El régimen cubano presentó el jueves 18 de junio ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el paquete de 176 medidas económicas con las que buscaría atajar el colapso del país, pese a que la mayoría de los expertos sostienen que estas llegan tarde y no servirán para resolver la honda crisis actual.
El primer ministro, Manuel Marrero, anunció a los diputados las reformas, que ya cuentan con el visto bueno de la cúpula del Partido Comunista y de Raúl Castro, empezando por aquellas que apuntan a la ampliación del sector no estatal, en especial de las MIPYMES.
Entre las novedades está la autorización antes de fines del presente mes de todas las PYMES y cooperativas no agrícolas que están pendientes de aprobación, que ascienden a 7.254, demostrando así que las trabas de meses para la resolución de esos procesos eran artificiales.
Asimismo, "se reducirán los requisitos, trámites y términos para la creación, conversión y operación de las formas no estatales de gestión", dijo Marrero.
Otras trabas absurdas que se eliminarán son el tope de 100 trabajadores contratables por el sector no estatal, al tiempo que se permitirá que una persona tenga más de una empresa. También se concederán derechos reales (de usufructo o de superficie) a estos emprendedores, mientras se reducen las actividades prohibidas y autorizará al sector privado a importar y vender combustibles, incluso de manera minorista.
Las decisiones en el agro cubano
Marrero calificó como "transformación agrícola" otro grupo de medidas. Entre ellas, la autorización para la creación de MIPYMES en la agricultura; para la inversión extranjera directa en el campo cubano y la importación de combustible y su comercialización, y para que las cooperativas exporten sin tener que recurrir a empresas estatales como intermediarias.
También se eliminarán las direcciones de la agricultura en los municipios y provincias, un aparato burocrático ineficaz, dejando una pequeña estructura para el control estatal de la tierra y el ganado.
En una decisión que campesinos y activistas independientes han exigido desde hace más de media década, se eliminarán los topes de precios. En lo adelante, estos se acordarán entre el campesino y el comercializador de acuerdo con las reglas del mercado. Además, se autorizará la importación directa de insumos agrícolas y su comercialización.
El sector estatal
Otra medida anunciada es una reforma integral del salario en el sector presupuestado, mientras que de inmediato se elevará el salario mínimo a 3.210 pesos, alrededor de cinco dólares según la tasa de cambio del mercado informal.
A los anuncios se suma la descentralización de funciones del municipio, que en lo adelante podrán aprobar y extinguir empresas, autorizar la inversión nacional y extranjera, entre otras atribuciones que hasta hoy debía decidir el Estado central o sus ministerios.
Entre las medidas de corte financiero del paquete aparecen permitir la compra de acciones de empresas estatales por parte de personas jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras, así como autorizar la venta de activos estatales a estos mismos actores económicos.
Los cambios incluyen la eliminación de la escala salarial en el sistema empresarial estatal. En su lugar, se establecería un salario mínimo que tenga en cuenta la inflación y que sería negociado entre las administraciones, los trabajadores y las organizaciones sindicales, en correspondencia con las capacidades financieras de cada entidad.
Las transformaciones contemplan igualmente la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, así como la posibilidad de convertir empresas estatales socialistas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. Según se explicó, el Estado definiría su participación accionaria en cada sector de la economía y mantendría una posición mayoritaria en aquellos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Como parte del interés inédito de La Habana porque sus emigrados inviertan en la Isla, aparece en el paquete "la puesta en marcha de un programa de inversiones que facilite la participación de empresas cubanas, incluidas aquellas vinculadas a residentes en el país y en el exterior".
A ello se suma el reconocimiento del "crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales, garantizando a la vez los derechos laborales y sociales, y evitando prácticas de explotación indiscriminada del trabajo".
En cuanto a la planificación económica, el sistema de origen soviético que impera en Cuba y está en el centro de las críticas de numerosos economistas, ahora se propuso "perfeccionar los procesos de diseño a corto, mediano y largo plazos, con énfasis en los equilibrios macroeconómicos, e incorporar las actividades de las formas de gestión no estatal en los programas de desarrollo hasta 2030, tanto a nivel nacional como local".
Se suma a ello "la transición hacia un modelo de planificación financiera, en el que el Estado deje de realizar la distribución física de recursos, otorgando mayor espacio a los mecanismos de mercado".
Respecto del sector presupuestado, "las propuestas incluyen el redimensionamiento de la Administración Central del Estado, con posibles cambios en la estructura y funcionamiento de los ministerios. De igual forma, se plantea redimensionar las estructuras y plantillas de las administraciones locales, en función de una mayor eficiencia organizativa y del uso racional de los recursos públicos", indicó Marrero.
Sobrevivir haciendo lo que se dijo que no se haría
Pese a que todo lo anterior deja en evidencia que la falta de voluntad política ha sido central en la incapacidad del régimen de Cuba para crear riqueza durante décadas, y a que la presión de EEUU es la raíz de las decisiones apuradas ahora anunciadas, Marrero dijo que si bien las autoridades "nunca han negado la existencia de errores e insuficiencias propias", su aplicación se vio afectada por el embargo de EEUU, que no ha hecho más que recrudecerse en los pasados cuatro meses.
Reiteró que, "en el escenario actual, cualquier propuesta de transformación parte de la premisa de no renunciar a la preservación de las principales conquistas de la Revolución".
Por ello, invocó como fundamento de las medidas "el pensamiento de Fidel Castro", quien, paradójicamente, siempre se opuso a la liberalización económica, y que se conciben "no como una renuncia a la construcción del socialismo, sino como una condición indispensable para su preservación".
De ahí que el paquete económico se adopta "bajo el principio rector de 'hacer lo necesario para conservar lo esencial'", señaló, confirmando así su sentido pragmático y su origen en la intención de evitar el cambio de régimen que exige Washington.
De acuerdo con Marrero, que con esto envió un mensaje a la línea dura del régimen, "la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el impulso a la inversión extranjera y la utilización de mecanismos de mercado para la asignación de recursos no constituyen una claudicación, sino una respuesta a las circunstancias concretas que enfrenta el país".
