El paquete de 176 transformaciones económicas del Gobierno cubano puede ampliar el espacio del mercado sin sustituir la asignación administrativa de recursos. Esa es la advertencia central del economista Pedro Monreal en un artículo publicado en sus redes sociales a propósito del debate "Partiendo los nudos de la política económica: las alternativas", celebrado el 24 de septiembre, como parte de un espacio que organiza la revista Temas.
"El paquete anuncia una transición hacia la 'planificación financiera', pero mientras los cuellos de botella sigan bajo control administrativo, el plan de 'comando' no habrá sido sustituido: solo se habrá aligerado y rodeado de mercado", escribió. Para Monreal, la cuestión decisiva no es cuánto aparece la palabra mercado en las medidas, sino si las empresas podrán obtener insumos y divisas mediante reglas estables o seguirán dependiendo de permisos, cupos y decisiones estatales.
La tesis propuesta para el debate planteaba "un mercado libre regulado" que funcionara dentro y fuera de Cuba y mantuviera una relación nueva con una planificación "de carácter estratégico". Monreal cuestiona que esa fórmula describa las medidas aprobadas. A su juicio, en una reforma dirigida por un partido comunista la comparación útil no es entre "plan y mercado", sino entre un "plan de comando" y un "plan orientativo más mercado bajo tutela política": "El mercado asigna la mayoría de los flujos, el plan orienta y el Estado conserva los nodos estratégicos".
Más mercado, bajo tutela
Monreal señala que "mercado libre regulado" no es la denominación oficial de las 176 medidas. El modelo cubano, recuerda, mantiene la dirección planificada de la economía y el predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción. Reconoce y regula el mercado, pero no lo adopta como principio organizador del sistema.
El eje 3 del documento oficial propone avanzar hacia una "planificación financiera", abandonar progresivamente la distribución física de recursos y dar mayor participación a las señales del mercado. También dispone que el Estado mantenga balances fundamentales en ámbitos como los alimentos, las divisas, la energía, el agua y el presupuesto. Monreal observa que llamar "estratégica" a la planificación del conjunto de la economía es una interpretación del debate, no la denominación utilizada en ese eje del texto oficial.
Según el economista, las medidas abren espacio para precios, contratos, compras y agentes privados, pero lo hacen "bajo la tutela del PCC y del Estado". Entre los límites que identifica están las actividades sujetas a autorización, las licencias y la participación mayoritaria estatal prevista para los sectores definidos como estratégicos. Su lectura es que el Gobierno intenta adoptar parte de la práctica de China y Vietnam —más mercado y menos asignación física— sin incorporar el término "mercado" a la definición oficial del modelo cubano.
Monreal distingue, además, ese posible resultado de la alternativa que defiende. Propone una economía social de mercado, con competencia, regulación y protección social, sostenida por un Estado democrático de Derecho. En su planteamiento, el mercado sería el principal mecanismo de coordinación, sujeto a reglas que protejan la propiedad, al consumidor y la competencia, mientras la intervención pública atendería sus fallas con límites claros.
Esa propuesta exige también libertades de expresión, asociación y prensa, elecciones competitivas y jueces independientes. "No hay Estado de Derecho pleno si un partido monopoliza la dirección estatal, define lo permitido y no puede ser desplazado por vías constitucionales ordinarias", escribió. Para Monreal, el mínimo institucional incluye "una Constitución por encima del Partido" y la posibilidad de cambiar pacíficamente de Gobierno sin represalias.
Prueba de 12 meses
El economista pide que las 176 medidas se evalúen como decisiones de política pública, no como un catálogo de intenciones. "No corresponde opinar si las medidas 'avanzan' o 'se sienten en la práctica'", sostiene, sino medir su cumplimiento con indicadores, plazos, resultados y evidencia.
Para comprobar si cambia la relación entre plan y mercado, propone un umbral de seis a 12 meses: que más de la mitad de una canasta de seguimiento —alimentos, insumos intermedios y fletes internos— opere bajo una norma única y estable, y que el plan publique qué actividades deja de planificar. Si un mismo producto pasa repetidamente de precios topados a "referenciados" y vuelve a los topes, ese umbral no se habría alcanzado.
Monreal plantea preguntas concretas para verificarlo: si existe un catálogo vigente de regímenes de precios y comercio; si las empresas pueden comprar insumos nacionales y extranjeros por el canal previsto en las normas; y si el plan anual distingue entre prioridades de desarrollo y cupos operativos. Si esas condiciones no se cumplen, concluye, permanecería "la asignación administrativa y un mercado residual".
Las consecuencias, según su análisis, irían más allá del lenguaje de la reforma. Sin precios comparables ni series de costos, ventas y empleo, las empresas no podrían calcular adecuadamente dónde invertir. Los incentivos favorecerían el acceso a licencias, cuotas o tipos de cambio preferentes en lugar de la reducción de costos, el cumplimiento de contratos y la reinversión. La innovación tampoco podría crecer si el acceso a recursos dependiera de una autorización estatal antes que de la demanda.
Para aumentar las posibilidades de superar ese umbral, Monreal propone cinco normas: un reglamento cambiario que publique las reglas de subasta y acceso a divisas; un decreto que haga abierta y registrable la contratación y compra estatal; estadísticas trimestrales por forma de propiedad; reglas sobre utilidades y salida de las sociedades de responsabilidad limitada mixtas; y un régimen de insolvencia para empresas estatales competitivas y privadas con vínculos cruzados.
Sin esas reglas, advierte, el modelo resultante "calcularía mal —al plan le faltan precios y datos— y disciplinaría poco —al mercado le faltan acceso equitativo y sanciones por pérdidas—". Su conclusión resume la distancia que ve entre anunciar transformaciones y cambiar el funcionamiento de la economía: "El paquete puede seguir generando gacetas, pero no un mecanismo en el que el plan oriente y el mercado informe, remunere e impulse la innovación".
