio de Covid-19.
Este 19 de abril, Bukele uso de nuevo su cuenta en Twitter para ironizar contra el sistema de justicia de El Salvador: "Nuestro sistema judicial, 'GARANTE DE LA INSTITUCIONALIDAD'". Escribió incluso con las mayúsculas sostenidas para cuestionar una decisión que dejó en libertad a un alcalde, acusado del robo de fertilizantes.
"Nos preocupa extremadamente en primer lugar de que el presidente de El Salvador actúa como si pudiera gobernar el país por sí solo. En repetidas oportunidades hemos visto como menosprecia a los otros poderes del Estado", indicó a DIARIO DE CUBA Támara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW.
Ya en febrero pasado, Bukele tomó acompañado de militares las instalaciones del Parlamento, un domingo en el que no hubo sesiones, para presionar por la aprobación de créditos destinados a la seguridad ciudadana.
En aquel mes tuvo otra diatriba contra la Asamblea Legislativa por la aprobación de una ley de reconciliación.
Taraciuk sostiene que las medidas de cuarentena, que han sido recomendadas por los órganos sanitarios internacionales, y que a su juicio son razonables, en el caso de El Salvador, el presidente las utiliza como si pudiesen justificar que se cometan abusos como detenciones arbitrarias.
Para la subdirectora de HRW, las resoluciones de la Corte Suprema intentan poner un límite a estas medidas, para que no restrinjan derechos fundamentales.
Los órganos de seguridad pública han continuado actuando tal como la Sala de lo Constitucional indicó que no debían actuar.
Ya en una primera decisión del 26 de marzo, la Corte Suprema determinó que la legislación vigente no permitía que las fuerzas de seguridad detuvieran a personas en centros de confinamiento exclusivamente por haber incumplido con la cuarentena domiciliaria y que tales detenciones no podían ser avaladas constitucionalmente por decreto. HRW ha recordado en un comunicado el incumplimiento de Bukele de las decisiones del máximo tribunal.
En una segunda sentencia del 8 de abril, la Sala de lo Constitucional sostuvo que "el presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido" confinar a personas en centros de contención tan solo por haber incumplido las normas de cuarentena. Tampoco Bukele prestó atención a esta decisión.
La seguidilla de desacatos ha llevado a HRW a solicitar que sea en el seno de la OEA en que se discuta sobre el irrespeto presidencial a otro poder legítimo como lo es la Sala de lo Constitucional.
Consultado por el medio digital El Faro, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, advirtió que un presidente que no acata las sentencias de la Corte está incurriendo en un delito, según las normas vigentes en El Salvador.
"Ante la emergencia se pide unidad y se predica opacidad. La pandemia puede terminar de normalizar la figura del hombre fuerte y de legitimar que la épica del patriotismo se imponga ante cualquier disidencia y contra cualquier crítica", sostuvo por su parte el columnista José Luis Sanz.
El choque de poderes, en tanto, ha generado escenas como la que se registró este 18 de abril. Militares instalaron un retén para controlar el tránsito en una zona llamada La Libertad, en la que hubo una toma militar y policial, en teoría, como medida preventiva ante la epidemia del Covid-19. El propio fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, se presentó y trató de que el oficial a cargo le diera explicaciones, y este se limitó a decir que debía comunicarse con el ministro de Defensa.
Bukele está en la obligación legal, moral y ética de respetar las decisiones del resto de los poderes del Estado porque esa es la base de la división de poderes, un principio que debe ser tomado como sagrado, sobre todo en América Latina, y tanto más en El Salvador, con el recuerdo tan reciente de una cruenta guerra civil. Pero ojo, sociedad salvadoreña!!!... No subestimen esta epidemia ni la confundan con una gripe común, mejor no confundan la espuma con la cerveza porque si se deciden a romper la cuarentena pueden llegar a tener más muertos por Covid-19 que por todas las guerras juntas en toda su Historia, antes y después de Colón. En este punto el Presidente está en TODA su razón. No olviden que su pequeño país, además de pobre es el más densamente poblado de América y el Covid no tendrá clemencia. Mírense en el espejo de países del primer mundo con sistemas sanitarios bien suficientes que han colapsado completamente. Sólo recapaciten sobre esto... Suerte.