El régimen vuelve a los topes de precios tras reconocer su fracaso y amenaza con decomisos

Tras reconocer el pasado junio que "los topes de precios, en la práctica, no lograron contener la inflación", y anticipar que no seguiría "topando precios de manera general", el régimen cubano volvió a esta medida en algunas provincias del país, ante el aumento descontrolado del precio del aceite y otros productos, en un ambiente de escasez y hartazgo popular.

Así, tras derogar en junio los topes de precios al pollo, la leche en polvo, las salchichas, las pastas alimenticias y el aceite comestible que venden los mercados minoristas en la Isla, los gobiernos locales de provincias como Villa Clara o Guantánamo volvieron a implantarlos en días recientes, toda vez que detectaron un "incremento indiscriminado" en los precios, indicó el medio digital oficialista Cubadebate.

En este contexto, las autoridades gubernamentales de Villa Clara llevaron a cabo una "revisión de los precios de importación y gastos de transportación a determinados actores económicos que se dedican a la comercialización de productos alimenticios de primera necesidad". Tras ello, implantaron un tope del 30% de margen comercial para la formación de precios mayoristas y minoristas en productos como el aceite, los huevos, la leche, el azúcar y las salchichas.

Tras enfatizar que la medida tiene "el visto bueno del Comité Provincial del Partido", el Consejo Provincial del Poder Popular en Villa Clara fijó el tope del aceite en 2.250 pesos por litro para la comercialización mayorista y en 2.500 pesos para la minorista. Entre tanto, los huevos oscilarán entre 95 y 110 pesos la unidad, y la leche en polvo lo hará entre 3.120 y 3.465 pesos el kilogramo, dependiendo de si la compra es mayorista o minorista.

Asimismo, el azúcar refino oscilará entre los 370 y 410 pesos la libra, y las salchichas entre 1.255 y 1.500 pesos el kilogramo.

A pesar de saber que medidas de este tipo han fracasado en el pasado reciente y que la escasez generalizada no se mitiga con torpes intentos antiinflacionarios, el Gobierno de Villa Clara amenazó con multas, decomisos, suspensiones y cancelaciones de licencias comerciales a "quienes incumplan lo establecido".

Además, amenazó con obligar a los comercios a la "venta forzada del producto" o exponerlos a la "clausura total o parcial de establecimientos o locales".

Por su parte, el Gobierno de Guantánamo tomó medidas similares, pero concentradas en el aceite, y celebró que, "por ahora, parecen haber frenado el exorbitante aumento del aceite".

No obstante, las autoridades gubernamentales sostuvieron: "Se aclara que no se trata de un precio topado, sino del resultado de la evaluación económica realizada sobre los costos y gastos de comercialización". Sin embargo, la práctica ilustra que se trata de una justificación discursiva y que sí es un precio topado.

En el pasado reciente, el gobernante Miguel Díaz-Canel intentó en más de una ocasión convencer a los cubanos de que los topes de precios no se debían a "una cacería de brujas hacia una determinada forma de gestión o de propiedad". Dijo que el Gobierno estaba planteando "un ordenamiento, para que haya la mayor cantidad de ofertas de bienes y servicios a adecuados precios para la población, y que todo el mundo aporte todo lo que tiene que aportar".

Sin embargo, la mayor cantidad de ofertas no llega y el régimen apela entonces a la cacería de brujas, demostrando una vez más que no sabe generar oportunidades ni crecimiento y que, cuando algo se le va de las manos, la solución es controlar de forma torpe.